Caracas, 25 de abril de 2014.- El Gobierno venezolano iniciará un proceso de indemnización a las familiares de las víctimas del golpe de Estado de 2002 que intentó derrocar al presidente constitucional Hugo Chávez.
Lo indicó el Presidente de la República, Nicolás Maduro, a solicitud de la Asociación de Familiares de las Víctimas del 12 de abril de 2002 (Asovic). "Encargo de manera inmediata de esa tarea al vicepresidente Ejecutivo, Jorge Arreaza, que a la vez es el director del recién creado Consejo de Derechos Humanos”, precisó.
“Que se haga justicia, pero desde nuestro corazón resentimiento contra nadie y continuemos en la lucha contra el golpismo”: Maduro.
La integrante de la organización, Yesenia Fuentes, señaló, al asistir a la celebración del primer año de Gobierno de Calle, en Caracas, “quedan muchos casos impunes, ante el MP. Le solicitamos a la doctora Luisa Ortega (fiscal de la República),  que reabra esos casos: el de Dalila Mendoza, el de Pedro Linares, el de Jorge Tortosa. No tenemos ni siquiera el mínimo responsable de quien le disparó”.
“Presidente, le pedimos que en nombre de la Asociación de Víctimas… trabajamos y activamos el artículo 29 de la Constitución con mucho sacrificio y amor durante siete años en el juicio. Le pido que se active el artículo 30 de la Constitución que habla de que el Estado tiene que beneficiar a las víctimas con una indemnización”.
Fuentes continuó narrando: “Han sido 12 años cargando con las heridas sobre el hombro de un grupo de compatriotas. Escuchando a las víctimas. Llorando a Víctor Dávila. Tratando de ayudar a las muchachas que quedaron huérfanas de Cilenia Moreno”.
A lo que el Primer Mandatario Nacional respondió: “Totalmente de acuerdo. Estamos para defender en la Conferencia de Paz, el derecho a las víctimas a justicia, y el derecho a indemnización justa. No estamos para defender victimarios. Los victimarios deben responder a sus víctimas y pagar por sus crímenes”.
El juicio por las víctimas del 11-A duró siete años y logró la condena del excomisario Iván Simonovis, que en 2002 era el jefe de seguridad de la Alcaldía Mayor, a 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
El Artículo 29 de la Constitución reza: "El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía". ZGM.