Fue aprehendida el pasado 27 de enero
(Caracas, 31 de enero de 2014) El Ministerio Público logró privativa de libertad para María Dilia Sánchez Díaz, presidenta de una fundación, por presuntamente engañar a más de 300 personas en el estado Yaracuy, a quienes prometía gestionarles ayuda médica a cambio de recibir beneficios personales.
La mujer, quien alegaba tener vinculaciones con funcionarios públicos, fue aprehendida el pasado 27 de enero, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del mencionado estado.
En la audiencia de presentación, la fiscal 14º de Yaracuy, Moraidy Santeliz, imputó a Sánchez Díaz por presuntamente incurrir en el delito de suposición de valimiento con funcionario público, de acuerdo con lo previsto en el artículo 79 de la Ley contra la Corrupción.
El referido artículo señala que “La persona que alardeando de valimiento o de relaciones de importancia e influencia con cualquier funcionario público reciba o se haga prometer, para sí o para otro, dinero o cualquier otra utilidad, bien como estímulo o recompensa de su mediación, bien so pretexto de remunerar el logro de favores, será penado con prisión de dos (2) a siete (7) años; y con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, a quien dé o prometa el dinero o cualquier otra utilidad de las que se indican en este artículo, a menos que haya denunciado el hecho ante la autoridad competente antes de la iniciación del correspondiente proceso judicial”.
En ese sentido, el Tribunal 5º de Control de Yaracuy acogió la precalificación fiscal, dictó la medida privativa de libertad contra la mujer y fijó como lugar de reclusión la Comandancia General de la Policía de ese estado.
Según la investigación preliminar, funcionarios del Sebin recibieron una denuncia donde señalaban que Sánchez Díaz, quien decía tener contactos con funcionarios públicos, habría engañado a más de 300 personas para tramitarles ayudas médicas.
Por tal motivo, la mujer fue aprehendida por funcionarios del servicio de inteligencia, tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por la referida instancia judicial.
Vale destacar que en varios allanamientos efectuados en la sede de la fundación, fueron incautados elementos de interés criminalístico.
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