La empresa Herrera C.A ubicada en el estado Zulia, intervenida en enero de este año por acaparamiento, distribuía durante la noche productos de higiene personal a contrabandistas del mercado interno, también conocidos como "bachaqueros", denunció la ministra de Comercio, Isabel Delgado.
En entrevista para el diario Ciudad Caracas, publicada el pasado martes, Delgado detalló que durante el proceso de intervención "en la noche, llegaron los 'bachaqueros', y no fue a protestar, sino porque iban todas las noches (a comprar). Allí había incluso una estructura de facturación nocturna, porque esa empresa entregaba de noche toda su mercancía y por eso la tomamos".
La ministra agregó que debido a este procedimiento ilícito, en la empresa Herrera C.A "hubo una fuga importante de mercancía", que fue vendida a los "bachaqueros", conformados por mafias que contrabandean hacia Colombia productos de primera necesidad para su reventa.
El pasado 12 de enero, como parte de la lucha contra la guerra económica, el Gobierno Nacional recuperó toneladas de bienes primera necesidad para la población, entre alimentos y productos de higiene y aseo, en un galpón perteneciente a la empresa distribuidora Herrera C.A, ubicada en la zona industrial del municipio San Francisco, en Maracaibo, estado Zulia.
En el lugar, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, acompañado por los funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se decomisó 7.116 unidades de leche maternizada Enfamil de 400 gramos y 7.188 unidades de 900 gramos; 44.940 unidades de Sustangen de 450 gramos y 5.760 unidades de 1,2 Kg; 17.076 kilos de caraotas; 1.776 litros de leche completa líquida, 40 toneladas de harina de maíz amarillo, 40.240 kilos de arroz y 8.200 latas de guisantes, entre otros alimentos.
También estaban siendo acaparados en el galpón más de un millón de unidades de pañales, 370.000 kilogramos de detergente en polvo, 277.380 unidades de jabón de baño, 43.570 litros de suavizante, 561.888 unidades de máquinas para afeitar, 78.770 unidades de toallas sanitarias, 61.152 unidades de champú y 16.800 unidades de desodorante, entre otros artículos de aseo e higiene personal, así como otros productos como 22.580 unidades de pilas y 182 unidades de papel aluminio.
A la compañía se le aplicó el artículo 60 de la Ley de Precios Justos, que establece la privativa de libertad a los dueños de la empresa, con penas entre 10 a 11 años, el decomiso de toda la mercancía y la confiscación de los activos. Dicha mercancía fue puesta a la orden del Ministerio para el Comercio para su venta al pueblo a preciso justos.
(AVN)
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