jueves, 27 de febrero de 2014

27 de Febrero, el día que el pueblo se rebeló


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Publicado el 27/02/2014 en NOTICIAS
El 27 de febrero de 1989 será recordado como el día en que se usaron los fusiles contra el pueblo, el día de la masacre de venezolanos que se rebelaron frente a la negación del derecho a la educación de sus hijos, a la vivienda digna y al acceso a los bienes y servicios. Es el día en el que el pueblo se levantó en contra del modelo económico neoliberal que lo oprimía.
El 16 de febrero de 1989, el nuevo presidente de la República, Carlos Andrés Pérez (AD), presenta ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado “paquete económico”.
Estas medidas eran parte de un programa de ajuste liderado por Miguel Rodríguez, al frente de Cordiplan, y comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social, que significaron para la población un drástico golpe de timón impuesto por el Fondo Monetario Internacional.
El FMI aprobó un préstamo de 4.500 millones de dólares en los siguientes tres años y 21.000 millones de dólares en los próximos 7 años, lo que multiplicó la deuda externa de la nación.
Venezuela sufría un desequilibrio en la balanza de sus pagos de la deuda externa, que representaba un déficit acumulado de 7.376 millones de dólares entre 1986 y 1988, y el total agotamiento de sus reservas internacionales, excluyendo el oro, que fue enviado a Londres un par de días antes de El Caracazo a fin de abonarle recursos a la reserva.
Aunado a ello, el déficit público en 1988 alcanza los 60.000 millones de dólares, equivalente a 7% del producto interno bruto.
Las medidas económicas en materia de deuda externa e interna incluían la suspensión de pagos, tanto de capital como de intereses, hasta el 30 de septiembre de 1989, es decir, casi el resto del año que trascurría.
La liberalización de los precios de todos los productos, a excepción de 18 renglones de la cesta básica, trajo como consecuencia el desabastecimiento de los principales productos de la canasta alimentaria. Además, se estableció el incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico.
Entre las exigencias del FMI destacaba un aumento anual en el mercado nacional, durante tres años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio de 100% en el precio de la gasolina.
En este sentido, Pérez dijo que con esta medida finalizaba el reparto populista de la renta petrolera puesto que, adicional al aumento, liberó la tasa de cambio del bolívar, para que “dejara de ser un gran mecanismo de subsidio que había permitido, hasta ese momento, que el pueblo venezolano viviera como no podía, es decir, muy por encima de sus posibilidades”.
El detonante
El transporte público también sufrió un incremento inicial de precios de 30%.
Casi todas las medidas eran de aplicación inmediata. El alza en el precio de la gasolina se hizo efectiva a partir del 26 de febrero de ese año y el incremento de las tarifas del transporte público urbano, en 30%, a partir del 27 de febrero, válido para los tres meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta 100%, situación que generó un paro inmediato del sector.
“La gasolina duplicó su costo en un día, y la mayoría de los restantes insumos duplicó y triplicó su precio en igual lapso. El Gobierno liberó las tasas de interés, con el resultado de que éstas rondaron la magnitud usuraria de 100% anual. Para represar la liquidez monetaria, el Estado puso a disposición de los bancos los llamados bonos cero cupón, que les pagaban estas tasas estrafalarias a costa del Fisco”, recordó el abogado e historiador Luis Britto García, destacó AVN.
Esperando la liberación de los precios, los industriales y comerciantes mantenían acaparados algunos productos de primera necesidad. Los titulares de la prensa nacional de los dos primeros meses del 89 destacaban la ausencia de los principales productos de la cesta básica de los anaqueles de abastos y supermercados.
Britto García describió el paquete económico como una estrategia de cesión de la soberanía largamente planificada, que condujo al país a una crisis estructural en la que la mayoría de la población se encontraba en niveles de pobreza extrema, excluida del aparato productivo y de los beneficios sociales que debía garantizar el Estado.
Estallido, represión y masacre
Las fuertes protestas del pueblo agobiado por los anuncios y una cadena anticipada de efectos económicos comenzaron a sentirse el 27 de febrero en Guarenas, cuando se iniciaron los actos en contra del aumento del transporte público y los saqueos de los productos necesarios para el sustento familiar.
Una réplica de estos hechos se desencadenó más tarde en Caracas y luego se difundieron en Vargas, Mérida y otras zonas del país.
“Los que incendiaron las busetas en Guarenas, hecho con el cual arrancó la protesta nacional, lo hicieron porque descubrieron que los pasajes de ida y vuelta a su trabajo costaban más de lo que iban a ganar”, relató Britto García.
El día 28 fue catalogado como el día de la masacre, debido a la fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad, de la Policía Metropolitana (PM), el Ejército y de la Guardia Nacional (GN), quienes salieron a las calles a controlar la situación conminando al pueblo, que fue masacrado por revelarse a las medidas de corte neoliberal. No es sino hasta el 8 de marzo de 1989 cuando Caracas comienza a sentir una frágil tranquilidad.
Aunque las cifras oficiales revelan 300 muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de al menos 3.500 personas fallecidas.
Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial.
“Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos” ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), .
En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de CAP, el 27 de febrero alcanzaron proporciones que las acercan al más brutal genocidio de nuestra historia.
Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre contra el pueblo venezolano, ordenó al Estado indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.
Sin duda alguna que El Caracazo constituye el punto de quiebre de la democracia representativa, el despertar colectivo de la conciencia de un pueblo que se ubica a sí mismo como el sujeto protagónico de su propia historia. El Caracazo también constituye el parto doloroso de una nueva etapa en nuestra lucha por la emancipación patria. Nunca más volveremos a ser los mismos; desde ese día se abrieron las grandes alamedas de la historia y echamos a andar.
YNDIRA VISNÚ LÓPEZ/CIUDAD CCS

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