miércoles, 26 de febrero de 2014

Privan de libertad a cinco funcionarios del Sebin por muerte de dos personas el 12-F



Credito: Referencial Archivo

26-01-14.-El Ministerio Público logró privativa de libertad para cinco funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por su presunta vinculación con la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya, ocurridas el pasado 12 de febrero, en la parroquia Candelaria, municipio Libertador del Distrito Capital.

En la audiencia de presentación, los fiscales 36° nacional y 55° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Johana Peña y Miguel Hernández, respectivamente, imputaron a Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez Pérez, Jimmy Sáez y Jonfer Márquez, así lo informó el Ministerio Público en un boletín de prensa.

Dichos funcionarios fueron imputados por presuntamente incurrir en los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos innobles, uso indebido de arma orgánica, quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República, asociación para delinquir y obstaculización a la administración de justicia a favor de un grupo de delincuencia organizada.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 48° de Control del AMC dictó medida privativa de libertad para los cinco hombres, quienes permanecerán recluidos en la sede del Sebin.

Los cinco funcionarios fueron detenidos el pasado 24 de febrero, en virtud de las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el Tribunal 48° de Control del AMC.

Vale mencionar que por este caso también se encuentran privados de libertad los funcionarios Andry Jaspe López y Jonathan Rodríguez Duarte, por la presunta comisión de los delitos antes mencionados.

Adicionalmente, por los hechos de violencia ocurridos el pasado 12 de febrero en la referida parroquia, está privado de libertad el funcionario del Sebin Melvin Collazo, quien fue imputado por los delitos de uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República.

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