Deivis Rodríguez
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Inexistente. Así es la venta de combustible en pesos colombiano en la subregión Guajira, donde existe una estación de servicio binacional y que se encuentra en funcionamiento desde el pasado 2 de enero. La misma situación se viene registrando en el estado Táchira, según ha denunciado —en reiteradas oportunidades— el gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, y por la negativa de la autoridades del vecino país para permitir el ingreso de vehículos en territorio nacional.
Rafael Simancas, conductor de la línea Maracaibo-La Raya, aseguró a este rotativo que la mayoría de los “compañeros transportistas de Maicao y Cúcuta” se niegan a pisar territorio venezolano. “Ellos nos han comentado que en la frontera (del otro lado) las autoridades les quieren cobrar un impuesto informal si cargan gasolina venezolana. Ellos quieren adquirirla acá de manera legal porque es más barata, y de mejor calidad, pero para ellos no vale la pena si cuando pasan para el otro lado terminan gastando 2.000 pesos o más por un litro y por culpa de las autoridades”, aseguró.
Desde el 1° de enero pasado en Colombia entró en vigencia un nuevo impuesto a los productos derivados del petróleo, que aumenta el precio de la gasolina en la localidad de Cúcuta, frontera con Táchira, a 6.275 pesos el galón (1.660 por litro) y 5.452 pesos el galón de gasoil (1.442 por litro).
A principios de 2017, en el sector de Paraguachón (cerca de la raya que divide ambas fronteras) se inauguró una bomba para la venta de carburante a precio internacional. En esa oportunidad, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) autorizó que su inicial sería de unos 900 pesos y 800 el diesel. Mientras que en el estado andino su costo al público rondaría entre 1.100 y 1.200 pesos, en una fase inicial, y posteriormente se irían adecuando a las exigencias del mercado. La cifra refleja que el producto nacional registra una baja de 400 pesos o más en comparación con el colombiano.
En enero, Luis Díaz, director de Política de la Gobernación del Táchira, aseguró que, según proyecciones que hicieron, dos estaciones recaudarían entre “120.000 y 150.000 dólares diarios”. Los datos sugieren que por mantenerse inoperativas por un mes ya se dejaron de percibir más de $ 2,5 millones.
Ayer, la secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación, Marilene Huerta, al ser consultada sobre la venta de carburante en pesos y en la Guajira, sólo respondió: “Nada, aún no ha comenzado”.
El propio gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, también lo confirmó, en una entrevista a PANORAMA. “La venta va lenta porque nuestra realidad es distinta a la de Ureña y San Antonio (Táchira). Pueden venir los carros particulares a echar gasolina, pero el gobierno de Colombia no lo ha permisado. En nuestro caso será una venta directa a quienes llevan combustible para allá camiones de carga, camionetas”, dijo.
A la denuncia también se le sumó la del gobernador Vielma Mora, quien acusó a los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos (actual) de permitir —en los últimos años— el “perfeccionamiento” de 14 leyes para favorecer el contrabando de combustible y alimentos.
Igualmente, Vielma Mora reconoció, en un programa, que “la medida del Gobierno venezolano de vender gasolina a precios internacionales no está haciendo efecto porque las autoridades colombianas no aceptan la propuesta”.
“Ellos quieren que nosotros le permitamos que las autoridades gubernamentales cobren una sobre tasa por un impuesto al litro de gasolina, que lo cobren en Colombia, y también que Venezuela debe pasarle parte de la ganancia a Colombia porque los vehículos, las tracto mulas o gandolas, son de empresas o industrias colombianas”, sentenció el gobernante tachirense.
El año pasado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, autorizó la venta de combustible en moneda internacional como una medida para frenar el contrabando hacia el país vecino y que genera pérdidas a la nación por el orden de los 1,5 millones de dólares cada día.
El analista en el sector energético, Jesús Lobo, calificó como “inaceptable” que “Colombia impida el paso de vehículo a Venezuela y que a sus usuarios no se les permita comprar gasolina nacional. Más insólita es su propuesta de querer que Venezuela reparta sus ganancias por la comercialización en pesos. El presidente (Juan Manuel) Santos debería derogar aquellas leyes y decretos —como la conocida resolución 8 del año 2000 y aprobada por el Banco Central— que legalizan e incentivan la venta de la gasolina de contrabando sin ningún control”.
Criticó que incluso la disposición del país vecino de legalizar a los conocidos “pimpineros” y quererles cobrar un “impuesto especial”. “Eso es el colmo de la irresponsabilidad. Legitimizar a los vendedores informales y obligarlos a pagar impuestos. Es una total falta de seriedad obtener recursos económicos de un producto que es ilegal y que pertenece a todos los venezolanos. El Gobierno colombiano siempre le busca la vuelta a sus leyes para perjudicarnos y obtener ellos ganancias con el menor esfuerzo posible”.
A la fecha, Colombia mantiene su postura de impedir el paso de carros a nuestro país. Así lo ha hecho saber su canciller María Ángela Holguín, en varias oportunidades. “Ellos (Venezuela) tomaron esa decisión de vender gasolina en pesos en la frontera, pero nosotros no vamos a abrirla”, aseguró a mediados de enero.
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