martes, 30 de agosto de 2016

Mineros orquestaban un golpe en Bolivia



Independent miners block a main highway during a protest against Bolivia's President Evo Morales' government policies, in Panduro
> El Gobierno de Evo Morales presentó pruebas que señalan que los cooperativistas tenían un plan conspirativo de siete ejes 
El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, presentó múltiples pruebas sobre el intento de golpe de Estado y las violentas protestas generadas por mineros cooperativistas que asesinaron a golpes el pasado viernes al viceministro de Gobierno, Rodolfo Illanes.
El plan conspirativo de “connotación golpista” constaba de siete ejes de planificación, señaló el funcionario, refirió Telesur a través de su portal web.
Explicó que entre ellos se encontraban la organización de la movilización, definición de la consigna, elección del escenario de operaciones (trincheras y puntos de abastecimiento de explosivos), financiamiento, logística y suministro de un arsenal de armas letales para provocar graves daños, incluso cientos de muertos.
El ministro boliviano aseguró que la conspiración contaba con una suerte de Estado Mayor bajo la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), asesores y abogados, entre los que se identificó a Jaime Zambrana Mercado, Mirtha Quevedo, Freddy Ontiveros e Iván Paredes.
“Eso ya no es movimiento reivindicativo, es un movimiento conspirativo, político, golpista. No solamente está planteando una modificación estructural de la política económica del Estado referida a los recursos naturales”, denunció Romero en declaraciones a la radio y la televisión estatales.
PLAN CAPITALISTA
Romero denunció que con estos hechos se pretendía desatar una crisis política de proporciones en Bolivia, para validar 31 contratos con empresas extranjeras.
“Los contratos con privados foráneos, suscritos por capos de la minería cooperativa a contrapelo de la Constitución, tienen una vigencia de 25 años y algunos, incluso, tienen carácter indefinido, los que no fueron conocidos y menos autorizados por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)”, dijo.
Después de recordar que los principales dirigentes de Fencomin amenazaron hasta con tomar instituciones, si el Gobierno impedía la inserción de capitales extranjeros en sus explotaciones, Romero comparó la intentona de golpe con los alzamientos de 2008 y 2009 por grupos focales de ultraderecha, principalmente en la ciudad de Santa Cruz.
“El movimiento del cooperativismo y la amenaza de la toma de instituciones públicas hacen recuerdo al movimiento cívico separatista denominado “Media Luna”, que a través de la violencia y el uso de la fuerza intentaron desmembrar el oriente del occidente de Bolivia”, recalcó.
Denunció que los mineros “intentaban apropiarse de las utilidades y excedente económico del pueblo boliviano para pequeños grupos, empresas privadas extranjeras afectando en esencia la Constitución que declara que los recursos naturales son propiedad de los bolivianos”.
CIUDAD CCS

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