Además de lograr la celeridad procesal y descongestionar los centro penitenciarios
(Caracas, 15 de noviembre de 2013) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, expresó que con la municipalización de la justicia se busca descongestionar los centros penitenciarios, lograr la celeridad procesal y la transformación de la justicia con el Poder Popular, para que la misma sea rápida y efectiva.
Durante su participación en el I Encuentro del Sistema de Justicia con Consejos Comunales del Distrito Capital realizado en el Tribunal Supremo de Justicia, la máxima representante del Ministerio Público refirió que el Código Orgánico Procesal Penal establece el procedimiento para el juzgamiento de los delitos menos graves y contempla las medidas alternativas a la prosecución del proceso, entre estas la suspensión condicional.
Explicó que una de esas medidas es el trabajo comunitario, el cual debe ser supervisado por la organización social correspondiente. Se debe vigilar que la persona a quien se le impuso la medida alternativa cumpla con la misma, que reflexione acerca del hecho en el cual incurrió.
“Aquí es donde interviene la comunidad, a través de los consejos comunales, para cumplir un papel protagónico de control para la realización de la justicia”.
Resaltó el rol de los consejos comunales para la paz y la justicia; por lo que se requiere la integración plena de los consejos no sólo con el Ministerio Público, sino también con la Defensoría Pública, el Tribunal Supremo de Justicia, articulando también con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales.
Añadió que se debe apostar al éxito de actividades como el referido Encuentro, porque de esa manera se logra un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia.
Recordó que desde el año 2008, esta institución ha venido trabajando en la municipalización de la justicia con la creación de las fiscalías municipales, prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público, y de la Coordinación de Gestión Social, que actualmente funciona como una Dirección.
Recordó que desde el año 2008, esta institución ha venido trabajando en la municipalización de la justicia con la creación de las fiscalías municipales, prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público, y de la Coordinación de Gestión Social, que actualmente funciona como una Dirección.
Ortega Díaz indicó que se articula con las comunidades, considerando que el delito es un hecho social, por lo que destacó que no se puede aislar el delito de la gente, porque son los ciudadanos quienes incurren en hechos delictivos y además son víctimas.
De allí que se debe articular permanentemente con las comunidades para tener nexos mas cercanos, más sinceros, y así acercar la justicia al pueblo.
Vale señalar que el Ministerio Público cuenta actualmente con 27 fiscalías municipales, ubicadas en el área metropolitana de Caracas, y en los estados Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Yaracuy y Zulia.
La Fiscal General dijo que el proceso de municipalización de la justicia comenzó su concreción con la creación de los tribunales municipales, los cuales conocen delitos cuya penas máximas no excedan de ocho años.
Hizo referencia al caso de la señora Ninoska Perera, a quien le fue impuesta una medida de trabajo comunitario, quien además reflexionó sobre el hecho cometido. Expresó que eso es lo que se quiere con la municipalización, que la gente reflexione sobre el problema ocurrido y que, en consecuencia, pueda convivir, fortaleciendo la sana convivencia, la paz y no la violencia, que es la generadora de delitos.
Dijo que los organismos requieren, fundamentalmente el Poder Judicial, de información actualizada de los consejos comunales y organizaciones sociales que hacen vida en las circunscripciones judiciales, además de los planes de desarrollo comunal.
Tal información es necesaria para la imposición de la sanción por parte del juez, porque si se conocen los requerimientos se impondrá la medida adecuada y, por consiguiente, se fortalecerá la comunidad, precisó Ortega Díaz.
Manifestó que se han realizado mesas de trabajo, discusiones, en las que se ha llegado a acuerdos como la necesidad del consenso; que las comunidades tengan claridad en cuanto a los delitos en los que se debe aplicar el procedimiento. Finalmente, expresó la indeclinable vocación y dedicación de lograr el continuo perfeccionamiento del sistema de justicia penal, para ello se debe contar con el pueblo organizado. “Vamos a buscar afinar los distintos componentes a objeto de conseguir que el juzgamiento por la comisión de delitos menos graves se realice de manera expedita y efectiva, con la inclusión protagónica de los consejos comunales y de quienes sean transgresores de las normas”.
Manifestó que se han realizado mesas de trabajo, discusiones, en las que se ha llegado a acuerdos como la necesidad del consenso; que las comunidades tengan claridad en cuanto a los delitos en los que se debe aplicar el procedimiento. Finalmente, expresó la indeclinable vocación y dedicación de lograr el continuo perfeccionamiento del sistema de justicia penal, para ello se debe contar con el pueblo organizado. “Vamos a buscar afinar los distintos componentes a objeto de conseguir que el juzgamiento por la comisión de delitos menos graves se realice de manera expedita y efectiva, con la inclusión protagónica de los consejos comunales y de quienes sean transgresores de las normas”.
LM
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