Por José Roberto Duque
Aunque la respuesta del gobierno venezolano a la actual situación de pandemia y calamidad planetaria ha sido de las más oportunas, el escenario y el clima emocional del país no parece ser propicio para el descanso o el bajar la guardia.
En cualquier época y en otras latitudes, las situaciones de tragedia o desgracia colectiva suelen o solían unir en un solo esfuerzo las voluntades alrededor de un solo objetivo o meta: el logro de la paz social, la superación del momento crítico y el fortalecimiento del espíritu de cuerpo nacional. Incluso cuando, al enumerar los factores movilizadores de opinión y voluntades, mencionamos a quienes han decidido destruir el proyecto bolivariano, recordamos que algo nos une como clan, como equipo, y es el solo hecho de haber nacido aquí.
Hay o debería haber un ser nacional, una condición común, un espíritu venezolano capaz de congregarnos, si no a empujar en una misma dirección, al menos a declarar el mínimo pacto de no agresión mientras trabajamos en el mantenimiento de la calma, el respeto a unas normas de resguardo de la seguridad física de las personas.
Pero el ansia de destrucción y la obsesión con la toma del poder o el control de Venezuela (o con su entrega a Estados Unidos) ha podido más que toda norma ética o tan siquiera racional. Asistimos al momento espantoso, grotesco, vergonzante, en que la facción que cumple órdenes de la potencia del norte aprovecha o quiere aprovechar la vulnerabilidad de Venezuela para intentar atribuirle toda la tragedia actual y potencial al gobierno legítimo (el único, el de Nicolás Maduro).
La estrategia es tan obvia, descarada y visible que ofende mencionarla como “resultado de un análisis”. Pero es necesario mapear o catalogar sus líneas de acción:
- Desaprobación, creación de dudas y sometimiento a burlas de todos los informes oficiales respecto a la propagación del coronavirus en el territorio venezolano.
- Adhesión automática e incondicional de los medios y entidades manipuladoras de redes sociales, al discurso generado en la Casa Blanca, en el sentido de que el virus que diezma a la humanidad es “chino”, y que los países aliados de Venezuela, e incluso el comunismo, son los responsables de su propagación.
- Fabricación de una matriz fantasma según la cual la cifra “real” de afectados por el virus es muchas veces superior a la que indican los reportes oficiales.
- Fabricación gradual de un expediente a ser utilizado en el futuro como extorsión o arma contra el gobierno: las entidades plegadas a Estados Unidos pudieran acusar al gobierno venezolano de ser culpable de una mortandad real o artificialmente construida.
La generación de pánico, dudas y repudio al gobierno venezolano entre la población ha sido una constante en la historia de los laboratorios antichavistas desde antes de la llegada de Chávez al poder: a Chávez se le atribuyó el desplome de la bolsa de Caracas cuando era candidato (culpar al gobierno anterior es un trámite más o menos constante en todas partes; culpar de una calamidad “al gobierno que viene” fue un fenómeno solo registrado aquí, en 1997–1998), la mortandad en la tragedia de Vargas y la costa venezolana en 1999, la mortandad perpetrada por policías y sicarios golpistas en abril de 2002; al chavismo se le culpó de la parálisis de la industria y el comercio ejecutado por Fedecámaras y la facción derechista de todos los gremios durante el sabotaje petrolero (2002–2003); a Chávez y al chavismo se le acusó de la violencia y la destrucción de bienes que Leopoldo López y su mayordomo Guevara ordenaron por instrucciones de Estados Unidos en 2014–2017.
Docenas de jóvenes murieron en las calles por empleo negligente de explosivos y armas letales, y el fascismo que armó y empujó a esos jóvenes a inmolarse ha querido sacar provecho de esas muertes.
La brigada de la desinformación
Fieles a esa práctica que ningún dividendo político les ha generado (favor remitirse al olímpico desprestigio del “liderazgo” guarimbero en las filas antichavistas), en la actual situación de pandemia, la estrategia del clan apadrinado y financiado por Estados Unidos y algunos países de Europa consiste en atribuirle al gobierno de Nicolás Maduro las muertes del virus, las conductas ciudadanas irresponsables y el silenciamiento de una presunta mortandad de cuya existencia sólo tienen referencias las fantasías conspiradoras del antichavismo.
El 21 de marzo, un periodista muy activo en la línea de propagación de dudas, pánico y mentiras disfrazadas de investigaciones fue detenido por las autoridades policiales. El sistema informativo al servicio de Estados Unidos se apresuró a difundir el hecho con una etiqueta ya bastante recurrida: “Ataque a la libertad de expresión y al derecho de informar y ser informados”.
El periodista en cuestión, así como docenas, centenares o miles de los que gravitan alrededor del gran financista norteamericano y su ejecutor de transacciones y transferencias, Juan Guaidó, se había plegado a la táctica consistente en desmentir con opiniones y rumores suyos y de sus amigos todos los informes oficiales.
Es fácil sembrar dudas a partir del número oficial de contagiados; es tan fácil como esperar que el gobierno diga una cifra y sincronizar al clan del pánico para que siembre dudas.
“No es verdad que haya 70 contagiados, porque mi colega Javier Mayorca se enteró de dos casos más”. Muy fácil, sí; lo difícil o imposible es explicarle al público, a un juez o a un fiscal cómo sabe el periodista si esos dos presuntos casos que a él “le acaban de llegar” (si es que le llegaron) no se encontraban ya en la lista oficial.
Es el informe de la estructura que cuenta con médicos, funcionarios y comunidad organizada desplegadas en cada metro cuadrado del país, contra la palabra irresponsable y malsana de un clan de fablistanes que no están en contacto con la noticia: por amor a Cristo, esos señores están encerrados en sus casas, no tienen forma de compilar información creíble sobre infectados y fallecidos.
Tratar de vender como noticia cualquier cadena o historia que te llega vía WhatsApp ya deja de ser aquí una actitud perversamente infantil, y pasa a covertirse en crimen contra la verdad, contra el derecho de la gente a vivir en paz, sobre todo en un momento difícil como el actual.
Para que el derecho de los ciudadanos a ser informados recobre su peso y su importancia, el derecho a informar debe pasar por el necesario filtro: la ética, la seriedad, el respeto mínimo por la verdad y por la inteligencia de los receptores de noticias. Decretar que yo tengo más y mejor información que el gobierno sin salir del cuarto desde donde manipulo mi teléfono, no es un procedimiento ni una actitud ética, seria ni respetuosa: es una actitud que se convierte en criminal cuando, para propagarla, utilizas el poder de las corporaciones del derrocamiento de gobiernos, mimetizadas en “ciudadanía haciendo uso de las redes”.
Con el objeto de resguardar la identidad y el derecho a la privacidad de los contagiados, el gobierno se abstiene de hacer públicos sus nombres y lugar de residencia. Esta necesaria y humanitaria característica de los reportes es aprovechada por la conspiración mediática para generar más temor en la población, uno de cuyos sectores ya no anhela noticias esperanzadoras o generadoras de alivio sino indicios o señales de que hay millones de venezolanos infectados o muertos, que el gobierno venezolano es culpable de esas muertes y que “tranquilos: ya vienen Guaidó y Estados Unidos a ocuparse y a salvarnos”.
No sólo la pandemia
Más allá de la más palpable realidad, que es el efectivo control del gobierno nacional sobre las medidas que evitarán una infección masiva de ciudadanos, el resto del escenario del marzo venezolano tiende a ser propicio para la profundización de esta y otras conspiraciones.
Es el más crudo y devastador momento de las sequías y de la quema espontánea o provocada de los sembradíos, lo que se traduce en merma o destrucción, todavía más dramática, de nuestra capacidad para producir alimentos.
Es un momento que “llega” todos los años por esta época con lo peor de la temporada seca: la difícil temporada de la producción cero o cercana a cero. Y el agravamiento debido a la situación de bloqueo y sanciones a quienes nos intenten vender alimentos.
No estamos produciendo ni importando comida, estamos en situación de pandemia y el resto de los países del trópico están consumiendo sus reservas, también con la producción devastada por la obligatoria paralización de los procesos.
El CLAP ha estado llegando a millones de familias cada vez con más productos venezolanos, sobre todo de harina precocida de maíz. La siembra de maíz para la próxima temporada se iniciará en abril o mayo, con la esperanza de que las lluvias no se retrasen debido a fenómenos climatológicos, lo que significa que la próxima cosecha de maíz está prevista para agosto.
Pero no hay muchos rubros capaces de surtirnos en el breve tiempo. Sólo la producción artesanal, familiar y local puede resolver algunas situaciones muy específicas, pero no responder.
El ministro de Agricultura y Tierras lo advirtió en breves declaraciones: hay que reducir el volumen del consumo de alimentos. Es el momento grande de nuestra capacidad de resistencia y organización, y esto como desafío a superar puede sonarle estimulante a un pueblo ya curtido en dificultades, sabotajes y calamidades.
Pero la conspiración continuará, y este nuevo ciclo planetario seguirá siendo usado como arma por Estados Unidos y sus aliados venezolanos, no en contra del gobierno, sino de los habitantes de Venezuela.
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