Foto archivo agencias
Caracas, 19 de julio de 2018.- De la noche a la mañana de este jueves, luego de horas de feroces debates, con 62 votos a favor y 55 en contra la Knéset israelí (el Parlamento nacional) aprobó el proyecto de ley del Estado nacional del pueblo judío que promueve los asentamientos exclusivamente judíos, quita al idioma árabe el estatus oficial y otorga el derecho de autodeterminación solo al pueblo judío, informó Haaretz.
Los críticos afirman que la norma convierte a los árabes israelíes –una cuarta parte de la población– en ciudadanos de segunda clase, raya en ‘apartheid’ y es racista, reseñó la agencia RT en su portal web.
Se trata de una ley básica (casi lo mismo que una ley constitucional) que entrará en vigor tan pronto como se publique en el Boletín Oficial del Parlamento.
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¿Por qué es tan controvertida?
La nueva ley define oficialmente a Israel como la patria nacional del pueblo judío y afirma que “el ejercicio del derecho de autodeterminación nacional en Israel es únicamente para el pueblo judío”
También incluye cláusulas que establecen que una “Jerusalén unida” es la capital de Israel y que solo el hebreo es el idioma oficial del país
Otra cláusula prevé que “el Estado ve el desarrollo del asentamiento judío como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y consolidación”
La ley, que comenzó a ser elaborada desde el 2011 y cuenta con el apoyo incondicional del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ha desatado una ola de protestas tanto en el país como en la influyente diáspora judía en EE.UU.
En el centro de la controversia está la parte de la ley destinada a promover el “establecimiento y consolidación” de los asentamientos judíos, que está siendo criticada por la oposición como una abreviatura de la segregación que raya con el ‘apartheid’.
Además, los críticos de la norma argumentan que la ley convierte a unos 1,8 millones de árabes israelíes, una cuarta parte de la población, en ciudadanos de segunda clase.
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¿Por qué es tan controvertida?
La nueva ley define oficialmente a Israel como la patria nacional del pueblo judío y afirma que “el ejercicio del derecho de autodeterminación nacional en Israel es únicamente para el pueblo judío”.
También incluye cláusulas que establecen que una “Jerusalén unida” es la capital de Israel y que solo el hebreo es el idioma oficial del país.
Otra cláusula prevé que “el Estado ve el desarrollo del asentamiento judío como un valor nacional y actuará para alentar y promover su establecimiento y consolidación”.
La ley, que comenzó a ser elaborada desde el 2011 y cuenta con el apoyo incondicional del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ha desatado una ola de protestas tanto en el país como en la influyente diáspora judía en EE.UU.
En el centro de la controversia está la parte de la ley destinada a promover el “establecimiento y consolidación” de los asentamientos judíos, que está siendo criticada por la oposición como una abreviatura de la segregación que raya con el ‘apartheid’.
Además, los críticos de la norma argumentan que la ley convierte a unos 1,8 millones de árabes israelíes, una cuarta parte de la población, en ciudadanos de segunda clase.
Reacción de la comunidad
Inmediatamente después de la aprobación de la ley, los legisladores árabes rompieron los borradores impresos del proyecto de ley en señal de protesta, tachando la ley de “apartheid” y “racista”, tras lo cual abandonaron el pleno.
El legislador Ayman Odeh, presidente de la Lista Conjunta, alianza política de cuatro partidos árabes en el Parlamento, emitió un comunicado diciendo que Israel “declaró que no nos quiere aquí” y que había “aprobado una ley de supremacía judía y nos dijo que siempre seremos ciudadanos de segunda clase”.
Además, la naturaleza divisiva del proyecto de ley había provocado que miles de personas, incluidos árabes y judíos seculares, salieran a las calles en señal de protesta. No obstante, esto no ha impedido que Netanyahu aclamara su aprobación como un gran éxito.
“Con esta ley determinamos el principio fundacional de nuestra existencia. Israel es el Estado nacional del pueblo judío y respeta los derechos de todos sus ciudadanos”, declaró Netanyahu, al añadir que el Estado judío es “la única democracia en Oriente Medio”.
El secretario de la Federación Musulmana de España, Yusuf Fernández, opinó que se trata de una ley que viola los principios de la ONU y sitúa a Israel en el mismo escenario que Sudáfrica, ya que representa un ejemplo muy claro de ‘apartheid’.
El delicado equilibrio
La comunidad judía se ha dividido respecto a la ley. Antes de su adopción, 14 organizaciones judías estadounidenses transmitieron sus preocupaciones al presidente de la Agencia Judía para la Tierra de Israel, Isaac Herzog, quien ha sido crítico enérgico del proyecto.
“La cuestión es si la ley dañará o beneficiará a Israel. Realmente espero que no dañemos el delicado equilibrio entre un Estado judío y un Estado democrático”, declaró Herzog durante los debates en la sesión plenaria.
Por otra parte, el director ejecutivo de New Israel Fund, Daniel Sokatch, dijo que el proyecto de ley es “completamente incompatible” con el “fundamento democrático” del Estado israelí.
Antes de ser votada, la norma también fue rechazada por el presidente israelí, Reuven Rivlin, quien había escrito una carta abierta al respecto, y por varios partidos de la oposición. Incluso la formación ultranacionalista Yisrael Beiteinu del ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, habían anunciado su rechazo y oposición al proyecto legal.

ANTECEDENTE
El apartheid (separación, en idioma afrikáans)​ fue un régimen de segregación racial, violento, injusto y desproporcionado que establecieron los colonos blancos de origen neerlandés (los afrikáner) contra la población negra en Sudáfrica, para no perder sus privilegios históricos en este territorio del sur de África. Fue tal la ilegalidad, que el derecho internacional lo define como un crimen de lesa humanidad (Crimen de apartheid).
Por extensión se denomina apartheid a cualquier tipo de diferenciación social dentro del contexto de una nación, mediante la cual un sector de la población tiene plenos derechos y otro sector se relega a un estatus de marginalidad. /JB
Fuente: RT