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Caracas, 01 Abr. AVN.- La llamada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada el pasado martes por la fracción parlamentaria de oposición, es una normativa amoral e inconstitucional que pretende borrar los hechos de corrupción ocurridos en el país desde 1999.
Así lo afirmó el contralor y presidente del Consejo Moral Republicano de Venezuela, Manuel Galindo, durante una rueda de prensa ofrecida este viernes desde la sede de la Contraloría, ubicada en Caracas.
"Se pretende con una ley borrar todos lo hechos, faltas u omisiones que traen como consecuencia la corrupción. Se busca fortalecer la corrupción y premiar al corrupto", rechazó el máximo representante del Poder Ciudadano.
"Esta ley es inconstitucional en todas y cada una de sus partes. Atenta contra la ética pública y moral administrativa", agregó.
Asimismo señaló que se trata de un instrumento que viola de manera directa los Derechos Humanos y cercena las competencias del Estado, pues el ejercicio de la corrupción, amparado en esta normativa, desvía los recursos que requiere el Gobierno para cumplir con las garantías fundamentales de los venezolanos, priva al colectivo al acceso igualitario de servicios públicos de calidad, reduce el progreso social y económico del país y conduce a la crisis financiera nacional.
Entre los hechos punibles que abarca esta llamada ley de amnistía se incluyen no sólo a las guarimbas y los intentos golpistas en contra del presidente constitucional, Nicolás Maduro, sino también los crímenes en contra del sector campesino, los delitos perpetrados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2001, el paro petrolero de 2002, entre otras situaciones que quebrantaron la paz y la estabilidad en Venezuela.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Red Nacional de Derechos Humanos, se estima que con esta aprobación alrededor de unas 5.000 personas podrían ser absueltas de sus responsabilidades en diferentes delitos, entre ellos Leopoldo López, artífice del intento fallido de golpe de Estado en 2014 que provocó la muerte de 43 personas, una de ellas Adriana Urquiola, de 28 años de edad, quien fue alcanzada por una bala durante manifestaciones violentas en el sector Los Nuevos Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda.
También, podrían ser exonerados de sanciones penales Antonio Ledezma, procesado por delitos cometidos contra la constitución y la paz del pueblo venezolano, y Guillermo Zuloaga, relacionado con el delito de usura y el presunto almacenamiento ilegal de vehículos.
En este sentido, reiteró que a pesar de que el parlamento haya sancionado esta normativa, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es el máximo órgano interpretativo de leyes en el país y aseveró, también, que el pueblo como pilar fundamental del Estado tiene competencia para desconocer cualquier resolución que contravenga los principios de la Constitución Bolivariana.
Al respecto, Galindo destacó que la Contraloría realizará un esfuerzo importante para llevar al pueblo, de manera formativa y educativa, los principios de la Carta Magna y los objetivos reales de esta ley de impunidad promovida por sectores de la derecha venezolana, a fin de impulsar la batalla en contra de la corrupción.
"Todos los delitos deben ser condenados y sancionados. La violación a los principios éticos y morales no puede ni será aplicable en este país", sentenció.
