TEMA: FANB, MODELO POLÍTICO MATRICES:

humanitaria. TEMA: FANB, MODELO POLÍTICO MATRICES: Autoritarismo / Dictadura / Persecución política / Represión / Violación de los derechos Humanos. El Nacional, dedicó el editorial de hoy a atacar la gestión de gobierno venezolano asegurando que con “los años oscuros del militarismo bolivariano”, vuelve a funcionar la Digepol y el SIFA de los años 60 y 70, cuerpos de seguridad que en ese tiempo utilizaban toda su fuerza contra los ciudadanos según sus propios intereses o los de la camarilla gobernante. En este mismo orden de idea y hablando de la represión, el escritor, Francisco Paz introduce la idea de que se trata de un régimen dictatorial. Posteriormente, el escritor Ibsen Martínez, bajo el título “La Yuca Amarga”, ataca al gobierno señalando que hoy en día la gente no sólo se muere por hambre sino también por desesperación ante la “escasez de alimentos que vive el país”, lo cual deja como resultados la muerte de muchos niños que ingieren el líquido lechoso que deja el hervor del tubérculo. Por otra parte el escritor, Inti Rodríguez, dijo que el derecho a la manifestación está amenazado tanto por las prácticas históricas de reprimir y perseguir judicialmente a los manifestantes y líderes sociales. Refiriéndose específicamente a Venezuela el escrito reseñó que la territorialización del conflicto y la creación de zonas de exclusión para obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas, han sido uno de los más negativos legados de la gestión de Hugo Chávez, continuado ahora por su sucesor Nicolás Maduro. En conclusión en dicho informe se reflexiona sobre cómo los Estados pueden evitar situaciones de violencia en las protestas mediante protocolos, leyes e interpretaciones judiciales protectoras de derechos y se destacan las pautas delineadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). FECHA: 03.03.2017 ARTÍCULOS EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES RESUMEN DE OPINIÓN 2 EXTRACTOS DE ARTÍCULOS OPINIÓN Editorial / Vuelve la Digepol y el SIFA / El Nacional En la década de los años 60 y 70, los gobiernos ejercían el terror mediante la tortura, la desaparición forzada y el asesinato. Venezolano que caía en manos de estos cuerpos de seguridad nunca llegaba a saber con certeza cuál era el destino que le esperaba: a veces podía ser la libertad, si se contactaba a alguien que tuviera cierta influencia en las alturas del poder y pudiera cambiar la suerte del prisionero. En otras situaciones se producía un silencio total que impedía conocer dónde estaba la persona desaparecida, si estaba en regulares condiciones o había sido herido, apaleado, mutilado o brutalmente torturado hasta la muerte. Si ocurría esto último lo más seguro era que trataran de fingir un enfrentamiento armado, o desaparecían el cadáver lanzándolo al mar. El caso del profesor Lovera escandalizó a la sociedad entera porque la crueldad sobrepasó todos los límites imaginables. Todavía hoy, a tantos años del crimen, la memoria colectiva se estremece al pensar que existieran agentes del gobierno capaces de cometer tales barbaridades. Se trataba de una etapa dura y violenta, los enfrentamientos ocurrían a diario en pueblo y ciudades. Campesinos y obreros, estudiantes, maestras y profesores eran las principales víctimas que caían es esta guerra sin cuartel. Las cárceles estaban a abarrotadas de presuntos activistas a los cuales jamás se les llevó a juicio salvaguardando sus derechos y concediéndole la oportunidad a una defensa digna. Los tribunales militares se encargaban, como hoy, de construir la escenografía y rematar el espectáculo, y la primera víctima era la propia justicia. Hubiera sido un insulto llamar juicio a esos actos tan precarios y bárbaros. Toda esta etapa tan funesta y cruel causó un gran daño al debido respeto a la ley y a la impartición de la justicia. Ahora, en estos años oscuros del militarismo bolivariano, ha regresado lo que algunos quisieran olvidar. Los cuerpos de seguridad han regresado por la misma senda que habíamos dejado atrás luego de pacificar el país. El país exigió legislar a fondo para modernizar, adecentar y darle credibilidad a una justicia que parecía estar en su fase terminal. Y se hizo el intento pero hoy los cuerpos policiales y sus jefes han dado marcha atrás. Vuelven envilecidos, sedientos por usar la fuerza contra los ciudadanos según sus propios intereses o los de la camarilla gobernante. Provoca un gran dolor ver cómo jóvenes graduados en las universidades públicas, algunos de ellos con cierto brillo en sus currículos y habiendo sido dirigentes estudiantiles, enfilen sus cañones de guerra contra las universidades, instituciones genuinamente civiles y abiertas al pensamiento crítico. Anteayer, comenzando el mes de marzo luego de un febrero sangriento y violento, salen los esbirros rojo rojitos a llevarse a empujones e insultos a un digno profesor universitario, de una larga carrera como formador de juventudes, y que jamás ha matado a nadie, ni ha participado en masacre de campesinos ni ha tratado de ocultar su delito enterrándolo en una fosa común, como sí han hecho oficiales y soldados de nuestra querida Fuerza Armada. Así actuaba la Digepol en los años 60, y el SIFA cuando la dictadura. ¿No les da pena? Francisco Paz / En la guarida de la represión / El Nacional Es un rinconcito pequeño. Aunque alguna patología psiquiátrica pudiera darle al alojado en ella la impresión de que posee ciertos atributos de comodidad y hacer que uno que otro RESUMEN DE OPINIÓN 3 observador se lo crea, en realidad no lo es. La represión no es más que la última guarida de las dictaduras. El cobijo tras las bayonetas y los gases lacrimógenos no son más que los claros síntomas de la catastrófica carencia de los soportes legítimos del poder. Y de la insuficiencia de los no físicamente violentos, pero nada legítimos, como la sistematización de la mentira. Hoy, cuando la mentira hace aguas frente a una realidad indomable, que se ha inmunizado contra la virulenta censura de medios que continúa aplicando la dictadura, el repugnante expediente de la represión le abre paso a la frontera de la que no hay retorno. La verdad es que han hecho unos esfuerzos ingeniosos por cambiar la percepción de la realidad por vía de la represión. Experimento inútil, ahora que la mayoría los conoce, pero que seguramente les ha rendido sus frutos en estos dieciocho años. El último ejemplo de esa represión lo vivimos quienes sufrimos el despliegue militar-policial en que se empeñaron el martes de Carnaval, para hacer creer que el retorno a Caracas desde oriente estaba congestionado. Poblaron la vía de alcabalas, con clausuras de canales en la autopista incluidas, con el fin de que se pensara que hubo un masivo éxodo de temporadistas. ¿Quién será el imbécil que se lo cree? Nadie salió. No van a poder tapar que la gente está comiéndose un cable por la ruina que ha generado esta tragedia que sembró exitosamente Hugo Chávez y que hoy rinde sus frutos. Me imagino que deben estar por encarcelar a quienes dieron las cifras de ocupación hotelera en Margarita, como hicieron con el profesor Santiago Guevara en Carabobo. 90% ha caído en siete años la afluencia de temporadistas a esa isla y 57% desde el año pasado. Por lo que uno lee en la poca prensa que queda, solo los pranes tienen el poder adquisitivo y los enchufes necesarios para pasarse unos días disfrutando de las maravillosas playas margariteñas. Los efectos secundarios de la represión no han sido estudiados en su totalidad, pero los que se conocen deberían hacer reflexionar un poco más a quienes se esconden tras ella. No he tenido como confirmarlo, pero, de ser cierta, la renuncia de una juez llamada Karla Moreno ante la presión de la dictadura para que condenase a dos inocentes es una relevante muestra de cómo unos severísimos espasmos de conciencia pueden afectar a los propios instrumentos de la represión. Y no sería el primer caso, como bien se sabe. Con la represión los costos aumentan. Y con los costos siempre corre alguien. No hay duda de que la represión, único producto que no escasea, va a seguir aumentando y con ella sus costos. Otra cosa, la represión no cambia la realidad, aunque tenga como fin último cambiar la historia. Los perdigonazos no expiden partidas de nacimiento incuestionables, ni la detención arbitraria de disidentes convence a alguien de que Tribilín es un gran esquiador, ni las bombas lacrimógenas otorgan los títulos y las constancias que acreditan que se cumplen los requisitos para enchufarse en un encumbrado cargo. Con esas verdades hay que cargar a cuestas mientras se está enconchado en la guarida de la represión. Va de suyo que hablo de aquí y de ahora. Ibsen Martínez / La yuca amarga / El Nacional Dos hermanos partieron del condado de Cork, Irlanda, con rumbo a Angostura, sobre la margen derecha del río Orinoco, en algún momento de 1817. Se habían enrolado en un contingente mercenario contratado en Londres, con ofrecimientos engañosos, por los independentistas venezolanos que combatían a las unidades escogidas del Ejército español, bajo el mando del general Pablo Morillo. Se llamaban Brendan y Jonás McGee. De acuerdo con el asiento que hizo en su bitácora el sujeto que los reclutó en Dublín, RESUMEN DE OPINIÓN 4 Brendan era aprendiz de talabartero. De la profesión de Jonás, nada sabemos. Lo que sí es casi seguro es que ninguno de los dos había empuñado jamás un arma de fuego. Sin embargo, como tantos otros de los miles de compatriotas suyos que se alistaron, Brendan y Jonás se cuidaron mucho de admitirlo. Eran, simplemente, los hermanos menores de una familia extendida muy pobre que prefirieron correr el albur de una campaña militar en un lugar perdido en el mapa de Suramérica a morir de hambre en Irlanda. Es sabido que en Irlanda había, desde hacía siglos, una endémica propensión a morir de hambre. El afiche que Brendan y Jonás, ambos analfabetos, se hicieron leer en una taberna dublinesa por un abogado borrachín del que solo he podido averiguar que se apellidaba Aylmer fue impreso en Londres por un tal William Walton, intérprete y plumista a sueldo del señor Luis López Méndez, designado por Simón Bolívar para llevar adelante el reclutamiento. El afiche (posiblemente hubo varias versiones) puede hoy leerse con una sonrisa en los labios porque contiene párrafos dignos de un folleto turístico. Entre líneas, parece decir: “Viaje a las regiones más fértiles de Suramérica, a orillas del soberbio Orinoco, combata por la libertad de Colombia y hágase rico durante el pujante posconflicto”. Hubo contratos que ofrecían un anticipo equivalente a 200 dólares de la época, pagaderos, desde luego, en Angostura. La causa más frecuente de los muchos sangrientos motines de legionarios que estallaron en Angostura y otros sitios de nuestra geografía fue, por supuesto, el impago del anticipo. Otro motivo para amotinarse, contra los oficiales colombo-venezolanos fue la yuca amarga. El aspecto de este tubérculo es indistinguible del de la yuca dulce, que sanchochada o a la brasa acompaña la dieta popular venezolana y otros países del vecindario. Si no aprendes a diferenciarlas y comes de la amarga, mueres por envenenamiento. Los aborígenes amazónicos descubrieron que la yuca amarga tiene altas concentraciones del letal ácido cianhídrico (o cianuro de hidrógeno), principio activo del curare, veneno con que se inficionan las flechas y dardos para la guerra y la cacería. La hambruna venezolana, como toda hambruna, no solo mata por hambre sino, también, por desesperación. Ya son muchas las muertes registradas entre los muy pobres por comer yuca amarga buscando mitigar el hambre en medio de la atroz escasez que padece Venezuela. Los niños, alimentados por sus angustiadas madres con el líquido lechoso que deja el hervor del tubérculo, mueren casi en el acto. Característicamente, Nicolás Maduro se ha limitado a advertir, con una macabra chanza televisada, que si no se aprende a diferenciar la yuca amarga de la dulce “puede haber problemas”. Jonás McGee fue reportado desaparecido en la acción de Laguna de los Patos, librada en los llanos venezolanos en 1819. Su hermano Brendan fue fusilado en el Tinaco, por haber encabezado un motín de legionarios irlandeses que vieron morir envenenados a decenas de sus compañeros de armas. Les habían dado sacas de yuca para alimentarse, pero nadie les enseñó a diferenciar la dulce de la amarga. Inti Rodríguez / Protestas en las Américas / Tal Cual Este jueves diez organizaciones de derechos humanos de ocho países -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela- presentamos una publicación conjunta que refleja nuestra preocupación por las políticas que fomentan una respuesta estatal violenta a la protesta social. Muestra que el derecho a la manifestación está amenazado tanto por las prácticas históricas de reprimir y perseguir judicialmente a los manifestantes y líderes sociales, como por nuevas tendencias que recrudecen este panorama e incluyen la criminalización de acciones de protesta a través de reformas normativas y legislativas. RESUMEN DE OPINIÓN 5 La publicación está centrada en cuatro ejes: las restricciones legales y administrativas a las manifestaciones públicas, la represión y el uso de la fuerza, la criminalización de la protesta y la impunidad de la violencia policial. Se profundiza en temas vinculados con los conflictos de tierra y territorio, la intervención de las fuerzas armadas en la protesta social, la falta de investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos en las manifestaciones y el impacto de las leyes antiterroristas. También se analizan la violencia policial contras las mujeres y los habitantes de las zonas rurales y las prácticas estatales racistas. Los Estados suelen utilizar la fuerza para contener y controlar las manifestaciones públicas, en vez de tomar medidas para garantizar el ejercicio de derechos y resolver los problemas de fondo. En Venezuela la territorialización del conflicto y la creación de zonas de exclusión para obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas, han sido uno de los más negativos legados de la gestión de Hugo Chávez, continuado ahora por su sucesor Nicolás Maduro. Las autoridades califican anticipadamente las manifestaciones como violentas y justifican así los obstáculos para su desarrollo, lo que incluye el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria de manifestantes pacíficos, la criminalización y judicialización de dirigentes y luchadores y las agresiones por parte de terceros alentados o actuando en coordinación con agentes de la fuerza pública. Estas presunciones anticipadas niegan el derecho al uso del espacio público para la libre expresión de las ideas y las demandas ciudadanas, los componentes esenciales para la construcción de una democracia. Quienes en el pasado reclamaban estos derechos, hoy se lo niegan a quienes piensan distinto. El Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos de asociación y reunión pacíficas ha dicho que el “acceso al espacio público significa concretamente que los organizadores y los participantes deberían poder utilizar las plazas, carreteras y calles públicas para celebrar reuniones pacíficas, ya sea estáticas o en movimiento. (…) los espacios que rodean edificios emblemáticos, como los palacios presidenciales, los parlamentos o los monumentos deberían considerarse también espacios públicos, y que debería permitirse que se celebraran reuniones pacíficas en ellos”. En la conclusión del informe se reflexiona sobre cómo los Estados pueden evitar situaciones de violencia en las protestas mediante protocolos, leyes e interpretaciones judiciales protectoras de derechos. Se destacan en ese sentido las pautas delineadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta publicación es el resultado del trabajo colectivo de las organizaciones: Justiça Global, Brasil. Corporación Humanas, Chile. Observatorio Ciudadano, Chile. CAJAR- Colectivo de Abogados José Álvarez Restrepo, Colombia. Centro Prodh- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México. Fundar- Centro de Análisis e Investigación, México. Frente por la Libertad de expresión y la protesta social, México. Codehupy- Coordinadora Derechos Humanos Paraguay, Paraguay. APRODEH- Asociación Pro Derechos Humanos, Perú. Provea- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Venezuela. CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina.