El
derechista Leopoldo López, propulsor de el plan de desestabilización
contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, conocido como “La
salida”, hoy detenido en Venezuela
Por Carlos Machado Villanueva / El Peatón
Hay indicios de que Venezuela pudiese
estar sometida hoy a una estrategia de desestabilización política
encubierta de factura CIA, cuyo fin es sumir al país con las mayores
reservas mundiales de petróleo en una escalada violencia delincuencial y
para-narcomilitar que ponga una vez más en serios aprietos a una
revolución democrática, pacífica y respetuosa de las libertades
públicas.
Es así que transcurridos ya 15 años de la
revolución bolivariana liderada inicialmente por el desaparecido líder
Hugo Chávez, hoy el estratégico país latinoamericano y caribeño, bajo la
conducción política de el presidente Nicolás Maduro Moros, ha venido
derrotando otros intentos desestabilizadores, siendo el más reciente el
de la llamada “Salida” y sus “guarimbas” asesinas, en el recién
finalizado 2014.
Su costo más doloroso fue que se le cegó
la vida a 43 personas, incluidos 6 efectivos entre policías y militares,
y más de 800 resultaron heridas en 5 meses de violencia callejera
ejecutada sobre todo por delincuentes venezolanos y mercenarios
contratados, haciéndose pasar por estudiantes “pacíficos”, entre febrero
y junio de 2014, en 18 municipios de 335, por lo menos así fueron
presentados por los medios de comunicación privados tanto nacionales
como extranjeros.
Como principal propulsor de estos hechos
se sindica al derechista extremo Leopoldo López, hoy preso y sometido a
la justicia venezolana a, y quienes al igual que éste deberán responder
a requisiciones penales cursadas recientemente por la Fiscalía
venezolana, como el caso de la exdiputada María Corina Machado y la
activista de derecha extrema Gaby Arellano.
Las advertencias surgen por varios lados e
involucran desde situaciones complejas hasta las aparentemente
insignificantes; ello en razón de que incluso el hecho de que un
ciudadano común caminando por las calles de Caracas al día siguiente de
la fiesta de fin de año, aviste en el suelo un par de proyectiles
percutidos -cuyo origen es atribuible al arsenal de armas en manos de
personas ligadas al delito y disparadas al aire, en tétrica forma de
celebración ya común en barriadas populares, sirva de alerta.
Hay esfuerzos
Son públicos y notorios los esfuerzos
del actual gobierno venezolano para disminuir al máximo, e incluso
definitivamente, la tenencia de armas en manos de ciudadanos, en aras de
garantizar la seguridad y paz ciudadana.
Una novísima ley de desarme sería la
primera acción de carácter legislativo en esa dirección, la cual subsume
otras 13 acciones normativas y penales, destacando en el caso de estas
últimas, la de los 25 años de prisión a que se expone quien porte un
arma ilegalmente en Venezuela a partir del 15 de junio de 2014, fecha de
su promulgación.
Aún así, evidentemente que no puede pasar
desapercibido para cualquier persona medianamente informada el hecho,
reconocido incluso por las autoridades de Estado, como en el caso del
gobernador del estado Guarico, Ramón Chacín, de cómo hasta ahora no han
sido aprehendidos los integrantes de la llamada banda del “Picure”.
Éste delincuente asolaría hoy el sureste
de esta jurisdicción con incursiones criminales que dejan saldos de
varias víctimas mortales, y para lo cual contaría con unos 100
integrantes todos portando armas de altísimo calibre, según reseñan
algunos medios, incluso algunos sobredimensionando la situación con
claros fines políticos oposicionistas como ha venido siendo desde 1998.
Una revisión retrospectiva
Una revisión retrospectiva conduce a los
inicios de la llamada “Guerra de los carteles de la droga” en México,
los cuales poco a poco se fueron empoderando cada vez más dada la
impunidad de la que disfrutaron y disfrutan hoy, debido más que nada a
la ausencia de respuesta contundente y oportuna, represiva y judicial,
por parte un Estado que, como ha quedado evidenciado hoy con la
desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cayó desde
hace años en mano de una alianza de políticos y militares corruptos con
los jefes del narcotráfico de esta nación azteca.
Esta situación de violencia delincuencia
en el hermano país azteca, comenzó a escalar justo cuando se venían
produciendo expresiones concretas del avance político de sus fuerzas de
izquierda y progresistas, y de sus movimientos sociales, siendo la
virtual victoria presidencial, arrebatada fraudulentamente al candidato
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el 2006, frente a su contendor
derechista Felipe Calderón, una prueba de ello, luego de que sus
autoridades electorales se negaron a auditar un proceso electoral
plagado de irregularidades y en el que éste obtuvo una diferencia de
votos a su favor de menos del uno por ciento.
La prensa mexicana ha reseñado denuncias
del involucramiento de autoridades estadounidenses con el contrabando
desde EE. UU. de armas dirigidas a los carteles, y que según analistas
de ese país obedece a la puesta en práctica de lo que reza el plan
económico neoliberal “Puebla-Panamá”, implementado desde la llegada del
derechista Vicente Fox a la presidencia, como vía para la eliminación de
los movimientos sociales mexicanos opuestos a su implementación
No hay cabida a la ingenuidad
Ciertamente, Venezuela está muy lejos de
llegar a una situación similar a la de México, que hoy es visto por los
ojos de la opinión pública internacional como un país sumido en una
violencia indetenible, y lo más peligroso aún: como un “Estado fallido”,
caracterización acuñada por los expertos pentagonistas en propaganda
para justificar cuando lo consideren conveniente cualquier tipo de
intervención militar.
Pero también sería de una ingenuidad
tremenda creer que éste país latinoamerica no es el laboratorio escogido
para este nuevo tipo de guerras encubiertas, o si se prefiere
asimétrica –por aquello de ausencia de todo tipo de consideración ética
y respeto a orden jurídico alguno nacional o internacional- que las
agencias de inteligencia estadounidenses vienen poniendo en práctica en
países que consideran dentro de su visión imperialista de “espacio
vital”.
En el caso latinoamericano-caribeño,
sería en noviembre de 2013 cuando el mismísimo Secretario de Estado
norteamericano, Jhon Kerry, es decir el canciller, lanzaría esta perla:
“El hemisferio occidental es nuestro patio trasero, es de vital
importancia para nosotros”, el encargado de no hacernos olvidar la
percepción que ha tenido y mantiene la élite gobernante estadounidense
sobre Nuestra América, sobre nuestra Patria Grande.
En boca de pobladores
Volviendo a Venezuela, y recordando que
la sociología designa a los grupos delincuenciales, como una expresión
de los llamados poderes fácticos que una sociedad “equis” pugnan por
conservar y aumentar su poder anómico y su espacio, es decir, que no
obedece a ley del de Estado alguna, llámese delincuente, banda de
éstos, especuladores, etc., pudiésemos llamar la atención sobre algunas
situaciones cuya ocurrencia es común oír en boca de pobladores de
barriadas populares.
No sé puede en este contexto describir de
otra manera sino como “caldo de cultivo” para el empoderamiento de
grupos de violencia delincuencial que, por ejemplo, haya calles y/o
sectores completos donde el control social lo ejercen jóvenes, y no tan
jóvenes, por lo general ligados al delito y al narcotráfico, infundiendo
miedo.
Incluso éstos trancan calles para
cualquier celebración que se les antoje prevalidos de su poder de fuego,
es decir de armas de fuego en su poder, violando así un derecho
constitucional como es el de libre tránsito.
Es así como se llega a la lamentable
estadística escuchada de boca de un poblador de un barrio del populoso
Petare, ubicado al este del Estado Miranda, quien revela no sin
preocupación cómo su calle pasó de ser una de las más seguras de su
barrio, a una donde se produjeron en un año 15 heridos de bala y 4
muertos.
Si se extrapola esta situación a los más de 2 mil barrios de este municipio, las alarmas se encienden.
¿Plan premeditado?
Pero lo más grave, culmina, es que los
cuerpos policiales, sobre todo los estadales y municipales, se hacen la
vista gorda ante estos aquelarres callejeros, situación que conviene
investigar para descartar que se corresponda con un plan premeditado,
más si como es público y notorio sus gobernantes derechistas, el alcalde
Carlos Ocariz y el gobernador Henrique Capriles Radonski, han sido
protagonistas de primera línea en acciones golpistas en el pasado
reciente.
Y es que en el caso de éste último,
actualmente familiares de las 11 víctimas mortales de los sucesos del 15
de abril de 2013 en el que llamó a sus partidarios a desconocer en las
calles el triunfo del presidente Nicolás Maduro se han organizado y
desarrollan acciones para que no haya impunidad al respecto.
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