El abogado constitucionalista e integrante de la Comisión de la Verdad, Hermann Escarrá, manifestó este martes que todos los actos de la actual Asamblea Nacional (AN) están invalidados por desacatar un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y por lo tanto no puede ser el parlamento el foro donde se discuta el presupuesto de la nación correspondiente al año 2017.
El jurista manifestó que la AN perdió todas sus facultades y todas sus pregorrativas al hacer caso omiso de la decisión del máximo tribunal de la República que le obliga a no seguir legislando hasta tanto se dilucide la escogencia de las parlamentarios por el estado Amazonas, elección que fue denunciada por fraudulenta.
En tal sentido, ratificó que dado que todos los actos que haga la AN tienen nulidad absoluta el presidente de la República, Nicolás Maduro, tomó dos medidas para no paralizar el derecho de la nación a contar con los recursos necesarios para su funcionamiento: consultar la discusión del presupuesto en asambleas populares con el pueblo y dirigirse al TSJ para que éste resuelva cómo será la aprobación del mismo.
Explicó que existen tres vías para que se materialice el presupuesto de ingresos y gastos del Ejecutivo para el próximo año, siendo la más factible la omisión legislativa, caso en el cual el TSJ dictaminaría quién aprueba y posteriormente quién controlará la ejecución de los recursos.
Destacó que no es una novedad la omisión legislativa en el país, dado que ya en una oportunidad – también ante la omisión de la Asamblea Nacional – el alto juzgado designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral.
Las otras dos vías serían la aprobación del presupuesto en el marco del Estado de Excepción y la aplicación del artículo 333 de la Constitución, que establece la necesidad de restablecer el orden constitucional.
CIUDAD CCS
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