ACNUR ha documentado por más de una década la situación de violencia que ha obligado colombianos a desplazarse internamente en su territorio y más allá de sus fronteras como refugiados en países como Venezuela y Ecuador, siendo Venezuela históricamente la nación con la mayor cantidad de refugiados y migrantes colombianos.
En un informe publicado por ACNUR Venezuela en el 2010, esta agencia de la ONU afirmaba y de acuerdo a un diagnostico hecho desde el 2002 hasta el 2010 que al territorio venezolano habían llegado 200.000 en calidad de refugiados de estos el 95% “son colombianos obligados a huir de sus tierras por persecuciones, amenazas de distintos grupos armados y situaciones de extrema violencia generalizada”.
Del 2002 al 2010 15.490 personas solicitaron oficialmente ante alguna de las oficias con las que cuenta ACNUR en Venezuela ser registrados como solicitantes de la condición de refugiado.
A través de una información de prensa de la Defensoría del Pueblo del 20 de junio del 2013, la Comisión Nacional de Refugiados (CNR) Venezuela había otorgado hasta esa fecha la condición de refugiados a 3500 personas, la mayoría de nacionalidad colombiana “por problemas internos en el vecino país se ven en la necesidad desplazarse a nuestro territorio”, explicaba la defensora del Pueblo para la fecha, Gabriela Ramírez.
A casi un mes de estas declaraciones de la Defensora del Pueblo, y de dadas a conocer las cifras de la CNR, la prensa nacional registró un nuevo hecho de desplazamiento forzado en la línea fronteriza colombo-venezolana.
“En la mañana del 18 de julio de 2013 se informó de la posible entrada de varios miles de refugiados colombianos al sector La Guacamaya del municipio Semprún del estado Zulia, capital Casigua el Cubo; el grupo humano que se desplaza viene de Tibú, Norte de Santander, y otras localidades vecinas, donde la población campesina del Catatumbo neogranadino viene desarrollando un conflicto social desde hace varias semanas, con saldo de -al menos- cuatro personas asesinadas presuntamente por la fuerza armada de ese país”, reseño el sitio web Aporrea.org. Otros medios digitales como albaciudad.org y Rebelión.org reflejaron esta noticia.
ACNUR describe en su sitio web la situación de Colombia de la siguiente forma: “Colombia continua enfrentando las consecuencias de 50 años de conflicto armado interno y violencia debido a la presencia de grupos armados ilegales, tráfico de droga, minas antipersonal y disputas por el control del territorio. Como resultado, la población civil se enfrenta al reclutamiento forzado de niños, control de comunidades, amenazas y asesinatos selectivos al igual que violencia sexual y basada en género (SGBV). La inseguridad, sobre todo, continúa siendo una realidad dentro del territorio colombiano y la situación empeora a lo largo de las zonas fronterizas, lo que ha obligado a cerca de 327.000 colombianos hasta ahora, a huir cruzando las fronteras, en busca de protección internacional en países vecinos como Ecuador”.
De acuerdo a la descripción de este contexto, la cuenta es simple, de esos 327.000, solo 127 mil han buscado refugio en otros territorios ajenos al venezolano.
De acuerdo a otro documento de ACNUR, titulado “Genero, desplazamiento y refugio” del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, publicado en diciembre del 2005, “la situación de la población desplazada en Colombia es, según organismos internacionales, la principal crisis humanitaria en el continente americano”.
“El escalonamiento del conflicto armado y sus formas de degradación están aumentando no sólo el desplazamiento interno, sino los movimientos transfronterizos. El conflicto ha traspasado las fronteras de Panamá, Ecuador, Brasil y Venezuela, aumentando las tensiones en la región y creando situaciones complejas para la población colombiana que se encuentra en condición de desplazamiento en los cordones fronterizos en territorio colombiano, o como población refugiada al otro lado en alguno de los países vecinos”, reseña la investigación centrada en el departamento de Norte de Santander y el Estado de Táchira.
Esta investigación documenta que el desplazamiento interno de refugiados en Colombia se vio incrementado debido a la agudización del conflicto armado “y en medio de las políticas de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez y la consiguiente ofensiva armada de los grupos armados ilegales”.
Además remata: “una lectura de las tendencias del desplazamiento forzado en el departamento fronterizo de Norte de Santander permite medir las dimensiones de las migraciones forzadas como consecuencia del conflicto armado en esta región del país”.
El trabajo destaca entre otras cosas que ciertamente en la década de los 80 se registró una alta migración de población colombiana a Venezuela por razones económicas, “en busca de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida”.
Sin embargo, a partir de 1999 los colombianos comenzaron a buscar en Venezuela además de una mejor calidad de vida, proteger sus vidas. Comenzaron a verse en la obligación de cruzar la frontera para huir de la confrontación armada, y por temor a ser asesinados, muchos además sufrieron en carne propia amenazas y otras formas de intimidación.
El 49% de la población desplazada a Venezuela está constituida por mujeres, muchas de ellas solas, porque han sido víctimas de la persecución ellas mismas, o sus cónyuges, también buscan para sus hijos un lugar seguro, lejos del reclutamiento de grupos armados, paramilitares, guerrilleros o del narcotráfico. “Esperan encontrar seguridad y protección para sus vidas y las de sus familias en el Estado Venezolano”.
El 19 de febrero del 2015 el sitio web de ACNUR recogió al historia de Consuelo, una colombiana que decidió de un tiempo en Venezuela regresar voluntariamente a Colombia, acompañada de sus hijas y su pareja. Para esto contó con la ayuda de esta agencia de Naciones Unidas.
Su historia es desgarradora y reproducimos a continuación, porque permite entender la dimensión del conflicto que aún viven los colombianos y entender las razones del éxodo histórico de estos
“Yo tenía 8 años cuando nos desplazaron por primera vez de mi finca en Antioquia […], ahí había de todo, teníamos una vida digna”, recuenta Consuelo mientras pasan por su cabeza imágenes aterradoras de su niñez en el país que la vio nacer. Entre bombardeos, fumigaciones y sangre derramada, sin entender qué sucedía, Consuelo, sus hermanos y sus padres huyeron más allá de las montañas, sin rumbo ni dirección. “Uno escuchaba las bombas caer, sabías cuando venían cayendo porque se escuchaba como cuando uno le saca el aire a una vejiga (globo) […] muchos compañeros míos de la escuela murieron”, cuenta al recordar los riesgos a los que estuvo enfrentada con su familia. Consuelo y su familia huyeron en repetidas ocasiones, entre casas y posadas, de municipios a corregimientos, entre el miedo y la enfermedad.
Luego de un esposo que la violentaba psicológicamente y 2 hijos, Consuelo huyó junto a la pareja que hoy la acompaña, él “me dio más fuerzas […] me dio la oportunidad de hablar y denunciar”, comenta. Sin embargo, eso significó una nueva persecución y amenaza para ella y su familia pues sentía cómo la observaban y perseguían en las calles. Una mañana “nos despertamos y escuchamos ‘pin pin’ y al salir [vimos] el reguero de sangre”, añade. Es así como Consuelo y su pareja decidieron huir hacia Venezuela.
La llegada masiva de ciudadanos colombianos a Venezuela en busca de protección para sus vidas se produjo más notoriamente en los años 1999, 2000 y 2001. El país contaba ya con una oficina de ACNUR sin embargo, no existían otras instituciones capaces de atender este significativo número de desplazados.
A través de la Asamblea Nacional el Estado venezolano asumió institucionalmente el tema del refugio y promulga el 28 de agosto de 2001, la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas, reglamentada el 4 de julio de 2003. Esta ley permitió la creación de la Comisión Nacional para Refugiados (CNR).
A través de varios estudios de campo, Naciones Unidas ha concluido que el contexto de conflictividad en la zona fronteriza crea problemas para la aplicación de esta Ley, porque entre otras cosas existen dinámicas propias de la frontera que no lo permite. Además cuestiona la poca información que sobre la Ley manejan los funcionarios militares que vigilan la frontera colombo-venezolana.
La reciente crisis en la frontera colombo-venezolana y el posterior cierre de ella con la consecuencia de la deportación masiva de colombianos en calidad de ilegales en territorio del estado Táchira han avivado el debate de la situación que provoca el desplazamiento forzado de miles de personas en busca de una mejor calidad de vida o proteger su vida.
Un hecho que no ha podido, sin embargo, dejar a un lado que Venezuela siempre ha representado un territorio de paz y protección para miles de colombianos obligados a dejar sus hogares por la violencia.
(LaIguana.TV)
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