Caracas, 7 de mayo de 2016.- Convocados por la Coordinadora del 25S y la asociación ‘No somos delito’, los ciudadanos españoles saldrán este sábado a las calles a protestar una vez más contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley mordaza", así como para exigir una amnistía social y política para los afectados por esta legislación.
En reiteradas oportunidades, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado al Ejecutivo de España a dejar de usar la Ley de Seguridad Ciudadana y los artículos del Código Penal relacionados con el terrorismo, para reprimir los derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación.
Los manifestantes solicitan concretamente la supresión de todas las causas penales abiertas contra quienes manifestaban en rechazo a las políticas de recortes de derechos laborales y sociales, así como la anulación de todos los procesos, expedientes sancionadores y antecedentes penales relacionados con estas causas.
Asimismo, en esta manifestación que iniciará a las 19H00 hora local (18H00 GMT), los asistentes exigirán la libertad para todos los que “desobedecieron las normas ante la situación creada por el actual modelo económico y político” y en concreto para los activistas antidesahucios.
Se conoció también que se exigirá la indemnización de las personas que hayan sufrido daños físicos u otras secuelas por las intervenciones policiales, junto a la exigencia de responsabilidad para quienes lo acometieron.
Claves de la Ley
La ley entró en vigor el 1° de julio de 2015 y fue acompañada por una reforma del Código Penal y una norma “antiyihadista” que también fue rechazada por los españoles.
El Partido Popular de España aprobó el 27 de marzo de 2015 la controversial Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, pese al rechazo de la oposición, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y ciudadanos de ese país. Entre los factores negativos se enumeran:
1.- Devoluciones en caliente de inmigrantes indocumentados en las zonas fronterizas con Marruecos.
2.- Registro de pasajeros en el sistema de transporte extraurbano, interurbano y en los terminales aéreos para combatir la llegada de extranjeros armados o “yihadistas”.
3.- Sancionará hasta con 600 mil euros (687 mil dólares) a personas que participen en manifestaciones o reuniones no comunicadas en instalaciones que prestan servicios para la comunidad.
4.- Restringirá la actividad informativa.
5.- Criminalizará la libertad de expresión en redes sociales porque considera alteración las convocatorias de protestas vía Twitter, Instagram o Facebook.


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