20 de septiembre de 2016.-
En el tribunal 7 de juicio del Área Metropolitana se desarrolla con
sigilo un debate oral que podría explicar a dónde fueron a parar los 25
millardos de Cadivi, una tajada en divisas de la bonanza petrolera.
El teniente coronel del Ejército Francisco Mariano Navas Lugo, quien fue
desde junio de 2010 hasta junio de 2013 gerente de Importaciones y
Seguimiento de Exportaciones de la Comisión de Administración de Divisas
(Cadivi), llegó al piso cinco de los tribunales del Distrito Capital
acompañado por tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Todos ellos con actitud relajada, como si se tratase de una diligencia
rutinaria ante un órgano de la cuestionada justicia venezolana.
La primera impresión podría confundir al ojo desprevenido. Navas es uno
de los tres procesados por un fraude a las arcas del país que, según
cálculos del ex ministro de Finanzas Jorge Giordani, supera los 25
millardos de dólares. De hecho, es hasta ahora el acusado más
relevante del llamado Caso Cadivi, equivalente contemporáneo al Recadi
de la época lusinchista y a la Otac del segundo gobierno de Rafael
Caldera.
Navas es, entonces, prueba viviente del gran desfalco que, de no haber
existido, quizá le hubiese ahorrado a la población venezolana tanta
penuria por la escasez, tanta hambre y muertes por la carestía de
medicinas. Y, sin embargo, este oficial marchaba junto a sus escoltas
sin esposas, en correcto uniforme administrativo verde oliva, con un
maletín atiborrado de documentos. Como si en realidad el único procesado
por este juicio fuese su primo, José Daniel Stekman, un civil que llegó
más atrás, inmovilizado por las muñecas y con la vestimenta azul
celeste que debe portar como consecuencia del "nuevo régimen
penitenciario". Él también está en juicio.
Navas y Stekman acudieron el jueves 15 de septiembre de 2016 a la
segunda jornada de este proceso judicial, que se adelanta en el juzgado
séptimo de juicio de Caracas, a cargo de la abogada Yoko Horiuchi
Yamashita. Le dicen "La China", pero en realidad es una venezolana de
ancestros japoneses, parte de ese escaso porcentaje de funcionarios de
carrera en el mundo tribunalicio.
La juez entró a la sala de juicio ataviada con una toga negra. Eran
aproximadamente las 5:30 pm. cuando se le escuchó el saludo en voz baja a
los asistentes. La audiencia estaba pautada para la una. Los retrasos,
explicó un litigante, se hicieron crónicos desde que los detenidos
fueron trasladados en forma indiscriminada a cárceles remotas en el
interior del país. Stekman, por ejemplo, está recluido en un retén del
estado Lara llamado Fénix, mientras que el teniente coronel Navas
engrosa la población del Centro Nacional para Procesados Militares de
Ramo Verde, Los Teques.
Para la jornada de este jueves se esperaba la comparecencia de un agente
de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que
supuestamente explicaría el origen de la pesquisa sobre el magno
desfalco. Pero el funcionario no llegó. Parecía entonces que los
acusados regresarían a sus respectivas prisiones sin mayores avances en
el juicio. Sin embargo, la juez tenía otra información.
—Abogado, entiendo que su defendido quiere hacer una declaración —inquirió Yamashita.
—Así es, señora juez —contestó el único defensor de Navas y Stekman, Alonso Medina Roa.
—Así es, señora juez —contestó el único defensor de Navas y Stekman, Alonso Medina Roa.
Acto seguido, el militar se levantó de su asiento, cruzó la sala y se
sentó en el estrado, en el ala derecha de la sala de juicio.
La denuncia del jefe
La investigación penal sobre las supuestas irregularidades en la
Comisión de Administración de Divisas —Cadivi, actual Cencoex— comenzó
el 16 de julio de 2013. A las 10 am. de ese día, el coronel del Ejército
Víctor Armando Flores Correa compareció ante el director de
Contrainteligencia Militar, mayor general Hugo Carvajal. De esa
entrevista surgieron dos documentos: uno anónimo que fue utilizado para
dar inicio formal al expediente y otro que fue consignado con
posterioridad. Ambos, sin embargo, tenían el mismo contenido y
la firma de Flores Correa, quien hasta el mes anterior y durante más de
tres años se había desempeñado como vicepresidente de Administración y
Control de Divisas.
En otras palabras, Flores Correa fue la segunda autoridad de Cadivi,
solo superado por el general de brigada del Ejército Manuel Barroso,
entonces presidente. Era, además, el inmediato superior de Navas en el
organigrama de la institución. Según este oficial, las irregularidades
en la comisión abarcaban las gerencias de Importaciones, Recepción de
Solicitudes y Registro (Rusad) y la de Verificación Aduanal.
Flores recordó que a finales de 2012 remitió a Contrainteligencia
Militar un primer informe sobre los supuestos ilícitos en la gerencia de
Importaciones, a cargo de Navas.Pero aclaró que carecía de pruebas. "Para ese momento, informaciones obtenidas establecían que cobraban hasta dos bolívares fuertes por dólar liquidado", sostuvo.
Estos datos se los suministraban a Flores oficiales retirados que para
ese momento manejaban empresas de importación y exportación en Panamá.
Acto seguido, describió otras irregularidades:
- Triangulaciones: "adquisición de rubros, objetos o bienes en el país en que se producen y que luego son adquiridos por empresarios venezolanos en un tercer país con sobreprecios, además de la importación de rubros que difieren de los que las empresas tradicionalmente importan".
- Sin certificado: para la importación de la mayoría de los rubros, era necesario que el ministerio correspondiente emitiese un certificado de no producción, es decir, una constancia de que no es fabricado en el país. Flores puso como ejemplo que una empresa supuestamente dedicada al ensamblaje de electrodomésticos recibió en un solo día de noviembre de 2012, 8,5 millones de dólares. La compañía, sin embargo, carecía de infraestructura para armar una lavadora.
- Manipulación de códigos arancelarios: cada mercancía está identificada con un código. Por lo tanto, hay códigos que no pueden estar involucrados en operaciones de importación, pues se refieren a productos que sí son fabricados en el país. Pero, según Navas, había un "patrón de comportamiento de empresas que buscaban cometer irregularidades", mediante la manipulación de estos códigos.
En la gerencia de Recepción de Solicitudes y Registro (Rusad), se
detectó el otorgamiento de registros a sociedades de maletín, que
inmediatamente eran beneficiadas con el otorgamiento de divisas en
detrimento de otras que sí tenían tradición en el mismo ramo. En enero
de 2013, indicó Flores, se ordenó a la gerente de esa oficina que
hiciera "reinspecciones aleatorias" a las sedes físicas de un conjunto
de compañías, "para determinar si los analistas que inspeccionan las
empresas se estaban prestando para favorecer con su informe a empresas
fantasma". La mujer de apellido Machiste renunció a Cadivi.
Flores concluyó que los registros Rusad, un requisito indispensable para
obtener moneda extranjera destinada a importaciones, eran otorgados sin
una "revisión exhaustiva". Pero las mercancías no podían entrar al país
si no existía una inspección en puertos o en destino para constatar que
lo importado era precisamente lo autorizado en los documentos
correspondientes. Este trabajo correspondía a los inspectores de la
Gerencia de Verificación, presentes en todas las aduanas del país.
Pero las investigaciones ordenadas eventualmente en ese
organismo constataron irregularidades que iban desde la sobrefacturación
hasta la entrada de mercancías sin permisos. Flores citó como
ejemplo una importadora de alimentos con sede en Barquisimeto a la que
se le dio permiso para traer al país 250 toneladas de clavos de olor,
por $ 3,55 millones. "Al ser verificada la mercancía en la aduana el 24
de noviembre de 2012 se pudo constatar que lo importado era mueblería.
El caso se detecta por personal de la institución ajeno a la aduana",
recordó.
Flores afirmó que en Cadivi operaban "bandas" de verificadores que según
su testimonio se hacían de la vista gorda en los puertos para dejar
entrar cualquier tipo de productos, a cambio de las respectivas
comisiones.
En su declaración a Carvajal, Flores comentó con cierta impotencia que
muchos de los verificadores de Cadivi señalados por irregularidades aún
estaban en sus cargos para el momento de su renuncia, en junio de 2013.
Posteriormente, el oficial consignó cuatro listados, que sirvieron como
base para las investigaciones: 154 empresas suspendidas por
solicitudes con modalidad Sucre; 126 empresas con investigaciones
concluidas y denunciadas ante el Ministerio Público; 60 empresas en
investigación activas y 23 empresas con investigaciones concluidas y
remitidas al Ministerio de Planificación y Finanzas.
Navas Lugo fue detenido el 14 de agosto, cuando se presentó
voluntariamente en la Dirección de Contrainteligencia Militar para
cumplir con una citación. Su primo Stekman fue apresado al día siguiente
en la puerta de un edificio en Los Naranjos. Un empleado de Cadivi le
dijo por teléfono que se trasladaría hasta donde él estuviera para
hacerle llegar el acta de entrega de Navas. Pero era una trampa: el
hombre iba con agentes de la Dgcim que lo esposaron.
Navas inicialmente fue imputado por legitimación de capitales, obtención
ilícita de divisas y asociación para delinquir. Una de las evidencias
del primer delito sería un bolso lleno de dinero, hallado por los
agentes de Contrainteligencia Militar durante uno de los allanamientos. A
Stekman también le atribuyeron legitimación de capitales y asociación
para delinquir. Pero al iniciarse el debate oral, el segundo delito fue
retirado.
"Cadivi no actuaba solo"
Luego de tres años, un mes y un día de silencio, Navas pudo tomar la
palabra para explicar su versión sobre lo que ocurría en las entrañas de
Cadivi. El oficial habló desde el estrado tribunalicio durante más de
una hora, con la mirada dirigida hacia la juez. Ella, en cambio, no
levantaba la vista mientras tomaba notas.
La Comisión de Administración de Divisas, explicó Navas, tenía doble adscripción.Por
una parte, estaba en el organigrama del Ministerio de Finanzas. Pero
por la otra era ejecutora de las decisiones en materia cambiaria que
emanaban del Banco Central de Venezuela. Seguidamente indicó
que las decisiones sobre la asignación de códigos arancelarios y la
determinación de los bienes que podrían ser importados al país —puesto
que no eran fabricados o su producción no cubría la demanda— no era
tomada en Cadivi sino en los ministerios correspondientes. En MinSalud,
por ejemplo, se establecía cuáles fármacos eran necesarios para el
mercado nacional, mientras que en Industrias Ligeras decían qué tipo de
televisores podrían ser traídos desde el exterior. "Cadivi no actuaba
solo. Era un ejecutor de las decisiones del Gobierno en materia
económica, y también política", repitió el oficial en varias
oportunidades.
Añadió que los procesos para el otorgamiento del Rusad contaban con el
concurso de numerosos despachos. En especial del Ministerio del Trabajo,
pues según su testimonio las empresas no podían optar por las divisas
si no tenían solvencia laboral.
Navas se tomó más de media hora para explicar cómo era el proceso de
asignación de divisas para las importaciones ordinarias. Aclaró que él
no tenía entre sus funciones intervenir directamente para favorecer a
determinadas compañías, tal y como lo señaló Flores, su superior.
Indicó que las revisiones —tanto formales como de fondo— de los
documentos entregados por los importadores correspondía a un grupo de
analistas que operaba en la comisión. Estos empleados podían
procesar hasta 60 expedientes diarios, en un trabajo que durante los
años del frenesí importador los obligó incluso a laborar los fines de
semana y días feriados. "Hubo meses en los que se procesaban más de 28.000 solicitudes de importación. Era un trabajo enorme", relató.
Indicó que él no manejaba información sobre los procesos de importación
de empresas particulares, a menos que algún analista detectara alguna
irregularidad. Entonces, el caso era remitido a su despacho con un
informe. "En un momento detectamos tres empresas que habían recibido
durante meses consecutivos autorizaciones para liquidación de más de 19
millones de dólares cada una. Recuerdo una que era contratista del
ministerio de Vivienda y Hábitat. Cuando consulté con ese ministerio me
dijeron que le diera curso a esas órdenes", relató.
Señaló que la gran mayoría de los casos no fue posible que las
verificaciones en aduana se hicieran en comisiones mixtas, con
participación de inspectores de Cadivi y del Seniat. Entonces ocurría
que los empleados de su institución no estaban en capacidad de cruzar la
información de las mercancías que tenían a la vista con los respectivos
códigos arancelarios, que eran manejados por los fiscales del Seniat.
En su exposición Navas no negó la corrupción en Cadivi. Tampoco dijo que
era inocente. Pero trató de explicar los factores que posibilitaron el
desagüe de las divisas que entraban a las arcas nacionales por la renta
petrolera.
El germen de la desgracia
Navas reconoció durante la audiencia que no era especialista en ciencias
fiscales. Nunca estudió en la escuela de Hacienda, como sí hacen los
oficiales de la GNB que operan en la rama de Resguardo Nacional. Quizá
por esto el comandante trataba de ser lo más meticuloso posible. No
quería errores. En el expediente instruido por Contrainteligencia
Militar están copias de las libretas donde él anotaba todo lo que le
llamaba la atención; los grandes importadores, los "enchufados"…
En la audiencia celebrada el jueves, uno de los familiares de Stekman
comentó que el calvario para el oficial y su primo comenzó cuando Navas
hizo cuestionamientos a operaciones de importación llevadas a cabo a
través de la Caja de Ahorros del Ejército.
Los agentes de Contrainteligencia Militar hallaron en un vehículo
utilizado por Navas lo que parece ser el borrador de un informe sobre
las supuestas irregularidades en la empresa importadora de este despacho
militar, llamada Inversora Caejer.
La compañía perteneciente al componente militar hizo en 2010 dos
intentos fallidos para obtener divisas para importaciones de carne
bovina. En vista de esto, se registró como usuario del Sector Público.
En septiembre de ese año hizo una primera prueba con la carne que
anteriormente no pudo importar, por 1,7 millones de dólares. Luego
comenzó el festín: en 2011 obtuvo el visto bueno para traer
computadoras, televisores, filetes de merluza, atún y otros pescados.
En 2012, con una nueva junta directiva, la caja de ahorros hizo 71
solicitudes, por un total de 59,1 millones de dólares. Traían máquinas
para ordeñar, videocámaras, cerraduras, bombas de agua, artículos
diversos relacionados con el manejo de electricidad, calamares y atunes,
entre otros. Muchas de tales mercancías debían tener certificados de no
producción para poder ser importadas. Allí empezaron los roces. En 2016, la caja de ahorros del Ejército continúa comercializando latas de atún importado.
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