El ex presidente salvadoreño Elías Antonio
Saca (2004-2009) fue acusado hoy ante un tribunal por los delitos de
peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero, cometidos
supuestamente al desviar 222 millones de euros del presupuesto público a
cuentas privadas durante su gestión.
Saca, que se
encontraba recluido desde la madrugada del domingo en los calabozos de
la División Antinarcoticos (DAN) de la Policía, fue trasladado este
martes hacia el Centro Judicial Isidro Menéndez de la capital bajo un
fuerte dispositivo de seguridad.
La acusación fue presentada ante el Tribunal Cuarto de
Paz, que debe decidir si el exmandatario pasa a la etapa de
investigación judicial o queda exento de los cargos.
De enviar a la siguiente etapa al expresidente que gobernó con la
opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el tribunal tendrá
que establecer si lo procesará en total libertad o con medidas
cautelares como el arresto domiciliario o la prisión preventiva.
Junto a Saca fueron acusados sus ex secretarios privado, de
Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes,
respectivamente, detenidos este domingo.
También,
Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera,
colaboradores directos del expresidente, de acuerdo con la Fiscalía, y
aún empleados de la Presidencia, también arrestados el domingo.
Según el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas operaban una
estructura al interior de la Presidencia que movió 222 millones de euros
a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que
posteriormente retiraron 104 millones de euros "en efectivo".
El fiscal detalló el lunes en una rueda de prensa que durante las
investigaciones, iniciadas tres meses atrás, han determinado que al
menos 5,4 millones de euros fueron blanqueados por Saca y Charlaix, "vía
triangulación", a las empresas del exmandatario, que incluyen un
reconocido consorcio de radios.
Por su parte, el jefe
de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Jorge Cortéz, aseguró
que la suma revelada "puede ir aumentando paulatinamente, de acuerdo con
los avances que se vayan teniendo".
Detalló que la
metodología utilizada por los detenidos para "tratar de no dejar rastro y
eludir las investigaciones" de los 5,4 millones fueron "transferencias
entre cuentas bancarias, retiro en efectivo, y apertura y cierre de
cuentas".
El ente fiscal solo ha podido determinar el
destino de estos 5,4 millones de euros y desconoce el fin que tuvo el
resto del dinero "cuestionado".
La investigación,
denominada "Destape Corrupción", tuvo como origen un informe de la
Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia con el que se inició
antes un proceso civil contra Charlaix por supuesto enriquecimiento
ilícito en más de 1,7 millones de euros.
Dicho
informe establece que de una "partida secreta" del Gobierno en la que se
manejaban fondos para la inteligencia estatal se libraron cheques a
nombre de funcionarios y que este dinero finalmente acabó en las cuentas
de Charlaix.
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