Aldemaro Barrios R.
Próximamente la Biblioteca Nacional de Venezuela recibirá una importante donación hecha por la extinta Comisión por la Justicia y la Verdad de un lote de libros del “Informe Final contra el Silencio y el Olvido” hasta ahora bajo resguardo en el Centro Nacional de Historia, resultado de 4 años de investigación de la citada Comisión, donde concurrieron diversas instituciones del estado que aportaron a esa gestión investigativa sobre las violaciones a los derechos humanos durante el Puntofijismo, desde la militar (Ministerio de la Defensa) pasando la importante contribución del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y otras instituciones del estado venezolano.
La entrega será en la Sala Manuel Segundo Sánchez en el piso 2 de la Sede Administrativa de la Biblioteca Nacional el lunes 29 de abril a las 11 de la mañana, donde estarán las autoridades y el pueblo víctima de violaciones a los DDHH por razones políticas que aun demandan actos de justicia por los desaparecidos, torturados y asesinados durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei.
La historia nos da los elementos metodológicos para sustanciar lo que los archivólogos llaman tránsito documental, eso es que expedientes, especialmente criminales, que por muchos años permanecieron como “históricos” o mal llamados “muertos” ahora pasen a archivos medios y de gestión, al activarse las averiguaciones judiciales sobre los asuntos pendientes con la justicia y registrar documentos muchos veces olvidados u ocultos pero que guardan información que aportan datos a procesos judiciales actuales, así el hecho haya ocurrido hace 50 años o más.
Citaremos solo algunos casos de las más de 10 mil víctimas directas reportadas por la CVJ:
El 23 de marzo de 1967 asesinan a José Chema Saher, joven guerrillero alzado y herido en las montañas de El Bachiller, fue capturado y rendido vivo junto al médico José Mendoza Ovalles luego ajusticiados por funcionarios de la DIGEPOL, la policía política durante el gobierno de Raúl Leoni.
El mismo día del mismo año asesinan, le cortan las manos y desaparecen al Teniente Nicolás Hurtado Barrios, jefe guerrillero en las montañas de Portuguesa, quien se había rendido luego de un tiroteo con miembros del ejército en el sector Aguas Dormidas de esa entidad, sus restos no han aparecido, no obstante las diligencias de sus familiares y las denuncias hechas por miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad y asentadas en el Informe Final contra el Silencio y el Olvido de 2017.
Finalmente el caso de Antonio Briones Montoto, miliciano cubano capturado luego del desembarco de Machurucuto y asesinado por militares que lo custodiaban el 8 de mayo de 1967 bajo la coartada de intento de fuga expuesta por un oficial encargado de su custodia en ese campamento antiguerrillero, donde el prisionero fue llevado luego de ser sorprendido en esa población. Briones Montoto, como ciudadano cubano debió ser procesado de acuerdo al estado de derecho vigente. Hoy el oficial que presuntamente ordenó el tiro de gracia que le cegó la vida al miliciano cubano, está retirado con fuero de alto oficial de la Fuerza Armada y activo beligerante oposicionista, como muchos agentes que aún planifican y ejecutan actos violentos en Venezuela desde trincheras opositoras.
Todos estos asesinatos, más otros reseñados en el “Informe Final contra el Silencio y el Olvido”, durante los años 60, 70, 80 y 90 tienen expedientes abiertos y mantienen la categoría de archivos de gestión judicial, algunos con imputaciones pero en espera de seguimiento del proceso de justicia, muchos con la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Durante el gobierno de Raúl Leoni se registró el mayor número de asesinatos por razones políticas efectuados por funcionarios policiales o militares, con coartadas sin fundamentos probatorios que formaron parte de una política agresiva estimulada por un discurso público de exterminio y terror a la insurgencia, tal y como lo muestran los documentos recopilados en la investigaciones realizadas por la Comisión por la Justicia y la Verdad sobre violaciones a los derechos humanos en el periodo 1958 a 1998.
Contraviniendo lo instituido en la Constitución de 1961 sobre la preservación de la vida como derecho fundamental, el Puntofijismo aplicó una política concertada con las estrategias globales de seguridad hemisférica que el gobierno de los Estados Unidos impuso a los países latinoamericanos con gobiernos de derecha donde surgieron focos guerrilleros alzados en armas dentro del marco histórico de la Guerra Fría, cuando se aplicaron métodos sistemáticos de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas usando manuales y programas violatorias del estado de derecho.
Documentos desclasificados recientemente dan cuenta de los ingentes recursos aportados por el Gobierno de Kennedy y especialmente por Lyndon Johnson al gobierno de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni en parque, logística y asesoría militar y policial para cumplir con la orden de “exterminio” de las guerrillas venezolanas y consolidar el control territorial y dominio sobre nuestros recursos naturales con la anuencia de la clase política que entregó la soberanía nacional al gobierno de los Estados Unidos.
Ahora la Red de Bibliotecas Públicas de Venezuela tendrá en cada una de sus bibliotecas un ejemplar del “Informe Final contra el silencio y el olvido” (2017) para que el pueblo venezolano conozca lo ocurrido durante 40 años cuando se aplicaba el terrorismo de estado implantado durante el Puntofijismo. El mencionado informe se puede ubicar en formato digital colocando su título en www.comisión por la verdad.org.ve y en otros portales nacionales e internacionales en internet.
La entrega será en la Sala Manuel Segundo Sánchez en el piso 2 de la Sede Administrativa de la Biblioteca Nacional el lunes 29 de abril a las 11 de la mañana, donde estarán las autoridades y el pueblo víctima de violaciones a los DDHH por razones políticas que aun demandan actos de justicia por los desaparecidos, torturados y asesinados durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei.
La historia nos da los elementos metodológicos para sustanciar lo que los archivólogos llaman tránsito documental, eso es que expedientes, especialmente criminales, que por muchos años permanecieron como “históricos” o mal llamados “muertos” ahora pasen a archivos medios y de gestión, al activarse las averiguaciones judiciales sobre los asuntos pendientes con la justicia y registrar documentos muchos veces olvidados u ocultos pero que guardan información que aportan datos a procesos judiciales actuales, así el hecho haya ocurrido hace 50 años o más.
Citaremos solo algunos casos de las más de 10 mil víctimas directas reportadas por la CVJ:
El 23 de marzo de 1967 asesinan a José Chema Saher, joven guerrillero alzado y herido en las montañas de El Bachiller, fue capturado y rendido vivo junto al médico José Mendoza Ovalles luego ajusticiados por funcionarios de la DIGEPOL, la policía política durante el gobierno de Raúl Leoni.
El mismo día del mismo año asesinan, le cortan las manos y desaparecen al Teniente Nicolás Hurtado Barrios, jefe guerrillero en las montañas de Portuguesa, quien se había rendido luego de un tiroteo con miembros del ejército en el sector Aguas Dormidas de esa entidad, sus restos no han aparecido, no obstante las diligencias de sus familiares y las denuncias hechas por miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad y asentadas en el Informe Final contra el Silencio y el Olvido de 2017.
Finalmente el caso de Antonio Briones Montoto, miliciano cubano capturado luego del desembarco de Machurucuto y asesinado por militares que lo custodiaban el 8 de mayo de 1967 bajo la coartada de intento de fuga expuesta por un oficial encargado de su custodia en ese campamento antiguerrillero, donde el prisionero fue llevado luego de ser sorprendido en esa población. Briones Montoto, como ciudadano cubano debió ser procesado de acuerdo al estado de derecho vigente. Hoy el oficial que presuntamente ordenó el tiro de gracia que le cegó la vida al miliciano cubano, está retirado con fuero de alto oficial de la Fuerza Armada y activo beligerante oposicionista, como muchos agentes que aún planifican y ejecutan actos violentos en Venezuela desde trincheras opositoras.
Todos estos asesinatos, más otros reseñados en el “Informe Final contra el Silencio y el Olvido”, durante los años 60, 70, 80 y 90 tienen expedientes abiertos y mantienen la categoría de archivos de gestión judicial, algunos con imputaciones pero en espera de seguimiento del proceso de justicia, muchos con la categoría de crímenes de lesa humanidad.
Durante el gobierno de Raúl Leoni se registró el mayor número de asesinatos por razones políticas efectuados por funcionarios policiales o militares, con coartadas sin fundamentos probatorios que formaron parte de una política agresiva estimulada por un discurso público de exterminio y terror a la insurgencia, tal y como lo muestran los documentos recopilados en la investigaciones realizadas por la Comisión por la Justicia y la Verdad sobre violaciones a los derechos humanos en el periodo 1958 a 1998.
Contraviniendo lo instituido en la Constitución de 1961 sobre la preservación de la vida como derecho fundamental, el Puntofijismo aplicó una política concertada con las estrategias globales de seguridad hemisférica que el gobierno de los Estados Unidos impuso a los países latinoamericanos con gobiernos de derecha donde surgieron focos guerrilleros alzados en armas dentro del marco histórico de la Guerra Fría, cuando se aplicaron métodos sistemáticos de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas usando manuales y programas violatorias del estado de derecho.
Documentos desclasificados recientemente dan cuenta de los ingentes recursos aportados por el Gobierno de Kennedy y especialmente por Lyndon Johnson al gobierno de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni en parque, logística y asesoría militar y policial para cumplir con la orden de “exterminio” de las guerrillas venezolanas y consolidar el control territorial y dominio sobre nuestros recursos naturales con la anuencia de la clase política que entregó la soberanía nacional al gobierno de los Estados Unidos.
Ahora la Red de Bibliotecas Públicas de Venezuela tendrá en cada una de sus bibliotecas un ejemplar del “Informe Final contra el silencio y el olvido” (2017) para que el pueblo venezolano conozca lo ocurrido durante 40 años cuando se aplicaba el terrorismo de estado implantado durante el Puntofijismo. El mencionado informe se puede ubicar en formato digital colocando su título en www.comisión por la verdad.org.ve y en otros portales nacionales e internacionales en internet.
venezuelared@gmail.com
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