Privan de libertad a funcionario del Cicpc por complicidad en secuestro de comerciante en el Táchira

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La víctima fue rescatada el 25 de julio en el municipio Pedro María Ureña

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), Juan Pablo Guerrero, quien fue aprehendido el pasado 25 de julio, por su presunta responsabilidad en el secuestro de un comerciante en San Cristóbal, estado Táchira.

Durante la audiencia de presentación, el fiscal 25º de esa jurisdicción, Henry Flores, imputó a Guerrero como cómplice en el delito de secuestro y asociación para delinquir.

Tales delitos están previstos y sancionados en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión; y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En ese sentido, el Tribunal 1° de Control del estado Táchira, con base en los elementos de convicción expuestos por el fiscal, dictó la medida privativa de libertad para el hombre y fijó como sitio de reclusión la sede de la policía regional, mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo.

De acuerdo con la investigación inicial, el citado día el funcionario del Cicpc fue aprehendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana por su presunta relación con el secuestro de un comerciante ocurrido el pasado 23 de julio en San Cristóbal.

Es importante destacar que el 24 de julio la víctima fue rescatada por efectivos militares en el municipio Pedro María Ureña de esa jurisdicción.

26/07/2013
MV

Privan de libertad a Gerente de Pdvsa en Monagas por recibir soborno de una contratista

También fue imputado un Superintendente de litigio de la petrolera

(Caracas, 14 de julio de 2013) El Ministerio Público logró privativa de libertad para la gerente de la División de Jurídicos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Punta de Mata, Jannimett de los Ángeles Flores Quijada (37), por su presunta responsabilidad en el cobro de 600 mil bolívares a una empresa contratista con el fin de solucionar un contratiempo jurídico, hecho ocurrido el 08 de julio, en el municipio Ezequiel Zamora del estado Monagas.

En la audiencia de presentación, el fiscal 12° de esa jurisdicción, Von Richelman Ruiz,  imputó a la mujer por presuntamente incurrir en los delitos de concusión y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Asimismo, por este caso el Ministerio Público imputó  al superintendente de litigio de la División de Jurídicos de la estatal petrolera, Jorge Natera Barrios (35), por los delitos de concusión y asociación para delinquir,

Respecto a la gerente, una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el representante del Ministerio Público, el Tribunal 6° de Control de esa jurisdicción, dictó medida privativa de libertad para Flores, quien permanecerá  recluida en el Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocido como La Pica.

Con relación al hombre, la audiencia de presentación se realizó ante el Tribunal 5° de Control de esa jurisdicción, el cual dictó medida privativa de libertad para Natera, quien se encuentra recluido en la sede de la Policía Municipal de Maturín

            De acuerdo con la investigación, tras una denuncia realizada por los representantes de la contratista, Flores Quijada junto a Natera Barrios, habría solicitado la cantidad de 600 mil bolívares para la resolución de un proceso pendiente en un contrato.

            Seguidamente, en un operativo coordinado por el Ministerio Público y ejecutado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se realizó una entrega controlada del dinero en el mencionado municipio en el que resultó aprehendido Natera Barrios.

            Igualmente, tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 5° de Control de Monagas, fue aprehendida en esa jurisdicción Flores Quijada.

MV/SSR

www.ministeriopublico.gob.ve 

Ministerio Público acusó a dos doctoras y una enfermera por intentar sustraer dos recién nacidos de un hospital en Guárico

Por este caso también se acusaron a dos personas

(Caracas, 08 de julio de 2013) El Ministerio Público acusó a las doctoras María Infante y Marsella Ávila, a la enfermera Yamilé Morales y a dos personas más, por presuntamente haber intentado sustraer dos niños recién nacidos de la sala de recuperación del Hospital Rafael Arévalo de Valle de La Pascua, en el estado Guárico, el pasado 19 de marzo de 2013.

Las fiscales 26º y auxiliar de esa jurisdicción, María Romance y Nerys Flores, respectivamente, acusaron a Infante, Ávila y Morales por la presunta comisión de los delitos de trata de niños mediante rapto con fines de adopción irregular y asociación para delinquir, previstos y sancionados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público acusaron a Virginia Herrera y Elí Carrillo, por su presunta responsabilidad en los mismos delitos.

En el escrito presentado ante el Tribunal 2° de Control de Guárico, extensión Valle de la Pascua, las fiscales del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de las cinco personas y que se mantenga la medida de privativa para Morales, Infante, Ávila, Herrera y Carrillo, quienes permanecen recluidos en el Internado Judicial de San Juan de los Morros.

El día antes mencionado, Morales, Infante, Ávila, Herrera y Carrillo presuntamente se llevaron a dos niños de la sala de recuperación del Hospital Rafael Arévalo.

Al notar la ausencia de los infantes, el personal del centro hospitalario notificó lo ocurrido a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Minutos más tarde, los efectivos policiales iniciaron la búsqueda en el mencionado hospital y encontraron a las cinco personas, quienes estaban ocultando a los dos niños.

Inmediatamente, los ahora acusados fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público.

Ministerio Público acusó a funcionario del INTT por solicitar dinero a cambio de la entrega de un vehículo

Por este caso también fueron acusados un abogado y un gruero

(Caracas, 02 de julio de 2013) El Ministerio Público acusó al funcionario del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), Deivis Castro López, al abogado Luís Magallanes Gómez y a Jorge Silva Loyo, prestador de servicios de grúa en el referido instituto, por  presuntamente solicitarle dinero a un hombre para gestionarle la entrega de su vehículo, hecho denunciado el 10 de mayo de 2013, en San Felipe, estado Yaracuy.

            Los fiscales 14º y su auxiliar de esa jurisdicción, Miguel Ángel Gómez y Kenny Paredes, respectivamente, acusaron a los tres hombres por la presunta comisión del delito de asociación para delinquir, previsto y sancionado en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

            Adicionalmente, los fiscales acusaron a Magallanes Gómez por su presunta responsabilidad en el delito de suposición de valimiento con funcionario público; a Castro López por tráfico de influencias y, por último, a Silva Loyo por cooperador inmediato en suposición de  valimiento con funcionario público.

            En el escrito presentado ante el Tribunal 2º de Control, los representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los tres hombres y que se mantenga la privativa de libertad para Magallanes Gómez, Castro López y Silva Loyo, quienes se encuentran recluidos en la Comandancia General del estado.

            El día antes mencionado, una persona denunció ante la Fiscalía 14º de esa jurisdicción, que el abogado, el funcionario del INTT en cooperación con el gruero, le habrían solicitado la cantidad de 4.000 bolívares, con el fin de agilizar los trámites para la entrega de su vehículo, el cual estuvo involucrado en un accidente de tránsito y se encontraba a la orden de la Fiscalía 4º del Ministerio Público.

            Por tal motivo, el 14 de mayo, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Criminalísticas y Penales detuvieron a Magallanes Gómez, Castro López y Silva Loyo, en cumplimiento de una orden de aprehensión del citado Tribunal, tras solicitud del Ministerio Público.

                                                                                                                        EM

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