Credito: AVN
Caracas , 27 Feb. AVN.- El Gobierno revolucionario ha indemnizado a 600 víctimas de los hechos conocidos como El Caracazo, rebelión popular que se produjo el 27 de febrero de 1989 contra el paquetazo neoliberal impuesto por el entonces gobierno del adeco Carlos Andrés Pérez y en la que fueron reprimidos y masacrados cientos de ciudadanos por parte de organismos de seguridad del Estado.
La información la dio a conocer este sábado el jefe del bloque de diputados de la Patria, Héctor Rodríguez, a través de su usuario en Twitter, @HectoRodriguez.
"El Gobierno Bolivariano ha indemnizado unas 600 víctimas del Caracazo ocurrido el 27F y 28F de 1989 #BalanceSemanal", escribió en la red social.
Aunque las cifras oficiales revelan que la represión policial durante el estallido social del 27 de febrero de 1989 dejó un saldo de 300 muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes de organizaciones de derechos humanos hablan de al menos 3.500 personas fallecidas.
Fue el 11 de noviembre de 1999 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de una sentencia, dictó la responsabilidad del Estado venezolano en la violación de los derechos fundamentales de 44 víctimas de El Caracazo.
La resolución fue acatada por la Revolución Bolivariana con criterio de inclusión, por lo cual se acordó indemnizar al resto de las víctimas que no fueron incluidas en la sentencia de la referida instancia internacional.
Un primer procedimiento se realizó en 1999, cuando el comandante Hugo Chávez, como Presidente, reconoció los hechos de lesa humanidad del 27 y 28 de febrero de 1989 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual permitió la indemnización de 182 personas.
En 2007, la Fiscalía General de la República creó una Comisión Especial de Fiscales para conocer e investigar los hechos del 27 de febrero de 1989 y determinar otras víctimas.
Hasta 2014, el Ministerio Público tenía abiertos 336 expedientes de investigaciones sobre desaparecidos y fallecidos en El Caracazo.
Tras 27 años de la mencionada rebelión popular, cientos de familias venezolanas aún desconocen el paradero de sus parientes, que desaparecieron en medio de la fuerte represión de los cuerpos de seguridad del Estado de aquella época contra el pueblo.
En el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) en Venezuela se impusieron medidas económicas de corte neoliberal, dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las medidas, que se conocieron como El Paquetazo, implicaron la congelación de sueldos, la liberación de precios, el aumento del precio de la gasolina, así como el incremento de los costos de servicios públicos y la eliminación de los subsidios.
El Paquetazo, que dio paso a El Caracazo, desencadenó una ola de saqueos en supermercados, carnicerías, establecimientos de artículos electrónicos y línea blanca y la represión por parte de organismos de seguridad de la época.
Las protestas se iniciaron en Guarenas, estado Miranda, y en el área metropolitana de Caracas y La Guaira, además de Aragua, Carabobo y Mérida.
Al final hubo revueltas populares en casi todos los estados país, a excepción de Cojedes, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Amazonas.
La información la dio a conocer este sábado el jefe del bloque de diputados de la Patria, Héctor Rodríguez, a través de su usuario en Twitter, @HectoRodriguez.
"El Gobierno Bolivariano ha indemnizado unas 600 víctimas del Caracazo ocurrido el 27F y 28F de 1989 #BalanceSemanal", escribió en la red social.
Aunque las cifras oficiales revelan que la represión policial durante el estallido social del 27 de febrero de 1989 dejó un saldo de 300 muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes de organizaciones de derechos humanos hablan de al menos 3.500 personas fallecidas.
Fue el 11 de noviembre de 1999 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de una sentencia, dictó la responsabilidad del Estado venezolano en la violación de los derechos fundamentales de 44 víctimas de El Caracazo.
La resolución fue acatada por la Revolución Bolivariana con criterio de inclusión, por lo cual se acordó indemnizar al resto de las víctimas que no fueron incluidas en la sentencia de la referida instancia internacional.
Un primer procedimiento se realizó en 1999, cuando el comandante Hugo Chávez, como Presidente, reconoció los hechos de lesa humanidad del 27 y 28 de febrero de 1989 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual permitió la indemnización de 182 personas.
En 2007, la Fiscalía General de la República creó una Comisión Especial de Fiscales para conocer e investigar los hechos del 27 de febrero de 1989 y determinar otras víctimas.
Hasta 2014, el Ministerio Público tenía abiertos 336 expedientes de investigaciones sobre desaparecidos y fallecidos en El Caracazo.
Tras 27 años de la mencionada rebelión popular, cientos de familias venezolanas aún desconocen el paradero de sus parientes, que desaparecieron en medio de la fuerte represión de los cuerpos de seguridad del Estado de aquella época contra el pueblo.
En el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) en Venezuela se impusieron medidas económicas de corte neoliberal, dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las medidas, que se conocieron como El Paquetazo, implicaron la congelación de sueldos, la liberación de precios, el aumento del precio de la gasolina, así como el incremento de los costos de servicios públicos y la eliminación de los subsidios.
El Paquetazo, que dio paso a El Caracazo, desencadenó una ola de saqueos en supermercados, carnicerías, establecimientos de artículos electrónicos y línea blanca y la represión por parte de organismos de seguridad de la época.
Las protestas se iniciaron en Guarenas, estado Miranda, y en el área metropolitana de Caracas y La Guaira, además de Aragua, Carabobo y Mérida.
Al final hubo revueltas populares en casi todos los estados país, a excepción de Cojedes, Nueva Esparta, Delta Amacuro y Amazonas.
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