Sabrina Machado/smachado@panodi.com
Archivo
En el 2010 resultó afectada por las lluvias y a las pocas semanas de quedar damnificada fue ubicada en Ciudad Betania, en Miranda. Hoy vive un infierno.
Adela tiene miedo. Antes de dar la entrevista ofrece un nombre ficticio y exige una cantidad de consideraciones para su testimonio. Las peticiones giran en torno a proteger su identidad. Le aterra que alguien pueda vincularla con el relato. Ella vive desde hace seis años en un edificio de la Misión Vivienda. En el 2010 se sintió bendecida por la adjudicación, pero hoy vive un infierno que la ha hecho considerar entregar el apartamento, por su seguridad y la de su familia.
Cada día que llega a su hogar, ubicado en Ciudad Betania, en Ocumare del Tuy, a una hora de Caracas, siente el impulso de gritar que ya se encuentra en su casa, para saciar así la penosa curiosidad de ciertos vecinos, que están al acecho del inmueble, de tres habitaciones y dos baños, “tazado” por las mafias en un millón 400 mil bolívares.
“No tienes vida, no tienes privacidad. Hay una vecina que vive pendiente de si entro y salgo de mi casa. Ellos pretenden que me anuncie al llegar y al salir. Incluso, me dijeron que me tienen en una lista de 17 apartamentos que van a invadir, otros me dicen que la lista es de 200. No sería la primera que perdiera la vivienda, ya hay vecinos a los que han sacado. Los sacan y venden los apartamentos”, refiere la mujer que tiene una carta hecha con la intención de entregarla al organismo rector de la Misión Vivienda de Ocumare del Tuy, en la que pide su traslado a otro urbanismo, alega motivos de salud. Le da miedo denunciar la situación real.
“No tienes vida, no tienes privacidad. Hay una vecina que vive pendiente de si entro y salgo de mi casa. Ellos pretenden que me anuncie al llegar y al salir. Incluso, me dijeron que me tienen en una lista de 17 apartamentos que van a invadir, otros me dicen que la lista es de 200. No sería la primera que perdiera la vivienda, ya hay vecinos a los que han sacado. Los sacan y venden los apartamentos”, refiere la mujer que tiene una carta hecha con la intención de entregarla al organismo rector de la Misión Vivienda de Ocumare del Tuy, en la que pide su traslado a otro urbanismo, alega motivos de salud. Le da miedo denunciar la situación real.
Adela explica que la situación no es nueva, que desde un principio escuchó “cuentos” de personas que habían sido despojadas de sus apartamentos, alegando que no vivían en los mismos. En ese entonces creyó que los afectados no eran de buen vivir, quizás malandros, y por eso alguien de la comunidad había tenido la determinación de sacarlos de las casas, hasta que le tocó vivirlo a ella, no en carne propia, pero en terceras personas, cercanas. “La vida te enseña de diversas maneras que no debes juzgar”, afirma la afectada.
Este año se han producido ya varios casos en su comunidad. Personas “decentes, honestas”, han sido afectadas por las mafias. Conoce el caso de una vecina que le “invadieron” su apartamento, un sujeto al que ella no tiene plenamente identificado le dio un día para que sacara sus cosas, ya que la vivienda sería pasada a una “ancianita con una niña que la necesita”.
Por más que la afectada rogó que no la sacaran porque ella también necesitaba del apartamento, no hubo manera que se diera marcha atrás en la sentencia. El sujeto, pistola en mano, dio claras directrices. “Entre hoy y mañana tienes que sacar tus cosas”, fue la orden dada.
“Cuando mi amiga llegó, el sujeto estaba dentro del apartamento, habían violado la cerradura y tenía un fago de billetes en las manos. Por más que los vecinos intentamos interceder por ella, no se pudo hacer nada. A uno lo amenazaron con forrarlo en tiros, y a otra solo le recordaron que su hermana también vivía en la misma comunidad”, se lamenta Adela, quien no vive en paz desde hace algunos meses, pues se sabe en el ojo del huracán.
Pasadas ya varias semanas de esta situación “la ancianita con la niña” todavía no ha llegado, pero sí un aire acondicionado, cajas de cerámicas, protectores de ventana y hasta hombres que vigilan el apartamento. Tampoco la ansiada Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que —según algunos vecinos— tomará los urbanismos para enfrentar a los delincuentes que hacen vida en el conjunto residencial.
Otros vecinos han vivido situaciones similares. A uno le sacaron sus pertenencias y se las botaron en la basura, ni siquiera le dieron la oportunidad de buscar el camión de mudanzas, denuncia Adela. También comentó el caso de otra persona que llegó a su vivienda y consiguió la cerradura de su apartamento cambiada, éste se armó de valor, rompió la cerradura, puso una nueva y entró, salvando de esta manera su casa.
El mayor temor de Adela es que un día llegue y no pueda abrir la puerta de su apartamento. Ella y su esposo trabajan en Caracas y sus tres hijos estudian también en la ciudad capital, como muchos de los miles de habitantes que viven en las llamadas ciudades dormitorios; por ende, sale a las 4:00 am y regresa después de las 7:00 pm.
Antes que comenzara esta crisis, en ocasiones la mujer y su familia se quedaban en casa de algún familiar en Caracas, ya que el trajín entre su casa y su trabajo no es fácil, es agotador. Hoy ni se les ocurre quedarse fuera de su vivienda, a la hora que sea llegan, por temor a perderla. Los fines de semana ni siquiera salen. Toda la rutina de la familia gira en torno a no perder su apartamento.
Lamenta que los consejos comunales de la zona ni siquiera se pronuncien en torno a una situación que existe desde hace algún tiempo. “No han hecho reuniones, no han colocado denuncias en la Guardia Nacional, a mí me da miedo hacerlo, me tienen identificada y me pueden atacar. Ellos o están amenazados, igual que nosotros, o son cómplices”, asegura.
Al mismo tiempo se pregunta: “Si el Estado sabe que está pasando todo esto, por qué no hacen un decreto que diga que están prohibidas las invasiones de Misión Vivienda, ¿por qué no hacen eso”. En el 2014 decenas de personas invadieron los apartamentos. Se treparon por las paredes y ocuparon viviendas deshabitadas e, incluso, ya habitadas.
A pesar que está determinada a entregar el apartamento, no desea que las mafias se adueñen de éste. La carta tiene como objetivo que la reubiquen en otro sector, preferiblemente en Caracas, para que su rutina sea más sencilla. Sin embargo, no es tarea fácil. Ya en dos años anteriores, 2011 y 2012, ha pedido esta consideración al rector de la gran misión, pero no ha recibido respuestas.
Algunos vecinos le han aconsejado que lo venda, como ya lo han hecho muchos otros, pero ella no se atreve, sabe que no es legal, y ni siquiera posee una carta de adjudicación, algo que la reconozca como beneficiaria del apartamento. En los seis años que tiene viviendo en Ciudad Betania nunca se le ha entregado un documento que certifique que se le dio esa vivienda.
“Ni siquiera lo hemos pagado, no tengo salida, la única salida es que nos vayamos del lugar. Quiero evitar problemas, a nadie le he comentado que tengo ganas de entregar la vivienda”, afirma.
La hoy víctima explica que la falta del documento afecta de distintas maneras. La amiga que fue desubicada de su vivienda intentó denunciar la situación ante las autoridades competentes, pero al llegar a las oficinas de Ocumare del Tuy lo primero que le pidieron fue la carta de adjudicación, —documento que no existe—. Le dijeron que tenía que conseguirla y con ello acudir a la dependencia del sector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas e interponer la denuncia, y solo con ella volver a las oficinas de Misión Vivienda para que tomaran cartas en el asunto.
Ella misma desea entregar el apartamento, pero le da miedo quedarse sin nada, en vista de que no tiene cómo demostrar que es una beneficiaria de la Gran Misión. Aunque, lo que ha demorado su salida de la casa ha sido la falta de 25 mil bolívares para pagar el camión de la mudanza. El nivel de desespero y miedo es cada vez mayor.
Ella siente que la misión fue una gran oportunidad de dignificar a las personas. Ella perdió su casa con las lluvias del 2010, llegó a vivir en un refugio en Antímano, y fue beneficiada con su apartamento, plenamente amueblado, no le faltaba nada, pero ahora siente que la intención original se ha desvirtuado, se perdió el sentido cuando se metieron a distintas personas, de diferentes pensares, en los mismos conjuntos residenciales. “Aquí metieron a siete barrios”.
“Aquí hay personas que lo quieren todo gratis, que no son capaces ni siquiera de pagar los 50 bolívares para pagar el aseo. Cuando llegamos esto era bellísimo, hoy está feísimo, hasta han construido ranchos en las plantas bajas para montar negocios en ellos. Las motos las suben hasta el piso cuatro. Al principio coloqué normas de convivencia en el edificio, pero la gente no me apoyó. No hay sentido de pertenencia, no hay intención de mejorar la calidad de vida”, se lamenta Adela, quien tiene sus días contados en Ciudad Betania.
Solo espera que el sentido de la misión se recupere, que las personas reconozcan la maravilla de tener un hogar, y trabajen en función de ello; sin embargo, no es optimista, en sus ir y venir en busca de una solución conoció a una maestra, residenciada en Ciudad Zamora, inaugurada en el 2014. La mujer vivía la misma situación, la única diferencia fue que ella se atrevió a enfrentar al líder de la mafia, y le pidió que “por favor” no la sacara de su vivienda, porque la necesitaba. Hasta ese día le tocaron la puerta de su casa todas las madrugadas, contó Adela.
No hay comentarios:
Publicar un comentario