AFP
AP
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas directrices que anticipan una arremetida indiscriminada contra la inmigración ilegal, dejando vulnerables de deportaciones a casi todos los 11 millones de indocumentados que viven en el país.
En dos circulares internas, el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, ordenó la contratación de 15.000 nuevos empleados de la patrulla fronteriza (CBP) y la agencia de control migratorio (ICE), y abandonó de manera explícita la política de los pasados dos gobiernos de buscar maneras con el Congreso para retener en el país al grueso de los 11 millones de inmigrantes que viven clandestinamente en Estados Unidos.
“Todos aquellos en violación de las leyes de migración pueden ser sujetos a procedimientos de aplicación de la norma, incluyendo la remoción de Estados Unidos”, indicó el DHS.
Las ordenes generaron pánico entre la comunidad inmigrante de Estados Unidos, donde millones de personas -la mayoría de ellos provenientes de México y América Central-, vislumbraban su posible deportación por primera vez en décadas.
Asociaciones de derechos humanos denunciaron una “cacería de brujas”, advirtiendo que una “deportación masiva” rompería familias con arraigo en Estados Unidos y perjudicaría la economía.
Pero Kelly dijo que las órdenes eran necesarias para atacar un problema que ha “agobiado” los recursos públicos.
“El alza de la inmigración ilegal en la frontera sur ha agobiado las agencias federales y los recursos y ha creado una importante vulnerabilidad a la seguridad nacional de EE UU”, dijo en uno de los memorandos, citando retrasos "récord" en las cortes inmigratorias.
Las nuevas reglas facilitan a los agentes fronterizos y de inmigración deportar rápidamente a cualquier indocumentado que consigan, con pocas excepciones, principalmente niños.
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