Marielys Zambrano Lozada / Fotografías: Agencias.
¿Cuántos millones de dólares hay detrás del caso Ayotzinapa? ¿Hasta dónde llega la podredumbre del poder en México, para que a un año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, no se sepa, aún, lo que pasó con ellos? ¿Por qué si todos los recursos técnicos y gubernamentales de un país están abocados a resolver un caso, hay tanta torpeza en las investigaciones, omisiones y no se ha llevado bien la causa, pese a las recomendaciones de organismos internacionales para hacer bien el trabajo?
Hoy, cuando se cumple un año de la desaparición forzosa de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, al sur de México, es triste el saldo de una investigación que ha movido a todo un gobierno: solo se han encontrado a dos estudiantes (Alexander Mora y Jhosivani Guerrero de la Cruz), pero muertos.
Felipe Cruz es el vocero de los padres de los muchachos perdidos. Su hijo, aunque no es uno de los 43, fue uno de los sobrevivientes. Está unido a la causa de encontrar a los otros. Y por eso lo designaron como el líder de la vocería de afectados.
Después de dos días de agenda apretada, que incluye una reunión con el presidente de México, por fin puede hacer una pausa y conversar, brevemente, con PANORAMA.
“Queremos saber la verdad. No aceptamos la muerte de los muchachos. No hay evidencias de que están muertos. Nunca ha habido confianza (en las actuaciones del gobierno mexicano sobre el caso). ¿Cómo podemos confiar en una institución (la Procuraduría General de la República) que le miente al pueblo, que pretende que se crea algo que quedó en evidencia con resultados científicos que no es cierto?”, expone.
“La Procuraduría presentó informe diciendo que a los muchachos los quemaron en un basurero de Cocula. Y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos probó, científicamente, que eso no pasó. En ese basurero no hay restos, ni indicios de que hubo una fogata semejante para matar a 43 personas”.
“La Procuraduría presentó informe diciendo que a los muchachos los quemaron en un basurero de Cocula. Y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos probó, científicamente, que eso no pasó. En ese basurero no hay restos, ni indicios de que hubo una fogata semejante para matar a 43 personas”.
Si no están muertos, ¿dónde están?
Cruz dice tajante: “El Estado tiene que saber dónde están. Porque a los muchachos se los llevaron los organismos del Estado, el ejército, las policías municipales. No es posible, que a estas alturas, no sabemos cómo fueron los hechos. En las investigaciones se ocultó información y hubo vicios. Es importante no dejar de buscarlos”.
Los muchachos, esa tarde del 26 de septiembre estaban protestando. No querían la privatización de la educación rural, y también protestaban por asuntos políticos. Una llamada alertó al estudiante Omar García, sobreviviente. “Vénganse que nos están matando”.
Los estudiantes habían tomado, al azar, cinco autobuses en el terminal de Iguala, de la empresa Estrella de Oro, para su movilización. Pero, al parecer, una de las unidades estaba repleta de heroína del cartel Guerreros Unidos. Una encomienda a entregar.
Todo apunta a que, por ese error, empezó el problema, porque las fuerzas públicas de seguridad, aliadas al cartel, notaron que el valioso autobús estaba en manos de estudiantes. Dedujeron que los muchachos pertenecían al cartel rival (Los Rojos) que les robaba la mercancía. Las policías de dos municipios (Iguala y Cocula) entregaron a los muchachos al cartel Guerreros Unidos para resolver el asunto.
Esa es la teoría más convincente sobre lo que pasó, develada por comisiones internacionales y medios de comunicación que investigan el caso. Porque la versión de la Procuraduría es distinta y sin pruebas.
El gobierno de México ha intentado cerrar el caso con la hipótesis presentada por la Procuraduría, de que los 43 fueron asesinados por un grupo de policías corruptos, luego quemados en un basurero en Cocula, y después arrojados hacia el Río San Juan.
El gobierno de México ha intentado cerrar el caso con la hipótesis presentada por la Procuraduría, de que los 43 fueron asesinados por un grupo de policías corruptos, luego quemados en un basurero en Cocula, y después arrojados hacia el Río San Juan.
Pero la insistencia de los padres de las víctimas, protestando activamente, no ha permitido que esa tesis cierre el caso.
Las conclusiones del más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que es improbable la teoría gubernamental de la incineración de todos los estudiantes.Además subraya que hubo omisiones importantes de hechos.
Y las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) desnudaron que el gobierno mexicano nunca registró el quinto autobús, aun cuando sobrevivientes hablaron de él. Y tampoco permitieron que las comisiones externas de investigación escucharan las declaraciones de ese chofer. Eso sin contar que había inconsistencias con datos de los autobuses registrados por la Procuraduría y los que se distinguían en los videos.
Entonces, ¿Por qué el gobierno quería ocultar información valiosa que daba luces sobre lo que allí paso? ¿Quizás porque pudo haber involucrado un autobús repleto de drogas? Y esa fue la única unidad que no recibió ataques.
A un año hay 19 personas prófugas. Y aunque también hay 111 detenidos, de los cuales, según informe de la Procuraduría General de México, 19 eran policías municipales de Cocula, 52 eran policías municipales de Iguala, 38 eran miembros Guerreros Unidos, dos de los cuales eran sus líderes (Sidronio Casarrubias y Gildardo López, alias “El Gil”), y dos de los detenidos son el alcalde de Iguala — José Luis Abarca— y su esposa —María Pineda—, embarrados con el narcotráfico y con las órdenes para detener a los muchachos, según se desprende de sus registros de llamadas. Sobre ninguno de ellos hay sentencia.
El alcalde diría después que trató de detenerlos porque los estudiantes sabotearían un acto político de su esposa. Pero su teoría se desinfló al escuchar sus llamadas.
El caso ha dejado a un procurador general que renunció —Jesús Murillo— tras dar la versión oficial risible. Él ya tiene una nueva ficha que lo reemplaza: Arely Gómez.Asimismo, dejó la denuncia de que nueve alcaldes del estado de Guerrero están hasta el cuello con el narcotráfico, y sus policías.
El saldo a un año, deja a la alcaldía de Iguala quemada por familiares de las víctimas, al gobernador del estado de Guerrero —Ángel Aguirre— renunciando, a más de 38 fosas clandestinas repletas de cuerpos —ninguno de ellos de los muchachos—, y decenas de movilizaciones y protestas.
También deja la denuncia de que representantes del gobierno municipal de Igualaintentaron sobornar a los familiares de los 43, con casi ocho mil dólares, para cada uno, a fin de que “dejaran el caso así”, y a la escuela de normalistas con un año sin clases.
“Necesitamos 20 aulas para llevar a cabo el plan de estudios. Y están ocupadas por los padres de afectados. No hay salones. La Secretaría de Gobernación pidió que pasáramos a todos los alumnos con nueve y diez. Un acuerdo para que no hubiera más peleas”, dijo Bardomiano Martínez, subdirector de la escuela, a la periodista Claudia Solera.
Esa noche fueron 700 las víctimas, entre heridos, seis ejecutados (a uno de ellos le arrancaron el rostro) aunado a los 43. Éstos últimos son los protagonistas porque siguen perdidos. Un narcotraficante dejó mensaje en una manta, advirtiendo que no están muertos. ¿Pero dónde están?
¿El narcotráfico estará financiando la “torpeza” de las investigaciones para que no se aclare nunca el caso?
“México produce casi la mitad de la heroína que va a Estados Unidos...Una cadena que va desde Guerrero a Chicago...Una sola célula de un cartel, en un año movió, con 183 kilos, 11 millones de dólares. Según la DEA se usan compañías autobuseras para los traslados de droga”, cita la revista Time.
El presidente de México, Enrique Peña, dijo que su gobierno no se detendrá hasta que los responsables sean arrestados. Pese a sus palabras, el gobierno sí se ha detenido. Desde el principio.
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