Fuente: A.E.
TEMAS ABORDADOS
TEMA: ASAMBLEA NACIONAL
BALANCE GENERAL
Bajo el titulo “La Carlota y los niños muertos”, el editorial de El Nacional estuvo centrado en atacar a las autoridades civiles y militares que, según el diario, utilizaron las instalaciones de la base aérea para salir del país y celebrar las navidades, mientras los niños y madres fallecen en los hospitales del país. Así el ediorial vincula la supuesta crisis humanitaria con una posible caída del gobierno al inferir que sobre el proyecto que en una ocasión presentara el comandante Hugo Chávez de urbanizar, la basa aérea Francisco de Miranda, los militares jamás quisieron que se llevara a cabo, porque la misma constituye una salida de emergencia, tal como la utilizó Pérez Jiménez en enero del 1958.
El columnista, Luis Pedro España en su articulo de opinión describió “El año en los tres actos” el primero de ellos tuvo que ver con las medidas anunciadas por el Jefe de Estado de sacar de circulación en 72 horas el billete de 100 bolívares, la cual fue considerada cómo el mayor acto de desapego con el país y una muestra deingobernabilidad. El segundo tiene que ver con el tema de la inflación y el desabastecimiento, ya que este a su parecer se han llevado por delante cualquier indicio de calidad de vida que se haya podido tener en el pasado. En tercero está la Unidad del sector opositor que a pesar de sus desaciertos y desavenencias España, piensa que se mantendrá en el futuro y dijo que el 2016 fue un resultado de perder-perder, pero en medio de todo eso la oposición lo primero que debe hacer es darle sentido a la Asamblea Nacional que aunque esté bloqueada ésta tiene que servir para poner en evidencia la incompetencia y corruptelas del gobierno y segundo lugar mantener la confrontación electoral regional donde deben llevar sus mejores candidatos para evitar algunas triquiñuelas del Gobierno nacional y dejar de pensar en el final del gobierno.
Por su parte Carlos Ramírez López, considera que Venezuela necesita un nuevo proceso constituyente, ya que la dictadura madurista terminará y dejará un país devastado en todo sentido.
EXTRACTOS DE ARTÍCULOS OPINIÓN
EL NACIONAL: Editorial / La Carlota y los niños muertos
Mientras sobre Caracas cruzan raudos los aviones del oficialismo que regresan a La Carlota con su carga de burócratas civiles y militares luego de gozar las navidades en el exterior, en nuestros hospitales se suma, entre furias y llantos, una cifra cruel de niños y madres fallecidas cuyo destino hubiese podido evitarse si los militantes del PSUV hicieran de su amor por Chávez una cruzada por la verdad, por la honestidad y por la vida.
Al contrario, les parece una maravilla que sus jefes civiles y militares hayan convertido La Carlota –ese proyecto de gran parque para Caracas que habían promocionado como el triunfo de la revolución bolivariana contra los “urbanizadores y constructores” que habían destruido la bucólica Caracas– en su aeropuerto privado.
Lo cierto es que jamás quisieron un parque porque los militares no se sintieron obligados a entregar lo que era de ellos y porque constituye una salida de emergencia, como bien lo demostró el general Pérez Jiménez en enero de 1958.
Crear un parque para niños, adultos y ancianos en medio de la ciudad capital les olía mal. ¿Un lugar para que la ciudad se sintiera mejor, que se limpiara con naturalidad el aire citadino, que se evitaran accidentes aéreos y que la contaminación acústica cesara para todos los vecinos? No, para nada, no era algo muy marcial, ni coronel ni general. Se inventó que Caracas necesitaba un aeropuerto para momentos de catástrofes y emergencias, una justificación que no tiene ni historia ni razón.
Veamos, por ejemplo, como La Carlota sólo ha sido usada por Pérez Jiménez en 1958 para escapar, y tiempo después cuando se produjo el Caracazo, en vista de que la situación estaba fuera de control para los cuerpos policiales, se utilizaron luces de emergencia para traer soldados de los cuarteles del interior del país. Y ya sabemos lo que pasó.
Hoy la Fuerza Armada no quiere entender que su papel no consiste en sostener un régimen repudiado y corrupto, que se alza contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, contra el propio Chávez que hoy dicen adorar y seguir como su profeta. Pero no estamos para profetas sino para hombres y mujeres que amen a su país, lo defiendan y lo saquen de la cloaca socialista en la que está hundido.
En una información publicada por este diario, la joven periodista Isayen Herrera revela que “la mortalidad materna ascendió a 130 madres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos, lo que equivale a 64 muertes mensuales, y a 750 parturientas muertas en hospitales en 2016 por causas asociadas al embarazo o parto, según datos obtenidos del Ministerio de Salud y divulgados por el ex ministro de salud e investigador José Félix Oletta”. En 1957 esa era la mortalidad, antes del comienzo de la democracia en 1958.
¿A los militares que viajan, pasan vacaciones y regresan por La Carlota no les tiembla un poquito el corazón? ¿A quienes custodian ese aeropuerto y ven a los burócratas rojitos airear su riqueza y descender de esos aviones cargados de maletas tampoco? ¿Los niños muertos al nacer, las parturientas que fallecen por falta de atención adecuada no perturban los sueños de los patriotas uniformados? ¿Qué día ingrato los volvió ciegos ante al dolor y la muerte?
Luis Pedro España / El año en tres actos / El Nacional
Primer acto: el gobierno. De todas las políticas desarrolladas a lo largo del año por el Ejecutivo, del rosario de desaciertos, idas y venidas, anuncios o amenazas de medidas que nunca llegaron, una sola de ellas nos servirá para describir lo que se ha convertido en el portaestandarte de la performance del gobierno. La incomprensible, compulsiva y casi suicida decisión de sacar de circulación en 72 horas el billete de 100 bolívares, cuando al momento del anuncio no había arribado al país el primer billetico el nuevo cono y, además, en el mes del año en que, incluso en esta economía menguada, resulta ser el mejor momento para el comercio.
Las explicaciones que nos dieron, si no fueron falsas, al menos califican como falaces. Las interpretaciones dadas por economistas y demás analistas del país fueron, en el mejor de los casos, insuficientes. Demasiadas incongruencias, falta de información o datos y confesados faltan para armar el rompecabezas de este disparate. A la fecha nadie se explica el porqué de semejante medida. Tuvimos que vivir el umbral de un estallido social para que la decisión se revocara, se restituyera la circulación del billete de 100 y todo volviera a la misma anormalidad de pago en efectivo que tenemos al presente.
Del hecho, lo que desde nuestro punto de vista resalta, pone en evidencia y sirve para explicar al menos parte de las políticas públicas en este país, es la absoluta desconexión de los decisores públicos con la cotidianidad, con el día a día de la población.
Si algo había caracterizado al gobierno en su pasado era su correspondencia con la cultura popular. Claro que cuando la brújula fallaba, pues, había muchos recursos petroleros con los cuales paliar los errores sin necesariamente enmendarlos. Pero lo vivido con esta medida, ignorar que una parte importante y vulnerable del país se movía (y mueve) en efectivo, aunque para ello los hayan condenado a cargar en bolsas y mochilas las pacas de dinero, es el mayor acto de desapego con el país y su pobre realidad que hayamos visto de gobierno alguno.
Solo la violencia y los disturbios los hizo entrar en razón. Recibieron una explosión de realidad que increíblemente no se esperaban. Si así ocurre con lo más fácil de anticipar, qué cabe esperar para el resto de medidas no tan simples y menos cotidianas.
Si el gobierno se mantiene en la prisión de sus ideas y continúa a espaldas de la población, es de esperar que el cúmulo de desaciertos haga la crisis más ingobernable de lo que ya es. Que se repitan tan descabelladas medidas y que sus consecuencias sean realmente impredecibles. Este es el signo que aporta el gobierno para 2017: la incertidumbre.
Segundo acto: el pueblo. Nunca la población venezolana había padecido una crisis socioeconómica como la presente. Inflación y desabastecimiento se han llevado por delante cualquier indicio de calidad de vida que se haya podido tener en el pasado.
Esta gigantesca crisis se ha vivido, más que con resignación, con rabia y rechazo. No es cierto que el pueblo esté inerte frente a dificultades que inexplicablemente padece. Simplemente carece de opciones, vías de expresión o canales de resolución. El gobierno ha cerrado las vías institucionales de solución de los problemas. Depende solo de la fuerza para hacer valer su posición (cualquiera que ella sea). La población solo tiene el pecho desnudo frente a la posible represión gubernamental; por lo tanto, es irresponsable pedirle que haga algo distinto a participar legalmente en el marco de las restricciones que tenemos.
Hasta ahora la población ha sido la víctima de la política, porque la crisis económica y social es política, es de gestión pública, en primer lugar, y de imposibilidad de cambiarlas, en segundo término. Las revueltas que han ocurrido, más que un ejemplo “del despertar” que algunos profesan, son la simple llegada a situaciones límites. Se trata de la reacción espontánea de poblaciones en lugares específicos del país donde la insensatez del gestor público agrede la cotidianidad de la gente. Apostar por estas manifestaciones como opción de cambio es confiar en el triunfo de la anarquía y suponer erróneamente que del caos emergerá algo mejor
La población esta allí, consciente de lo que padece y de la necesidad de cambio. Solo espera por conducción, por la guía de quienes están llamados a generar nuevos proyectos y vías para alcanzarlos. El pueblo espera por la oposición venezolana.
Tercer acto: la Unidad. Es probable que la prueba más tangible de que la unidad de la oposición se va a mantener en el futuro fue el conjunto de desaciertos y desavenencias del pasado. A pesar de todo lo vivido, sigue unida. Maltrecha, pero unida.
Con una mayoría en la Asamblea bloqueada por un gobierno que juega peligrosamente a su propia ingobernabilidad y con una oposición regida por una meta sin estrategia, por un deseo manifiesto, más que por una realidad plausible, se llegó al final del año sin el camino y con pocos logros que mostrar. La oposición, luego del gigantesco triunfo de 2015, puede que engolosinada, anunció y prometió lo que todos los venezolanos deseaban, el final del gobierno. En seis meses, se llegó a decir, estaríamos en presencia de un nuevo gobierno. Pasó un año, no se logró, y con este desastre a cuestas el juego de la desesperanza comenzó.
El año termina en lo que ha sido un juego perder-perder, oposición y gobierno se enfrentan a 2017 con la necesidad de replantearse. Para los primeros no hay otra opción sino reinventarse; para los segundos la agenda es la misma: aferrarse al poder, por el poder en sí mismo, y seguir deseando que el país pierda los sueños y se acostumbre a la pesadilla que ellos representan.
Para este 2017 la Unidad tiene dos tareas. Primero, darle un sentido a la Asamblea Nacional. Ese poder del Estado, aunque bloqueado, tiene que servir para hacer política, para poner en evidencia la incompetencia y corruptelas, para labrar propuestas sensatas (no populistas) que seguramente se ejecutarán más tarde, pero que indicarán el nuevo camino y, por sobre todas las cosas, la Asamblea debe ser el espacio para bregar el restablecimiento de la democracia y las condiciones para ejercerla.
El segundo papel será la confrontación electoral regional. Luce casi imposible que el gobierno se libre de esta elección. La alianza opositora debe llevar sus mejores candidatos, lo más legitimados posible (primarias en casi todos lados) y especialmente blindados contra las trampas y triquiñuelas que de seguro vendrán ahora que carecen de toda popularidad, y que con ella han perdido la vergüenza democrática.
Es posible que, aunque cueste asumirlo, ha llegado el momento de dejar de pensar en el final del gobierno, para comenzar a pensar en la construcción de uno nuevo. Si 2017 es el fin adelantado de la actual administración, es casi seguro que no será producto de la acción de la oposición, sino por el desencadenamiento de hechos y situaciones que solo conocen los secretos que se esconden en los pasillos de palacio.
Alejados de las lides conspirativas, a sabiendas de que todas ellas son perjudiciales para el país, la agenda sigue siendo electoral y constitucional. No solo porque los civiles no sabemos de otras vías, sino porque, además, sigue siendo la estrategia más adecuada en razón de la tarea de reconstrucción nacional que, más temprano que tarde, deberá ser el gran objetivo de la Unidad.
Carlos Ramírez López / Venezuela el día después. ¿Necesitamos un nuevo proceso constituyente? (1) / El Nacional
La dictadura madurista terminará, hoy, mañana o pasado, pero terminará, y dejará un país devastado en todo sentido, por ello es necesario pensar en lo que se vaya a hacer para recomponerlo. Hay un tema central que es el régimen constitucional que se deberá adoptar y al respecto tendremos dos posibilidades: 1. Validar todas las irregularidades bajo las cuales se llevó a cabo el proceso constituyente del año 1999 y puso en vigencia la CRBV y con base en ella activar una constituyente originaria como establece su artículo 347 y siguientes. 2. Validar aquel proceso pero solo hasta su punto inicial que fue el del referéndum consultivo que autorizó la Corte Suprema de Justicia y que se votó a favor de la realización de una constituyente derivada, aunque en ese evento solo participó 36% del electorado inscrito.
Aclaro los siguientes términos:
Constituyente originaria solo es posible cuando se va a elaborar una constitución sin atenerse a las reglas existentes. Se va a crear un nuevo orden jurídico; ejemplo la constitución fundacional de un nuevo Estado, o la nueva organización que sigue a una revolución o a un golpe de Estado.
Constituyente derivada es la que se elabora limitado por las reglas y las instituciones del Estado de Derecho preexistente.
Veamos la primera opción: hacer una constituyente originaria.
La Constituyente de 1999 se inició bajo el régimen de la Constitución entonces vigente, la de 1961; aquello se hizo previo tres sentencias de interpretación emitidas por la Corte Suprema de Justicia, es decir, fue una constituyente derivada de mecanismos jurídicos existentes, lo cual fue expresamente advertido por decisión del la Sala Político Administrativa del 13 de abril de 1999, esto implicaba que aquel proceso debería respetar al poder constituido con todas sus normas e instituciones.
No obstante lo anterior, al momento de ser instalada la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de agosto de 1999 en el Aula Magna de la UCV, Luis Miquilena, en flagrante violación de todo aquel procedimiento jurídico, proclamó que esa Constituyente era originaria y lo hizo para reinstaurar el fracasado programa golpista de Chávez. Allí Miquilena derogó la Constitución vigente para liberarse de las limitaciones que le impuso la Corte Suprema; desconoció a las autoridades legítimas y a los poderes públicos. Un proceso constituyente que fue autorizado como derivado fue dictatorialmente cambiado a originario, y de allí en adelante lo que se ejecutó fue un golpe de Estado continuado mediante el cual el chavismo tomó por asalto los poderes públicos, los cambió por otros de su sola y arbitraria creación y de la misma manera se designó a sus integrantes; entonces formaron un tal “Congresillo” que sustituyó al Congreso Nacional que estaba en plena vigencia, intervinieron al Poder Judicial y destituyeron a 2.000 jueces e inspectores de tribunales para colocar allí a chavistas, disolvieron la Corte Suprema de Justicia y la sustituyeron por un TSJ cuyos magistrados fueron también nombrados entre sus adeptos sin hacer ningún tipo de concurso ni selección por méritos. Aquella Constituyente también creó un Poder Electoral que a la medida de sus conveniencias les fabricó una maquinaria para siempre salir ganador en toda contienda. De la misma manera generó un fulano “Poder Ciudadano” integrado por incondicionales que le garantizaban el dominio total de todo proceso disciplinario sobre los integrantes de los otros poderes. Aquello fue la instauración del nefasto régimen que hoy tenemos y lo que en mi libro he denominado “La constituyente como excusa para matar al Estado democrático” (Ver programa explicativo: youtu.be/pTRSH6PmgnI)
Sabiendo que aquella grotesca violación de la Constitución vigente produjo la actual Constitución mal llamada “bolivariana” ¿podemos/debemos hacernos la vista gorda y convalidar todo eso para ahora proceder a aplicarla y hacer una nueva Constituyente invocando su ilegítimo articulado?
La segunda opción: validar aquel proceso pero solo hasta su punto inicial que fue el del referéndum consultivo que autorizó la Corte Suprema de Justicia y que se votó a favor de la realización de una Constituyente derivada. En este caso tendríamos que desconocer todos los abusos y las instituciones creadas arbitrariamente por el chavismo, reponer la vigencia de la Constitución de 1961 con todas sus instituciones, elaborar las propuestas de reformas o de enmiendas y celebrar la consulta popular sobre ellas.
El dilema es: ¿hacemos lo mismo que hizo el chavismo solo que en un sentido diferente? ¿O hacemos lo que en aquella oportunidad se autorizó y se pudo haber hecho respetando las reglas democráticas de la Constitución violada?
Cabe agregar y advertir que la CRBV, llamada “la bicha” por su autor, no fue votada por una significativa mayoría del pueblo consultado, sino por el contrario, apenas votó a favor de hacer aquel proceso constituyente 36% del electorado inscrito. Además, al momento de elegir a los diputados constituyentes solo votó 46,3% de dicho electorado, es decir, una minoría, y de esa minoría fue que el chavismo obtuvo 65% de los votos, y con ese 65% de la minoría que fue a votar se adjudicó abusivamente 95,41% de la composición de aquella Asamblea Constituyente, y todo esto en medio de un rocambolesco proceso electoral en el cual se violó la regla comicial que obligaba al voto uninominal ya que el chavismo impuso la votación por listas, “las listas de Chávez”, usando un truculento método que inventó el matemático Nelson Merentes, denominado “el kino de Chávez”, con el cual se adulteró la voluntad de aquel reducido electorado, todo lo cual nos arroja como resultado que aquel proceso constituyente fue no solo de una minoritaria participación popular, sino groseramente fraudulento, es decir, “la bicha” no fue producto de un proceso legítimo, es un instrumento producto de un proceso fraudulento ejecutado para legalizar y mineralizar una dictadura.
Sería largo enumerar las máculas institucionales comprendidas en esa CRBV y a la que luego por enmienda le agregaron la reelección indefinida y decretos ley que en la práctica superpusieron y empeoraron algunas de sus normas, es decir, todo un desorden muy característico de su forma de hacer las cosas.
Entre las normas de “la bicha” está la de convocar ilimitadamente constituyentes originarias lo cual es otro disparate ya que la constitución no es un instrumento que deba estar sujeta al cambiante acontecer político sino una regla suprema para la estabilidad de una nación, allí está el ejemplo de la Constitución de Estados Unidos emitida en 1787 y a la que solo se le han hecho algunas enmiendas puntuales a pesar de que desde entonces se han sucedido 45 gobiernos de distinto signo.
Esas constituciones de montoneras que se dictaban cada vez que un caudillo llegaba al poder con un poco de arrieros con machetes y mulas solo es un nefasto proceder del pasado que ningún bien nos ha dejado en Venezuela, que desde 1811 hemos tenido 23 constituciones, una sola de progreso, la de 1961 que fue asesinada por la sargentería chavista.
En mi opinión, hay que restituir el Estado de Derecho de la Constitución anterior, o simplemente reponer, anular, todo ese amañado proceso constituyente de 1999 y repetirlo en un procedimiento limpio, insospechablemente democrático y sujeto a acuerdos previos de los factores nacionales sobre sus líneas más importantes.
Ábrase el debate, y para ello agrego algunos temas a considerar, cualquiera sea la opción que se escoja:
Es indispensable volver al Parlamento bicameral; hay que eliminar la reelección indefinida; debemos volver al sistema de los tres poderes clásicos; hay que reorganizar el actual sistema de división de poderes, eliminar ese absurdo Consejo Moral Republicano; redefinir totalmente el sistema de justicia, crear el Tribunal Constitucional independiente del máximo tribunal de justicia y diseñar su organización, atribuciones y competencias; aumentar el límite máximo de penas e incluir la cadena perpetua y la pena de muerte para la corrupción, el narcotráfico, violación de derechos humanos, traición a la soberanía patria entre otros delitos; autorizar la extradición de venezolanos por delitos de narcotráfico, terrorismo y conexos; instituir el sistema de jurisdicción penal universal; someter a una reorganización profunda a las Fuerzas Armadas; separar y definir las funciones del presidente de la República y las del jefe del Estado, asegurar la independencia del Banco Central, reducir al máximo la burocracia oficial.
