— septiembre 26, 2014 0 2
La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) autorizará a partir de octubre a los delegados populares para que puedan fiscalizar los abastos y supermercados, quienes tendrán facultades para verificar que la mercancía que reciben sea puesta a la venta y no sea desviada al comercio informal.
El Superintendente de Precios, Andrés Eloy Méndez, señaló que “con la incorporación del poder popular organizado” van a duplicar la cantidad fiscales.
“El verdadero aporte de la lucha contra el contrabando está en la incorporación consciente del poder popular organizado. De cada UBCH dos miembros serán inspectores populares de la superintendencia”, dijo Méndez.
Explicó que “cada fiscal, jefe de círculo de lucha, será contratado tendrán una sala situacional para que, con el componente militar, reciban las guías de las mercancías de esa parroquia, las guías de movilización del azúcar, el aceite, el arroz”.
Con eso el fiscal de la Sundde, con sus inspectores populares, irán a fiscalizar e inspeccionar que no desvíen los productos.
“Según esta guía les llegó una gandola con harina. Si no está en el supermercado y el señor no lo puede justificar llaman a las fuerzas armadas y que responda dónde está esa mercancía. Aquí un grupo de delincuentes quieren doblegarnos por hambre, escasez y resulta que el Gobierno está dando recursos para que los productos lleguen al pueblo”.
Méndez recordó que las penas por los delitos de especulación y acaparamiento oscila entre 10 y 12 años. Se refirió a un caso en el mercado de Catia donde un comerciante tenía 14 toneladas de aceite y harina precocida de Mercal.
“He puesto al señor a la orden del Ministerio Público, entre 10 y 12 años de cárcel, es la ley que se aplica con el pueblo”, sentenció.
En marcha
El vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Yván Gil, informó que desde el 18 de septiembre está en marcha el uso de máquinas captahuellas en las redes del Estado: Mercal, Pdval y Abasto Bicentenario.
Aseguró que en la red no se limitarán las compras de los consumidores. Sin embargo, el ministro de alimentación, Yván Bello, dijo que las personas no podrán comprar todos los días el mismo rubro.
En el Sistema Biométrico se han registrado más de 785 mil personas. Sólo en la red pública cuentan 35 mil ciudadanos.
Fuente: Angie Contreras / El Universal.
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