Luego de dos días de protestas por falta de materias primas, desmejoras y maltrato laboral, irregularidades, anoche fueron buscados por el CICPC hasta en casas de los amigos y se los llevaron detenidos.
Entre este miércoles 31 y ayer jueves 1ro, los trabajadores y trabajadoras de Lácteos Los Andes –empresa estatizada por Chávez– llevaron adelante jornadas de lucha por la grave situación de la empresa, marcada por una paralización de casi el 80% de la producción, ausencia de materia prima, contrato colectivo vencido y maltratos a sus trabajadores. En el estado Lara exigieron ser atendidos por la gobernadora y ex ministra de la Defensa, almirante Carmen Meléndez, no los atendió, en cambio, tres de los directivos del sindicato fueron apresados la noche de ayer por funcionarios del Cuerpos de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas (CICPC).
Lácteos Los Andes, productora de jugos artificiales y lácteos, agrupa a más de 6 mil trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, de los cuales 1.850 en Lara. En la acción de ayer los trabajadores trancaron la avenida Intercomunal, luego se dirigieron a la sede de la gobernación porque querían que la gobernación intercediera en la situación de la empresa, sin embargo, esperaron en vano durante varias horas. Dos funcionarias en algún momento se acercaron para decir que recibirían a una pequeña comisión, los trabajadores dijeron que querían hablarían en la avenida, en la concentración… nunca bajó ninguna autoridad.
Ángel Manuel Medina, dirigente del sindicato, declaró que simultáneamente a su acción de ayer en Lara, trabajadores de otras plantas de la empresa en otras partes del país estarían realizando acciones de protesta.
Los trabajadores llevan 20 meses con el contrato colectivo vencido, padecen deducciones ilegales y acoso laboral por parte de los directivos de la empresa. Denuncian un virtual paro técnico: de las 45 mil toneladas que producía la empresa, apenas están llegando hoy a 5 mil, la planta de Cabudare está paralizada, no por acciones de los trabajadores sino por falta de insumos y materia prima. Denuncian mala gestión e irregularidades por parte de los burócratas que puso el gobierno a dirigir la empresa, una vez nacionalizada. Se sabe, por ejemplo, de la importación de pulpa de fruta a empresas de México y Brasil, en lugar de a productores nacionales, por el solo interés de hacer negocios turbios con ese mecanismo, dándose situaciones similares con el departamento de lácteos.
“Nos quieren liquidar. Queremos trabajar y que nos paguen”
Los trabajadores sospechan que detrás de toda la situación actual de la empresa hay intereses ocultos de cerrar la empresa y mandarlos a la calle con cualquier liquidación. Denuncian que el gobierno le otorga créditos a grandes empresas de la burguesía nacional y del capital imperialista, podemos señalar los ejemplos de Polar (Lorenzo Mendoza), Ron Santa Teresa (Alberto Vollmer), El Tunal (empresa privada de la misma rama industrial que Los Andes) y Procter & Gamble, mientras mantienen a esta empresa pública en estas condiciones.
Tiene bases esta sospecha de los trabajadores, pues el gobierno de Maduro viene operando un giro hacia la reprivatización de varias de las empresas nacionales que fueron estatizadas años atrás, en momentos de la “bonanza petrolera”. En el sector petrolero inició la devolución de empresas nacionales de servicios a los antiguos propietarios privados, la red de Abastos Bicentenario, luego de efectuar una serie de despidos masivos el año pasado, fue puesta en venta (no hay información clara y oficial sobre si ya se concretó la venta y a quién).
Por supuesto, no solo los capitalistas nacionales y extranjeros esperan hacerse con estas empresas a precios de gallina flaca –como en la ofensiva neoliberal de los 90’s–, sino también esos nuevos ricos que han surgido con el chavismo, al calor de sus posiciones en el manejo del Estado, la renta petrolera y las empresas estatizadas. No sería de extrañar, por tanto, que en más de una ocasión sean esos mismos directivos de las empresas nacionalizadas quienes figuren entre los compradores de las mismas, una vez que las llevaron a la quiebra. Burócratas convertidos en capitalistas, tal es la dinámica social de toda una casta que se desarrolló hablando de… “socialismo”.
Presos los directivos del sindicato
La respuesta del gobierno, conducido hoy por una suerte de casta “cívico-militar” –cada vez más militar que cívica–, ha sido la indiferencia primero, y luego la bota represiva. Tras una búsqueda tanto en la fábrica como en sus propias casas, y hasta en casas de los amigos, una verdadera persecución, fueron apresados anoche el presidente del sindicato Exio Urriola, el secretario general Carlos Mora y el secretario de reclamos Jimmy Marchán. Los mantienen actualmente en la sede del CICPC. “Presos por reclamar nuestros derechos y decir la verdad”, dicen los trabajadores.
El gobierno abiertamente bonapartista, cada vez más sostenido por las Fuerzas Armadas, tiene un entramado de mecanismos donde la persecución y la represión no están solo al servicio de su propio mantenimiento en el poder, impedir o mantener a raya las protestas obreras y populares, sino incluso de acallar y anular cualquier voz que denuncie y ponga al desnudo sus ignominiosos negocios con los recursos y empresas públicas, su responsabilidad en el desastre al que han conducido a las empresas estatales y estatizadas. Los obreros dicen la verdad de la situación de las empresas, los burócratas del Estado usan la policía y la prisión para acallarlos.
Es necesario redoblar los esfuerzos por la coordinación de las luchas y las corrientes sindicales y políticas que defienden los intereses de la clase obrera, para luchar contra la coacción y represión. En lo inmediato, exigir la liberación inmediata y sin cargos de los dirigentes de los trabajadores de Lácteos Los Andes.
Entre este miércoles 31 y ayer jueves 1ro, los trabajadores y trabajadoras de Lácteos Los Andes –empresa estatizada por Chávez– llevaron adelante jornadas de lucha por la grave situación de la empresa, marcada por una paralización de casi el 80% de la producción, ausencia de materia prima, contrato colectivo vencido y maltratos a sus trabajadores. En el estado Lara exigieron ser atendidos por la gobernadora y ex ministra de la Defensa, almirante Carmen Meléndez, no los atendió, en cambio, tres de los directivos del sindicato fueron apresados la noche de ayer por funcionarios del Cuerpos de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas (CICPC).
Lácteos Los Andes, productora de jugos artificiales y lácteos, agrupa a más de 6 mil trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, de los cuales 1.850 en Lara. En la acción de ayer los trabajadores trancaron la avenida Intercomunal, luego se dirigieron a la sede de la gobernación porque querían que la gobernación intercediera en la situación de la empresa, sin embargo, esperaron en vano durante varias horas. Dos funcionarias en algún momento se acercaron para decir que recibirían a una pequeña comisión, los trabajadores dijeron que querían hablarían en la avenida, en la concentración… nunca bajó ninguna autoridad.
Ángel Manuel Medina, dirigente del sindicato, declaró que simultáneamente a su acción de ayer en Lara, trabajadores de otras plantas de la empresa en otras partes del país estarían realizando acciones de protesta.
Los trabajadores llevan 20 meses con el contrato colectivo vencido, padecen deducciones ilegales y acoso laboral por parte de los directivos de la empresa. Denuncian un virtual paro técnico: de las 45 mil toneladas que producía la empresa, apenas están llegando hoy a 5 mil, la planta de Cabudare está paralizada, no por acciones de los trabajadores sino por falta de insumos y materia prima. Denuncian mala gestión e irregularidades por parte de los burócratas que puso el gobierno a dirigir la empresa, una vez nacionalizada. Se sabe, por ejemplo, de la importación de pulpa de fruta a empresas de México y Brasil, en lugar de a productores nacionales, por el solo interés de hacer negocios turbios con ese mecanismo, dándose situaciones similares con el departamento de lácteos.
“Nos quieren liquidar. Queremos trabajar y que nos paguen”
Los trabajadores sospechan que detrás de toda la situación actual de la empresa hay intereses ocultos de cerrar la empresa y mandarlos a la calle con cualquier liquidación. Denuncian que el gobierno le otorga créditos a grandes empresas de la burguesía nacional y del capital imperialista, podemos señalar los ejemplos de Polar (Lorenzo Mendoza), Ron Santa Teresa (Alberto Vollmer), El Tunal (empresa privada de la misma rama industrial que Los Andes) y Procter & Gamble, mientras mantienen a esta empresa pública en estas condiciones.
Tiene bases esta sospecha de los trabajadores, pues el gobierno de Maduro viene operando un giro hacia la reprivatización de varias de las empresas nacionales que fueron estatizadas años atrás, en momentos de la “bonanza petrolera”. En el sector petrolero inició la devolución de empresas nacionales de servicios a los antiguos propietarios privados, la red de Abastos Bicentenario, luego de efectuar una serie de despidos masivos el año pasado, fue puesta en venta (no hay información clara y oficial sobre si ya se concretó la venta y a quién).
Por supuesto, no solo los capitalistas nacionales y extranjeros esperan hacerse con estas empresas a precios de gallina flaca –como en la ofensiva neoliberal de los 90’s–, sino también esos nuevos ricos que han surgido con el chavismo, al calor de sus posiciones en el manejo del Estado, la renta petrolera y las empresas estatizadas. No sería de extrañar, por tanto, que en más de una ocasión sean esos mismos directivos de las empresas nacionalizadas quienes figuren entre los compradores de las mismas, una vez que las llevaron a la quiebra. Burócratas convertidos en capitalistas, tal es la dinámica social de toda una casta que se desarrolló hablando de… “socialismo”.
Presos los directivos del sindicato
La respuesta del gobierno, conducido hoy por una suerte de casta “cívico-militar” –cada vez más militar que cívica–, ha sido la indiferencia primero, y luego la bota represiva. Tras una búsqueda tanto en la fábrica como en sus propias casas, y hasta en casas de los amigos, una verdadera persecución, fueron apresados anoche el presidente del sindicato Exio Urriola, el secretario general Carlos Mora y el secretario de reclamos Jimmy Marchán. Los mantienen actualmente en la sede del CICPC. “Presos por reclamar nuestros derechos y decir la verdad”, dicen los trabajadores.
El gobierno abiertamente bonapartista, cada vez más sostenido por las Fuerzas Armadas, tiene un entramado de mecanismos donde la persecución y la represión no están solo al servicio de su propio mantenimiento en el poder, impedir o mantener a raya las protestas obreras y populares, sino incluso de acallar y anular cualquier voz que denuncie y ponga al desnudo sus ignominiosos negocios con los recursos y empresas públicas, su responsabilidad en el desastre al que han conducido a las empresas estatales y estatizadas. Los obreros dicen la verdad de la situación de las empresas, los burócratas del Estado usan la policía y la prisión para acallarlos.
Es necesario redoblar los esfuerzos por la coordinación de las luchas y las corrientes sindicales y políticas que defienden los intereses de la clase obrera, para luchar contra la coacción y represión. En lo inmediato, exigir la liberación inmediata y sin cargos de los dirigentes de los trabajadores de Lácteos Los Andes.
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