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LA CONTRAINFORMACIÓN AL DÍA
Información, opinión y denuncia de Latinoamérica y el Tercer Mundo
27 de septiembre 2014
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Así lo ve un periodista de EEUU
Por qué los más pobres apoyan a Rousseff en reelección
Por STAN LEHMAN (de la Agencia Associated Press)
24 de septiembre 2014
Vista general de la favela de Paisopolis con el barrio de Morumbi al fondo, en Sao Paulo, Brasil.
La vida sigue siendo dura para los millones de brasileños que siguen en la pobreza. Pero nunca antes habían estado tan bien. Y esa es la clave de la posible reelección de la presidente Dilma Rousseff para otro período de gobierno.
Aunque Rousseff y su principal rival, Marina Silva, se encuentran empatadas entre los votantes de clase media, que es el grupo que más vota en el país, la mandataria goza de una amplia ventaja entre los más pobres de Brasil por sus generosos programas sociales que han ayudado a erradicar el hambre y la pobreza extrema, bajo el mandato del Partido de los Trabajadores que ella lidera.
Entre 2001 y 2012, Brasil redujo la pobreza extrema del 14% de la población al 3,5%, según el informe anual del Estado de la Inseguridad Alimentaria de Naciones Unidas, publicado la semana pasada. La cantidad de personas con desnutrición se redujo del 19% a menos del 5%, lo que sacó a Brasil del mapamundi del hambre global de la ONU.
Una mujer lava ropa en su casa de una favela de Brasilandia en Sao Paulo, Brasil.
La última encuesta de la respetada firma Ibope, publicada la semana pasada, dice que el 46% de quienes tienen los ingresos más precarios, y que constituyen un cuarto del electorado, votaría por Rousseff en la primera vuelta en las elecciones presidenciales del 5 de octubre, en comparación con el 24% de quienes votarían por Silva.
A Rousseff le va mejor en este sector de la población en comparación con el resto del electorado. El sondeo de Ibope muestra que Rousseff supera a Silva con un 6% de los votos para la primera vuelta. Si ninguno de los candidatos obtiene el 50% del total de los sufragios, una segunda vuelta se tendrá que celebrar el próximo 26 de octubre y que Silva ganaría por un estrecho margen, según la misma encuesta.
Ibope encuestó a 3.010 personas en todo Brasil del 13 al 15 de septiembre con un margen de error de más o menos dos puntos porcentuales.
Andrea Santos, que vive en la favela Heliópolis de Sao Paulo, uno de las más grandes de Brasil, dice la mayoría de sus vecinos no dudan a quién entregar su voto.
"La mejoras que Dilma y el Partido de los Trabajadores hicieron en materia de salud y educación para los pobres garantizará que el 90 por ciento" de quienes votan en Heliópolis lo harán por ella, dijo Santos, que vive en un viejo edificio de concreto, tres pisos, y construido en un estrecho callejón.
Santos, sus cinco hijos y un nieto comparten dos estrechas habitaciones en el edificio que carece de ascensor y que arrienda por 400 dólares al mes; lo que corresponde a la totalidad del salario que recibe por coordinar actividades educativas para jóvenes en un centro comunitario local.
"Si no fuera por el dinero que mis hijos ganan haciendo trabajos ocasionales aquí y allá o haciendo mandados, no sería capaz de pagar el alquiler", dijo Santos, de pie, delante de su televisor de pantalla plana junto con Nelinha, su perro pinscher de siete años.
Durante cuatro años su familia se benefició de uno de los programas más populares impulsado por el Partido de Trabajadores, llamado "Bolsa Familia", que entregó 10.700 millones de dólares a unas 14 millones de familias en 2013.
El programa da a las madres un estipendio mensual variable siempre y cuando puedan demostrar que están sus hijos van a la escuela y que mensualmente los llevan a las clínicas estatales para chequeos rutinarios y para que les pongan vacunas. Santos recibió unos cien dólares en efectivo cada mes por mantener a sus hijos en la escuela hasta que su último hijo terminó clases en diciembre.
"La vida de los pobres ha mejorado durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores y votarán por Dilma porque sienten que sus vidas continuarán mejorando, y tienen miedo que puedan perder los beneficios que han obtenido", dijo Pedro Fassoni Arruda, profesor de ciencia política de la Universidad Católica de Sao Paulo. "No hay duda de que en todo el país Dilma y el Partido de los Trabajadores tienen el apoyo de los sectores más pobres de la sociedad".
El equipo de Silva acusó a la campaña de Dilma de difundir rumores de que la opositora, que tiene una agenda económica más ortodoxa, terminaría el programa Bolsa Familia si resulta electa.
El equipo de Dilma rechaza la acusación.
La semana pasada, Silva lanzó un anuncio publicitario, de corte emocional, que la mostraba ante una manifestación al noreste de Brasil, diciendo que nunca terminaría ese programa porque ella misma tuvo que pasar hambre como la hija que era de un empobrecido cauchero que trabajaba en lo profundo de la selva amazónica.
En privado, los asesores de Silva reconocen su frustración porque su campaña no ha atraído a los pobres. Argumentan que no tienen tiempo o dinero para hacerle entender a la gente que Silva tiene raíces humildes mientras que Rousseff es hija de la clase media.
Sin embargo, entre los votantes pobres es suficiente para sufragar por Rousseff que el mentor político de la mandataria, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, pasara de limpiabotas a jefe de estado del país, así como la marca "Partido de los Trabajadores".
Manoel Otaviano da Silva, líder comunitario de Heliópolis, lo expresó sin rodeos.
"Lula es visto aquí como un Dios que puede hacer nada malo", dijo. "Si él respalda a Dilma, entonces ella no podrá hacer nada malo. La mayoría de los residentes aquí la ven como una continuación de Lula y de los programas que su gobierno introdujo".
En las laberínticas calles de Heliópolis es prácticamente imposible encontrar un sólo cartel o pancarta de la campaña de Silva. En contraste, los anuncios de la campaña de Rousseff están por doquier.
"¿Por qué debo votar por Marina Silva cuando ya sé lo que Dilma y el Partido de los Trabajadores han hecho y seguirán haciendo?", dijo María Damaceno de Santana, cocinera de 43 años que vive en la favela. "Dilma tiene que ser reelegida para que pueda seguir ayudando a los pobres. Sabemos quién es Dilma. No sabemos quién es Marina Silva".
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Faltan exactamente dos semanas para que los más de 200 millones de brasileños acudan a las urnas y el interrogante sobre quién será el próximo presidente, o mejor dicho presidenta, del mayor país de Sudamérica continua sin respuesta. El 5 de octubre será una fecha clave. No solamente está en juego el futuro del gigante amazónico, sino que el resultado de las presidenciales marcará en gran parte el rumbo de Latinoamérica en los próximos años. Desde Mercosur hasta los BRICS, la herencia geopolítica del expresidente Lula y del Partido de los Trabajadores (PT) podría desvanecerse si los brasileños optan, el próximo 5 de octubre, por un cambio de gobierno.
Marco Antonio Carvalho Teixeira, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia de Sao Paulo (PUC-SP) y profesor en el Centro de Estudios en Administración Pública y Gobierno de la Fundación Getulio Vargas (CEAPG-FGV), analizó en una entrevista a Nóvosti la situación de los candidatos en la recta final de la campaña electoral.
fuente Ría Novosti
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BRASIL
La Nacionalización y sus Enemigos
Por Idón Moisés Chivi Vargas
Varias personas, en el funeral de Juan Jose Pacoj y Justo Raxon, dos de los indígenas muertos en los disturbios, en Los Pajoques (AFP)
22/09/2014
PARAGUAY
Venezuela rechaza declaraciones injerencistas de Insulza
26/09/2014
Caracas, septiembre 26 - El canciller venezolano, Rafael Ramírez, rechazó que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, cuestionara el sistema democrático del Gobierno venezolano y aseguró que ese organismo necesita otro titular. El canciller le salió al paso a las declaraciones de Insulza.
"Son unas declaraciones infelices, infelices es lo menos que podemos decir de este tema del señor Insulza, secretario general que está de salida en la OEA, que apenas le quedan cuatro meses, y entonces ahora en este momento se pone a hacer unas declaraciones muy graves, inaceptables sobre nosotros, donde hace unos juicios de valores a nuestro proceso democrático en Venezuela, en nuestro país, está plagado de mentiras y falsas verdades y pretende alentar, como están haciendo sectores de extrema derecha norteamericanos, una matriz contra nuestro país, una matriz para impulsar internamente actos de violencia que ningún gobierno aceptaría", expresó en una breve entrevista que concedió a Telesur.
"Nosotros somos profundamente celosos de nuestra soberanía y profundamente celosos de resguardar el derecho y los intereses de todo el pueblo de Venezuela, tal y como lo establece la Constitución, y no podemos aceptar estas declaraciones de Insulza, unas declaraciones fuera de tono, fuera de lugar, y le vamos a responder en todas las instancias porque no vamos a permitir que contra nuestro país se levanten tantas mentiras", aseguró.
Destacó que "Insulza vivió en carne propia lo que son los efectos del fascismo, cuando él mismo sufrió el exilio en la dictadura de Pinochet y lamentablemente, ahora no se da cuenta que sobre nuestro país intentan una situación que genere violencia y no lo podrán hacer".
"Nadie tiene moral para ir hablando de nuestro país, un país profundamente democrático, los que conocen a Venezuela saben que se respeta en exceso todos los derechos democráticos".
José Miguel Insulza, declaró en entrevista al derechista diario El País, de España que el diálogo es el camino indispensable para resolver la crisis que vive Venezuela desde las protestas de febrero. Pero éste debe ser “serio”, porque hasta ahora “no ha existido una voluntad de diálogo real”, sostiene el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Además dijo que no podía haber diálogo con dirigentes opositores presos, una verdadera declaración de tono injerencista y además desconocedor de la realidad venezolana.
A Insulza, que participó esta semana por última vez en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York como jefe de la OEA.
No son casuales estas declaraciones, que se unen a las de la Casa Blanca de EEUU exigiendo la libertad del golpista Leopoldo López.
El flujo de amenazas comenzó el 8 de septiembre, con una lista de 91 personas a las que la banda paramilitar "Águilas Negras" daba quince días para salir del país .
Más de 150 defensores de derechos humanos, periodistas y políticos han sido amenazados en Colombia en menos de treinta días, lo que convierte a este mes en un "septiembre negro" al acumular el mayor número de intimidaciones realizadas desde que comenzó el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.
El flujo de amenazas comenzó el 8 de septiembre, con una lista de 91 personas a las que la banda paramilitar "Águilas Negras" daba quince días para salir del país por "andar mariqueando con la paz".
Fue el inicio de una lista que fue completada por la banda criminal de origen paramilitar "Los Rastrojos", que en los siguientes días aumentó la nómina con periodistas, políticos y más activistas.
En total, suman más de 150 y el mes aún no ha acabado.
"Es un septiembre negro porque desde 2009 no registrábamos una amenaza masivade esta envergadura", apuntó a Efe el coordinador de la ONG Somos Defensores, Carlos Guevara, que vela por la seguridad de los activistas de derechos humanos en Colombia.
Guevara es tajante al afirmar que este mes es un "punto muy álgido" en cuanto a amenazas, y absolutamente desconocido en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, que se inició en La Habana en noviembre de 2012.
"La pregunta que tratamos de responder es a quién le sirve que haya un clima de pánico, porque creemos que se están usando los membretes de las Águilas Negras y Los Rastrojos pero que hay otras personas detrás de las amenazas", sostuvo.
Ésa es una de las claves que los activistas esgrimen para denunciar que esta vez las amenazas son especiales: "¿Por qué llegan ahora las advertencias masivas y no cuando se iniciaron los diálogos de paz?", se preguntó Guevara.
El analista de Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila, destacó como incongruencia que "Los Rastrojos" funcionan con alianzas locales, y los pactos que obtienen con otros grupos armados al norte de Colombia no tienen porqué respetarse en el sur.
Así las cosas, no les cuadra que esta banda amenace ahora en el norte del país.
"Lo que decimos es que son aliados locales de esta banda los que están presionando las amenazas, es decir, ganaderos y grandes propietarios de tierras que se sienten en riesgo por el proceso de paz, porque se van a destapar muchas verdades y tendrán que reparar a víctimas a las que han despojado de sus tierras", declaró.
De los más de 150 amenazados, no se ha registrado aún ningún muerto, aunque sí un ataque, el que sufrió Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos en la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que integra a 240 ONGs.
"Fuimos objeto de un robo de información importante para los temas depostconflicto y víctimas, especialmente relacionados con los casos de falsos positivos y desaparición forzada", relató Yepes a Efe.
Días después de ser incluido en una lista de amenazados, desconocidos armados le abordaron en la calle, donde le requisaron su ordenador y dos teléfonos móviles que contenían una investigación de un año sobre la participación de militares en masacres.
Ahora, cuenta con medidas adicionales de protección por parte del Gobierno.
"Hay un desconcierto total. La solución en Colombia es darle escoltas a todo el mundo, pero las investigaciones no avanzan, entonces la gente amenaza y asesina y nadie sabe quién fue", se lamentó Ávila.
Mientras las amenazas se disparan y los amenazados buscan a los que consideran los verdaderos autores de las advertencias, el país hace frente a los dos últimos sucesos que han sacudido la situación de los amenazados.
El primero de ellos es la crisis presupuestaria de la entidad del Estado encargada de brindar seguridad a los amenazados, la Unidad Nacional de Protección (UNP), que mantiene el 76,7 % de los servicios que ofrece en manos privadas y que arrastra un déficit de 100.000 millones de pesos colombianos (unos 49,5 millones de dólares) para acabar este año.
El segundo es el debate que realizó el Senado sobre la relación del expresidente Álvaro Uribe con narcotraficantes y paramilitares, que conmocionó al país y volvió a enfrentar de forma radical a la izquierda y a la derecha, un reflejo de la lucha que vive Colombia desde hace más de medio siglo.
"Se dice que en los próximos días van a amenazar a mucha más gente para que el Estado no tenga capacidad de proteger a todos, y entonces los amenazados que se descuiden o cometan riesgos van a terminar asesinadas", advirtió Ávila.
Por qué los más pobres apoyan a Rousseff en reelección
Por STAN LEHMAN (de la Agencia Associated Press)
24 de septiembre 2014
Vista general de la favela de Paisopolis con el barrio de Morumbi al fondo, en Sao Paulo, Brasil.
La vida sigue siendo dura para los millones de brasileños que siguen en la pobreza. Pero nunca antes habían estado tan bien. Y esa es la clave de la posible reelección de la presidente Dilma Rousseff para otro período de gobierno.
Aunque Rousseff y su principal rival, Marina Silva, se encuentran empatadas entre los votantes de clase media, que es el grupo que más vota en el país, la mandataria goza de una amplia ventaja entre los más pobres de Brasil por sus generosos programas sociales que han ayudado a erradicar el hambre y la pobreza extrema, bajo el mandato del Partido de los Trabajadores que ella lidera.
Entre 2001 y 2012, Brasil redujo la pobreza extrema del 14% de la población al 3,5%, según el informe anual del Estado de la Inseguridad Alimentaria de Naciones Unidas, publicado la semana pasada. La cantidad de personas con desnutrición se redujo del 19% a menos del 5%, lo que sacó a Brasil del mapamundi del hambre global de la ONU.
Una mujer lava ropa en su casa de una favela de Brasilandia en Sao Paulo, Brasil.
La última encuesta de la respetada firma Ibope, publicada la semana pasada, dice que el 46% de quienes tienen los ingresos más precarios, y que constituyen un cuarto del electorado, votaría por Rousseff en la primera vuelta en las elecciones presidenciales del 5 de octubre, en comparación con el 24% de quienes votarían por Silva.
A Rousseff le va mejor en este sector de la población en comparación con el resto del electorado. El sondeo de Ibope muestra que Rousseff supera a Silva con un 6% de los votos para la primera vuelta. Si ninguno de los candidatos obtiene el 50% del total de los sufragios, una segunda vuelta se tendrá que celebrar el próximo 26 de octubre y que Silva ganaría por un estrecho margen, según la misma encuesta.
Ibope encuestó a 3.010 personas en todo Brasil del 13 al 15 de septiembre con un margen de error de más o menos dos puntos porcentuales.
Andrea Santos, que vive en la favela Heliópolis de Sao Paulo, uno de las más grandes de Brasil, dice la mayoría de sus vecinos no dudan a quién entregar su voto.
"La mejoras que Dilma y el Partido de los Trabajadores hicieron en materia de salud y educación para los pobres garantizará que el 90 por ciento" de quienes votan en Heliópolis lo harán por ella, dijo Santos, que vive en un viejo edificio de concreto, tres pisos, y construido en un estrecho callejón.
Santos, sus cinco hijos y un nieto comparten dos estrechas habitaciones en el edificio que carece de ascensor y que arrienda por 400 dólares al mes; lo que corresponde a la totalidad del salario que recibe por coordinar actividades educativas para jóvenes en un centro comunitario local.
"Si no fuera por el dinero que mis hijos ganan haciendo trabajos ocasionales aquí y allá o haciendo mandados, no sería capaz de pagar el alquiler", dijo Santos, de pie, delante de su televisor de pantalla plana junto con Nelinha, su perro pinscher de siete años.
Durante cuatro años su familia se benefició de uno de los programas más populares impulsado por el Partido de Trabajadores, llamado "Bolsa Familia", que entregó 10.700 millones de dólares a unas 14 millones de familias en 2013.
El programa da a las madres un estipendio mensual variable siempre y cuando puedan demostrar que están sus hijos van a la escuela y que mensualmente los llevan a las clínicas estatales para chequeos rutinarios y para que les pongan vacunas. Santos recibió unos cien dólares en efectivo cada mes por mantener a sus hijos en la escuela hasta que su último hijo terminó clases en diciembre.
"La vida de los pobres ha mejorado durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores y votarán por Dilma porque sienten que sus vidas continuarán mejorando, y tienen miedo que puedan perder los beneficios que han obtenido", dijo Pedro Fassoni Arruda, profesor de ciencia política de la Universidad Católica de Sao Paulo. "No hay duda de que en todo el país Dilma y el Partido de los Trabajadores tienen el apoyo de los sectores más pobres de la sociedad".
El equipo de Silva acusó a la campaña de Dilma de difundir rumores de que la opositora, que tiene una agenda económica más ortodoxa, terminaría el programa Bolsa Familia si resulta electa.
El equipo de Dilma rechaza la acusación.
La semana pasada, Silva lanzó un anuncio publicitario, de corte emocional, que la mostraba ante una manifestación al noreste de Brasil, diciendo que nunca terminaría ese programa porque ella misma tuvo que pasar hambre como la hija que era de un empobrecido cauchero que trabajaba en lo profundo de la selva amazónica.
En privado, los asesores de Silva reconocen su frustración porque su campaña no ha atraído a los pobres. Argumentan que no tienen tiempo o dinero para hacerle entender a la gente que Silva tiene raíces humildes mientras que Rousseff es hija de la clase media.
Sin embargo, entre los votantes pobres es suficiente para sufragar por Rousseff que el mentor político de la mandataria, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, pasara de limpiabotas a jefe de estado del país, así como la marca "Partido de los Trabajadores".
Manoel Otaviano da Silva, líder comunitario de Heliópolis, lo expresó sin rodeos.
"Lula es visto aquí como un Dios que puede hacer nada malo", dijo. "Si él respalda a Dilma, entonces ella no podrá hacer nada malo. La mayoría de los residentes aquí la ven como una continuación de Lula y de los programas que su gobierno introdujo".
En las laberínticas calles de Heliópolis es prácticamente imposible encontrar un sólo cartel o pancarta de la campaña de Silva. En contraste, los anuncios de la campaña de Rousseff están por doquier.
"¿Por qué debo votar por Marina Silva cuando ya sé lo que Dilma y el Partido de los Trabajadores han hecho y seguirán haciendo?", dijo María Damaceno de Santana, cocinera de 43 años que vive en la favela. "Dilma tiene que ser reelegida para que pueda seguir ayudando a los pobres. Sabemos quién es Dilma. No sabemos quién es Marina Silva".
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BRASIL
Entrevista con Marco Antonio Carvalho Teixeira.
"Con Dilma reelegida o sin Dilma, Lula volverá en 2018"
Por Eduardo Sotos
Entrevista con Marco Antonio Carvalho Teixeira.
"Con Dilma reelegida o sin Dilma, Lula volverá en 2018"
Por Eduardo Sotos
Faltan exactamente dos semanas para que los más de 200 millones de brasileños acudan a las urnas y el interrogante sobre quién será el próximo presidente, o mejor dicho presidenta, del mayor país de Sudamérica continua sin respuesta. El 5 de octubre será una fecha clave. No solamente está en juego el futuro del gigante amazónico, sino que el resultado de las presidenciales marcará en gran parte el rumbo de Latinoamérica en los próximos años. Desde Mercosur hasta los BRICS, la herencia geopolítica del expresidente Lula y del Partido de los Trabajadores (PT) podría desvanecerse si los brasileños optan, el próximo 5 de octubre, por un cambio de gobierno.
Marco Antonio Carvalho Teixeira, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia de Sao Paulo (PUC-SP) y profesor en el Centro de Estudios en Administración Pública y Gobierno de la Fundación Getulio Vargas (CEAPG-FGV), analizó en una entrevista a Nóvosti la situación de los candidatos en la recta final de la campaña electoral.
• Hace apenas unas semanas, parecía que la candidata del Partido Socialista Brasileño (PSB), Marina Silva, barrería a Dilma Rousseff (PT). Sin embargo, en pocos días las encuestas han pasado de dar ventaja a Silva a hablar de un empate técnico e, incluso, situar a Dilma como líder. ¿Cómo puede explicarse este repentino bajón de la principal aspirante?
Marina Silva obtuvo una gran ventaja emocional en el electorado brasileño a raíz de la tragedia, el pasado 13 de agosto, con el accidente mortal del hasta entonces candidato del PSB, Eduardo Campos. Ese potentísimo crecimiento tras asumir la candidatura dejó la sensación de que no solo iba a ser una gran competidora para Dilma Rousseff, sino la gran favorita para vencer las elecciones. Silva, obtuvo las simpatías de gente que votaría simplemente por oposición al Partido de los Trabajadores (PT) y de la gente a la que le gusta el PT pero no Dilma. Todos ellos vieron en Marina una gran oportunidad y expresaron su apoyo sin conocerla. Lo que ocurrió es que ese pico de popularidad comenzó a decaer cuando la verdadera campaña se puso en marcha y Silva comenzó a aparecer en la televisión, en los debates y en mítines, desencantando a parte de ese electorado.
• ¿Se trata de un problema de liderazgo de Marina Silva, un fallo en el programa electoral del PSB, los ataques de Rousseff o un poco de todo?
En comparación con Dilma Rousseff, Silva peca de un alto grado de improvisación en sus posturas, algo que desagrada puesto que un programa electoral tiene que estar bien preparado, ser explicado al votante. La vuelta atrás en algunas posiciones debido a su gran pragmatismo electoral, como sus matices en la defensa de los derechos de los homosexuales o en la educación, por ejemplo, le están pasando factura. Creo que su pérdida en las encuestas tiene más que ver con las fragilidades e incoherencias mostradas en campaña que con el bombardeo de críticas que Dilma ha vertido sobre ella.
• ¿Podría pensarse que su condición de cristiana evangélica le estuviese planteando problemas con un programa electoral que fue ideado por y para Eduardo Campos?
Silva se echó atrás con algunas cuestiones del programa del PSB debido a que, probablemente, ni siquiera había leído el programa en profundidad. Al conocer en detalle algunos puntos que confrontarían su propia ideología decidió echar marcha atrás a pesar de saber que perdería aliados políticos. Todo ello supuso una gran confusión en el partido. Si no consigue separar las decisiones políticas de sus creencias propias no va a poder ejercer un liderazgo creíble. Esto ha hecho a muchos echarse atrás. No puede decirse que la cuestión religiosa o que sea evangélica la perjudique. Pero el hecho de no poder separar ambas cuestiones da una muy mala sensación para alguien que tendrá que formar gobierno y lidiar con alianzas políticas en el futuro.
• ¿Puede ser que el perfil de Marina Silva no esté todavía claro en la mentalidad de los brasileños?
Marina es una político que surge de la esfera de los movimientos sociales y sindicales de la nueva izquierda brasileña. Estuvo presente en la misma fundación del Partido de los Trabajadores y tuvo gran peso en la región de Acre, surgiendo como una nueva figura de liderazgo con una marcada tendencia ecologista. Esto le produjo incluso problemas durante su periodo como ministra de Medio Ambiente en el gobierno de Lula, donde se enfrentó a algunas políticas de desarrollo (hidroeléctricas, nucleares), provocando su posterior salida en 2008. Sin embargo, fue lo que otorgó mayor visibilidad a nivel nacional. Finalmente, entró en el PSB por no encontrar espacio político para su propio proyecto, la Rede de Sustentabilidade. Sin embargo, no va a renunciar a esto si alcanza el poder e intentará atraer en torno a su figura y la causa ecologista a diversas tendencias de izquierdas y conservadoras.
• Hablemos de Dilma quien parece recuperar el liderazgo en las encuestas con un 37% frente al 30% de Silva. ¿Cuál es el principal escollo que tendrá que superar para conseguir la reelección?
El principal inconveniente de Rousseff para su reelección es el fracaso de su política económica en los últimos meses. Si atendemos a las cifras de aprobación de los meses de enero o febrero, tenía una aprobación muy elevada, en torno al 47-48%. Desde entonces, el ambiente económico del país se deterioró mucho por lo que la confianza de los agentes económicos ha desaparecido. Tanto es así que ni siquiera la oposición critica en cuestiones como la educación o la salud, sino que centran sus críticas en el caos económico que el país está viviendo. Por ello, todos los esfuerzos de Dilma se están centrando en lograr revertir algunos de los indicadores económicos con medidas concretas, eso ha facilitado que los índices de rechazo hacia ella hayan disminuido.
• Curiosamente, la popularidad de la presidenta ha mejorado a pesar de los recientes escándalos de corrupción como el de Petrobras. Algo que Silva no ha dudado en utilizar. ¿Es Dilma inmune a los rumores de corrupción?
Desde la última encuesta de Datafolha, Marina ha doblado el índice de rechazo del 11% al 22% en la campaña mientras que Dilma, con toda la responsabilidad de estar en el gobierno, se mantiene estable en el 33%. Esto significa que el impacto de la corrupción en la candidatura de Rousseff es residual, es más Dilma ya superó la crisis del Mensalao y salió reforzada. El caso de Petrobras ha sido más una denuncia que un hecho concreto. De hecho, el silencio de Paulo Roberto Costa en la comisión de Investigación del Congreso refuerza esa sensación de rumor frente a hechos contrastados. Además, el caso Petrobras no la relaciona directamente.
• Según todas las encuestas el segundo turno es inevitable y podría estar marcado por un empate técnico entre Dilma y Marina. ¿Quién tiene más posibilidades de salir vencedor en un segundo turno?
En una situación de empate quien ya está en el gobierno siempre tiene más recursos para llegar a la gente. Dilma tendrá mas apoyos, más recursos del partido para su campaña, mientras que Silva intentará mantener y aprovechar la percepción positiva de los votantes desencantados que consiguió al asumir el liderazgo del PSB. Cada una tiene sus recursos, Dilma la estructura y Silva la ilusión.
• Aunque nadie duda de que el expresidente Lula apoye la reelección de Dilma Rousseff, son muchos los que suspiran por su vuelta y las malas lenguas ya hablan de 2018. ¿Cómo afecta el liderazgo de Lula a las aspiraciones de Dilma?
Lula volverá en 2018 pase lo que pase, con Dilma reelegida o sin Dilma. El gran líder del PT siempre fue Lula y nunca dejó de serlo. Tanto es así que el principal gancho electoral de estas elecciones es él, al igual que lo fue en 2010. Lula está extremadamente comprometido con la campaña del PT, especialmente en la recuperación de aliados perdidos y con reaglutinar el partido sobre todo en caso de tener que plantearse la oposición. Tengo la impresión de que la victoria de Dilma, o mejor dicho del PT, en estas elecciones es una cuestión de honra para él.fuente Ría Novosti
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BRASIL
En peligro el desarrollo social brasileño
Hedelberto López Blanch
Las próximas elecciones presidenciales en Brasil fijadas para octubre próximo, pudieran dar al traste con los grandes avances sociales y económicos que desde hace 11 años han llevado adelante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), encabezados por Luiz Inacio Lula da Silva, y seguido por el de Dilma Rousseff, los cuales han beneficiado a millones de ciudadanos de ese país.
Muchos intereses estan en juego para tratar de contrarrestar los cambios ocurridos en el gigante sudamericanos, pero dos son los más peligrosos: primero la animadversión de Estados Unidos hacia Brasil por su política de integración latinoamericana, el fortalecimiento del BRICS y su acercamiento a China, Cuba y Rusia.
En segundo lugar, el malestar de los poderosos grupos económicos y políticos de la derecha tradicional brasileña que no aceptan los cambios ocurridos para bien de la mayoritaria población.
Si hace pocos meses las encuestas daban como favorita para reelegirse a Rousseff, la situación cambió tras la muerte el 13 de agosto pasado, en un accidente aéreo, del candidato del Partido Socialista (PSB) Eduardo Campos, y la rápida entrada hacia la carrera presidencial de su vice, Marina Silva, lo cual ha estrechado las intenciones de votos entre estas dos principales contrincantes.
De la casi decena de aspirantes para la primera vuelta, Dilma aparece con una intención de votos del 39 %, seguida de Silva con 31 % y del derechista del Partido Socialdemócrata (PSDB) Aécio Neves con 15 %. Los demás no cuentan prácticamente en la lid.
Silva, ex ministra de Medio Ambiente en el gobierno de Lula, renunció al PT, y aparece como la preferida del sector financiero, la clase media y de los habitantes de las grandes ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro.
Como se recordará, Dilma canceló hace unos meses una visita de Estado a Washington, debido al espionaje electrónico que realizó la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos contra la presidenta y varios funcionarios brasileños. Eso tensó las relaciones con la administración de Barack Obama, que esta buscando una nueva cara que dirija los destinos del gigante sudamericano.
Tampoco a Washington le agrada la estrecha relación que Brasilia ha desarrollado con Cuba, Rusia y China y el impulso que ha dado a la Unión de Naciones del Sur (Unasur) y al Grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), este año el BRICS tendrá, en su conjunto, un mejor desempeño económico que Estados Unidos y Europa.
Pero analicemos más detalladamente los avances de Brasilia tras de la llegada de los gobiernos del PT en 2013.
En los últimos 11 años el crecimiento ha sido constante y si en 2007 ocupaba el décimo lugar por su Producto Interno Bruto (PIB), en 2008 superó a Canadá, en 2009 a España; en 2010 a Italia y a finales de 2013 estaba a solo pocos puntos de Gran Bretaña que ocupa la sexta posición.
La inmensa asimetría que existía entre ricos y pobres se ha reducido con la puesta en marcha numerosos programas sociales y más de 34 millones de personas salieron de la escala de pobreza en la que se mantuvieron durante décadas.
Los índices de pobreza se redujeron desde el 42 % en 2002 a 20 % en 2013; la tasa de desempleo se fijó en mayo de 2014 en 4,9 %, la más baja en toda la historia.
No obstante, de los 202 millones de habitantes, y pese a los esfuerzos realizados por las administraciones Lula-Rousseff, aun existen 22 millones de personas bajo la línea de pobreza, mientras unos 50 millones en total necesitan ayuda del Estado para recibir asistencia médica ya que no pueden pagar la atención privada.
En este contexto social han llegado al país numerosos galenos, entre ellos 6 000 profesionales cubanos que fueron ubicados en cerca de 800 municipios y regiones apartadas, los que brindan asistencia especializada gratuita a personas pobres y de clase media.
Desde la llegada de Lula al poder se iniciaron varios proyectos sociales como Hambre Cero, Brasil sin Miseria, Universidad para Todos, Mi casa, Mi vida, Bolsa Familia (brindan asistencia a núcleos pobres) y Primer Empleo que facilita a los jóvenes el acceso al mercado laboral, además de los subsidios distribuidos y el aumento del 53 % del salario mínimo.
Como complemento directo se suma la financiación de la escolaridad infantil y la elevación del número de puestos de trabajo, además de construirse o estar en ejecución, dos millones de viviendas para personas de bajos recursos.
Esos programas han permitido que las capas más afectadas de la sociedad hayan aumentado sus ingresos y tengan más poder adquisitivo lo que impulsa, a la vez, el desarrollo de la economía.
En este sentido, aunque los detractores del sistema afirman que ha disminuido el comercio exterior lo cual afecta el aumento del PIB, el ministro de Hacienda Guido Mantega explicó que Brasil no es un país dependiente de sus exportaciones como tantos otros. Agregó que posee un mercado interno grande y en crecimiento constante por lo que el producto interno depende solo del 15 % de las exportaciones y del 85 % del mercado nacional.
A eso se debió que las crisis internacionales como la del 2008 tuvieran poca repercusión sobre el mercado brasileño.
En definitiva, en las elecciones del próximo octubre se enfrentarán dos vertientes de sistemas diferentes, uno representado por Silva (en una posible segunda vuelta contará con el apoyo de Neves) que promueve políticas de corte neoliberal y responde a intereses del sector privado, y el otro del PT que apoya el desarrollo económico y social sostenido para sus habitantes, además de apostar por un mundo multilateral y la efectiva integración regional.
Esperemos pues los electores tendrán en sus respectivas boletas la decisión final.
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BOLIVIA
Hedelberto López Blanch
Las próximas elecciones presidenciales en Brasil fijadas para octubre próximo, pudieran dar al traste con los grandes avances sociales y económicos que desde hace 11 años han llevado adelante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), encabezados por Luiz Inacio Lula da Silva, y seguido por el de Dilma Rousseff, los cuales han beneficiado a millones de ciudadanos de ese país.
Muchos intereses estan en juego para tratar de contrarrestar los cambios ocurridos en el gigante sudamericanos, pero dos son los más peligrosos: primero la animadversión de Estados Unidos hacia Brasil por su política de integración latinoamericana, el fortalecimiento del BRICS y su acercamiento a China, Cuba y Rusia.
En segundo lugar, el malestar de los poderosos grupos económicos y políticos de la derecha tradicional brasileña que no aceptan los cambios ocurridos para bien de la mayoritaria población.
Si hace pocos meses las encuestas daban como favorita para reelegirse a Rousseff, la situación cambió tras la muerte el 13 de agosto pasado, en un accidente aéreo, del candidato del Partido Socialista (PSB) Eduardo Campos, y la rápida entrada hacia la carrera presidencial de su vice, Marina Silva, lo cual ha estrechado las intenciones de votos entre estas dos principales contrincantes.
De la casi decena de aspirantes para la primera vuelta, Dilma aparece con una intención de votos del 39 %, seguida de Silva con 31 % y del derechista del Partido Socialdemócrata (PSDB) Aécio Neves con 15 %. Los demás no cuentan prácticamente en la lid.
Silva, ex ministra de Medio Ambiente en el gobierno de Lula, renunció al PT, y aparece como la preferida del sector financiero, la clase media y de los habitantes de las grandes ciudades como Sao Paulo o Río de Janeiro.
Como se recordará, Dilma canceló hace unos meses una visita de Estado a Washington, debido al espionaje electrónico que realizó la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos contra la presidenta y varios funcionarios brasileños. Eso tensó las relaciones con la administración de Barack Obama, que esta buscando una nueva cara que dirija los destinos del gigante sudamericano.
Tampoco a Washington le agrada la estrecha relación que Brasilia ha desarrollado con Cuba, Rusia y China y el impulso que ha dado a la Unión de Naciones del Sur (Unasur) y al Grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), este año el BRICS tendrá, en su conjunto, un mejor desempeño económico que Estados Unidos y Europa.
Pero analicemos más detalladamente los avances de Brasilia tras de la llegada de los gobiernos del PT en 2013.
En los últimos 11 años el crecimiento ha sido constante y si en 2007 ocupaba el décimo lugar por su Producto Interno Bruto (PIB), en 2008 superó a Canadá, en 2009 a España; en 2010 a Italia y a finales de 2013 estaba a solo pocos puntos de Gran Bretaña que ocupa la sexta posición.
La inmensa asimetría que existía entre ricos y pobres se ha reducido con la puesta en marcha numerosos programas sociales y más de 34 millones de personas salieron de la escala de pobreza en la que se mantuvieron durante décadas.
Los índices de pobreza se redujeron desde el 42 % en 2002 a 20 % en 2013; la tasa de desempleo se fijó en mayo de 2014 en 4,9 %, la más baja en toda la historia.
No obstante, de los 202 millones de habitantes, y pese a los esfuerzos realizados por las administraciones Lula-Rousseff, aun existen 22 millones de personas bajo la línea de pobreza, mientras unos 50 millones en total necesitan ayuda del Estado para recibir asistencia médica ya que no pueden pagar la atención privada.
En este contexto social han llegado al país numerosos galenos, entre ellos 6 000 profesionales cubanos que fueron ubicados en cerca de 800 municipios y regiones apartadas, los que brindan asistencia especializada gratuita a personas pobres y de clase media.
Desde la llegada de Lula al poder se iniciaron varios proyectos sociales como Hambre Cero, Brasil sin Miseria, Universidad para Todos, Mi casa, Mi vida, Bolsa Familia (brindan asistencia a núcleos pobres) y Primer Empleo que facilita a los jóvenes el acceso al mercado laboral, además de los subsidios distribuidos y el aumento del 53 % del salario mínimo.
Como complemento directo se suma la financiación de la escolaridad infantil y la elevación del número de puestos de trabajo, además de construirse o estar en ejecución, dos millones de viviendas para personas de bajos recursos.
Esos programas han permitido que las capas más afectadas de la sociedad hayan aumentado sus ingresos y tengan más poder adquisitivo lo que impulsa, a la vez, el desarrollo de la economía.
En este sentido, aunque los detractores del sistema afirman que ha disminuido el comercio exterior lo cual afecta el aumento del PIB, el ministro de Hacienda Guido Mantega explicó que Brasil no es un país dependiente de sus exportaciones como tantos otros. Agregó que posee un mercado interno grande y en crecimiento constante por lo que el producto interno depende solo del 15 % de las exportaciones y del 85 % del mercado nacional.
A eso se debió que las crisis internacionales como la del 2008 tuvieran poca repercusión sobre el mercado brasileño.
En definitiva, en las elecciones del próximo octubre se enfrentarán dos vertientes de sistemas diferentes, uno representado por Silva (en una posible segunda vuelta contará con el apoyo de Neves) que promueve políticas de corte neoliberal y responde a intereses del sector privado, y el otro del PT que apoya el desarrollo económico y social sostenido para sus habitantes, además de apostar por un mundo multilateral y la efectiva integración regional.
Esperemos pues los electores tendrán en sus respectivas boletas la decisión final.
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BOLIVIA
La Nacionalización y sus Enemigos
Por Idón Moisés Chivi Vargas
(Resumen Latinomericano)
Opositores a Evo Morales: derechistas Tuto Quiroga y Doria Medina
Lenin solía definir a la política como “la expresión más concentrada de la economía”.
Pero la político no es un campo abierto de especulaciones, sino el lugar donde hoy -en procesos electorales- el Tribunal Supremo Electoral exige la presentación de un “Programa de Gobierno” a los partidos que tercian en las elecciones.
Este “programa”, para los efectos del presente artículo, será entendido como un registro ideológico que comprime los sentidos históricos por los cuales un partido, instrumento o agrupación ciudadana, se presenta a las elecciones.
Dicho de otra forma el “programa político” resume el horizonte económico y no al revés.
Hacemos este ejercicio hermenéutico porque en tiempos de q’ayma campaña, los “programas” no están siendo adecuadamente conocidos por los electores, y ello es aprovechado para confundir y engañar a quienes los datos muestran como “indecisos”.
En realidad el motivo es desnudar el 50/50% de Doria Medina “que lo dijo pero no lo dijo” como él mismo se encarga de repetir cansinamente en sus spots, pero a su vez para desnudar a Tuto, quien dice que “no privatizó ni un tornillo” y finalmente para poner en evidencia a Juan quien encubre en su retórica, la alianza ideológica con el neoliberalismo.
Sería ingenuo admitir que Tuto y Doria están en veredas contrarias, ni siquiera Juan lo está, son lo mismo, con distintos colores de bandera y programas que varían en las formas más no en el fondo.
Provienen de la misma matriz ideológica y comparten el mismo padrino político, los iueseis y Mr. Obama.
El país para ellos no existe, existe una máquina de hacer dinero fácil y una masa popular ignorante que vota para su propia desgracia.
Por ello miran a la empresa privada como predestinada al éxito y el Estado como mal administrador predestinado al fracaso.
Empecemos a pasar revista a sus programas y declaraciones, aclarando de principio y por enésima vez, que lo que conocemos como derecha no son una secta satánica, sino solo la categoría personificada de un modelo de pensamiento económico que dirige su accionar hacia la política.
PDC: El litio y la gallina de los huevos…
El programa de Tuto es elocuente al respecto:
“El desafío histórico recaerá en los empresarios privados y su imaginación innata para competir en el mercado internacional, en clara sociedad con un Estado comprometido en coadyuvar al proceso de inserción internacional de la economía boliviana” (Pág. 7) “Debemos estar dispuestos a crear zonas industriales, invertir más de $us 3 mil millones en los próximos tres años en infraestructura, en aeropuertos, en facilidades, y dar garantías y seguridad plena para que las ‘grandes fábricas de baterías sepan que Bolivia será el mejor lugar para hacerlas” (Pag.11)
¿Imaginación innata? Quién les ha hecho creer a los autores del documento que los empresarios tienen la bendición darwiniana para los negocios? ¿Quién les ha hecho creer que sin transnacionales –se sobreentiende, algo mejor que las empresas nacionales-, no se puede vivir? Semejante modelo de auto-desprecio solo puede explicarse por su falta de vocación nacionalista y su mentalidad dependiente.
¿Quiénes son las “grandes fábricas”? Son las empresas transnacionales que hoy detentan la tecnología y el conocimiento y con las cuales Tuto cree poder lograr acuerdos, estamos hablando de: Mitsubishi y Sumitomo de Japón y el grupo francés Bolloré.
De este modo nos damos cuenta que Tuto tiene en la cabeza la privatización del litio para repetir la desgracia neoliberal en versión remozada.
Le es fácil decir qué es lo que no va a privatizar (aunque sea mentira), pero le es difícil ocultar lo quiere privatizar (porque es verdad).
UD: Los traspiés de la lengua…
Doria Medina no se queda atrás, por el contrario confirma lo anterior, en su programa de gobierno señala que:
“El motor del Plan Bolivia Progresa será mantener y aumentar la tasa de crecimiento de la economía, lo que sólo puede lograrse con una inteligente y fuerte inversión público-privada. Para asegurar que la inversión esté adecuadamente protegida y al mismo tiempo ofrezca suficientes retornos al Estado, debemos promover ‘alianzas público privadas’ en diferentes campos de la economía que, a diferencia de las empresas estatales mal concebidas y peor realizadas que prefiere el Gobierno, desaten sinergias productivas que permitan que la empresa privada haga lo que mejor sabe hacer bajo control y con la participación de nuevas entidades técnicas estatales” (Pág. 32)
Para que no quede dudas veamos una entrevista en El Deber:
“Las empresas del Estado que se ocupan de los recursos naturales (YPFB, ENDE, Comibol) y son estratégicas para el país (BOA, ENTEL): las defenderemos y las convertiremos en corporaciones eficientes, transparentes y competitivas (…) Apoyo la nacionalización de YPFB, y todo el dinero que arroja para el país. No disminuiré estos ingresos. No suspenderé los bonos. Mi propuesta es para incentivar la inversión en exploración de nuevos campos, lo que el país necesita urgentemente (…) quiero darle a mi vida, que ya ha sido exitosa en el campo económica, una dimensión de servicio social, y quiero llevar lo que aprendí en el mundo de los negocios a la administración del Estado, que necesita de este tipo de conocimiento” (http://www.eldeber.com.bo/
A diferencia de Tuto que mira el Litio como la gallina de los huevos de oro, Doria enfoca su mirada pudiente a los “nuevos campos”.
Y dice de modo tajante, como una confesión “quiero llevar lo que aprendí en el mundo de los negocios a la administración del Estado”.
Más pruebas de su neoliberalismo? Doria hace conocer a los medios internacionales el día 25 de septiembre que “aboga por la Alianza del Pacífico en lugar del ALBA” (http://www.la-razon.
A buen entendedor pocas palabras…
MSM: Trabalenguas neoliberal para ingenuos…
Juan del Granado, de forma disimulada y eufemística, y luego de un paseo horrible por un seudo análisis económico de la economía plural nos dice:
“Superando tanto la posición neoliberal privatista, de políticas orientadas a economías de mercado libre y auto-regulado, como la posición estatista burocrática, proponemos un modelo de desarrollo alternativo sostenido sobre la consideración equilibrada tanto de las ventajas como de las dificultades del mercado y del Estado y, consecuentemente, de la necesidad de complementariedad entre ambos. Es así que proponemos, que la iniciativa privada esté basada en un marco de acción pública que promueva: i) la reestructuración productiva a través de innovaciones y del fortalecimiento de los encadenamientos productivos y ii) la redistribución equitativa de la riqueza. En este sentido, planteamos que la actuación estatal no ocurra de forma unilateral como la única fuerza dirigente del desarrollo económico, sino en concertación y coordinación con los actores privados” (Pág 103)
Y más adelante aclaran:
“[s]e debe buscar complementariedad de la inversión privada y no su remplazo por parte de la inversión pública, con el objetivo de ampliar la base productiva de la economía boliviana así como su nivel de competitividad” (Pág. 120)
En una entrevista en El Deber el mismísimo Juan señala:
“Nosotros proponemos un fondo urgente público - privado de $us. 5.000 millones para lograr ejecutar un consistente programa de exploración que garantice las reservas de gas” (http://www.eldeber.com.bo/
Para el proceso de privatización en los noventa, el ardid narrativo decía que las empresas eran corruptas y deficientes por definición, para salvar a esas empresas había que privatizarlas y el capital privado iba a generar inversiones y fuentes de empleo (Casi como por arte de magia).
Esa hegemonía semántica neoliberal echaba loas a la iniciativa privada y volcaba lodo sobre la empresa estatal, la construcción mediática manejaba esa dicotomía al igual que un mago maneja las ilusiones ópticas confundidas con el poder de las palabras.
Hoy Doria Medina, Tuto Quiroga y Juan del Granado ofertan exactamente lo mismo que ofertaban en los noventa, nos están diciendo que las empresas estatales están condenadas al fracaso y que la única salvación es el capital transnacional, encubierto tras la nomenclatura “inversión privada-inversión pública”.
Podemos observar con toda nitidez, sus programas y declaraciones los venden en cuerpo y alma, dicen en un lado una cosa y dicen en otro lado otra. Quieren borrar con la lengua lo que escriben con la boca y quieren borrar con el codo lo que escribieron en los noventa con las manos teledirigidas desde el Consenso de Washington y los Chicago Boys
Hoy décimo cuarto año del siglo XXI, ya sabemos quiénes son los enemigos de la nacionalización… son ellos con nombre y apellido, se llaman vende-patrias.
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Lenin solía definir a la política como “la expresión más concentrada de la economía”.
Pero la político no es un campo abierto de especulaciones, sino el lugar donde hoy -en procesos electorales- el Tribunal Supremo Electoral exige la presentación de un “Programa de Gobierno” a los partidos que tercian en las elecciones.
Este “programa”, para los efectos del presente artículo, será entendido como un registro ideológico que comprime los sentidos históricos por los cuales un partido, instrumento o agrupación ciudadana, se presenta a las elecciones.
Dicho de otra forma el “programa político” resume el horizonte económico y no al revés.
Hacemos este ejercicio hermenéutico porque en tiempos de q’ayma campaña, los “programas” no están siendo adecuadamente conocidos por los electores, y ello es aprovechado para confundir y engañar a quienes los datos muestran como “indecisos”.
En realidad el motivo es desnudar el 50/50% de Doria Medina “que lo dijo pero no lo dijo” como él mismo se encarga de repetir cansinamente en sus spots, pero a su vez para desnudar a Tuto, quien dice que “no privatizó ni un tornillo” y finalmente para poner en evidencia a Juan quien encubre en su retórica, la alianza ideológica con el neoliberalismo.
Sería ingenuo admitir que Tuto y Doria están en veredas contrarias, ni siquiera Juan lo está, son lo mismo, con distintos colores de bandera y programas que varían en las formas más no en el fondo.
Provienen de la misma matriz ideológica y comparten el mismo padrino político, los iueseis y Mr. Obama.
El país para ellos no existe, existe una máquina de hacer dinero fácil y una masa popular ignorante que vota para su propia desgracia.
Por ello miran a la empresa privada como predestinada al éxito y el Estado como mal administrador predestinado al fracaso.
Empecemos a pasar revista a sus programas y declaraciones, aclarando de principio y por enésima vez, que lo que conocemos como derecha no son una secta satánica, sino solo la categoría personificada de un modelo de pensamiento económico que dirige su accionar hacia la política.
PDC: El litio y la gallina de los huevos…
El programa de Tuto es elocuente al respecto:
“El desafío histórico recaerá en los empresarios privados y su imaginación innata para competir en el mercado internacional, en clara sociedad con un Estado comprometido en coadyuvar al proceso de inserción internacional de la economía boliviana” (Pág. 7) “Debemos estar dispuestos a crear zonas industriales, invertir más de $us 3 mil millones en los próximos tres años en infraestructura, en aeropuertos, en facilidades, y dar garantías y seguridad plena para que las ‘grandes fábricas de baterías sepan que Bolivia será el mejor lugar para hacerlas” (Pag.11)
¿Imaginación innata? Quién les ha hecho creer a los autores del documento que los empresarios tienen la bendición darwiniana para los negocios? ¿Quién les ha hecho creer que sin transnacionales –se sobreentiende, algo mejor que las empresas nacionales-, no se puede vivir? Semejante modelo de auto-desprecio solo puede explicarse por su falta de vocación nacionalista y su mentalidad dependiente.
¿Quiénes son las “grandes fábricas”? Son las empresas transnacionales que hoy detentan la tecnología y el conocimiento y con las cuales Tuto cree poder lograr acuerdos, estamos hablando de: Mitsubishi y Sumitomo de Japón y el grupo francés Bolloré.
De este modo nos damos cuenta que Tuto tiene en la cabeza la privatización del litio para repetir la desgracia neoliberal en versión remozada.
Le es fácil decir qué es lo que no va a privatizar (aunque sea mentira), pero le es difícil ocultar lo quiere privatizar (porque es verdad).
UD: Los traspiés de la lengua…
Doria Medina no se queda atrás, por el contrario confirma lo anterior, en su programa de gobierno señala que:
“El motor del Plan Bolivia Progresa será mantener y aumentar la tasa de crecimiento de la economía, lo que sólo puede lograrse con una inteligente y fuerte inversión público-privada. Para asegurar que la inversión esté adecuadamente protegida y al mismo tiempo ofrezca suficientes retornos al Estado, debemos promover ‘alianzas público privadas’ en diferentes campos de la economía que, a diferencia de las empresas estatales mal concebidas y peor realizadas que prefiere el Gobierno, desaten sinergias productivas que permitan que la empresa privada haga lo que mejor sabe hacer bajo control y con la participación de nuevas entidades técnicas estatales” (Pág. 32)
Para que no quede dudas veamos una entrevista en El Deber:
“Las empresas del Estado que se ocupan de los recursos naturales (YPFB, ENDE, Comibol) y son estratégicas para el país (BOA, ENTEL): las defenderemos y las convertiremos en corporaciones eficientes, transparentes y competitivas (…) Apoyo la nacionalización de YPFB, y todo el dinero que arroja para el país. No disminuiré estos ingresos. No suspenderé los bonos. Mi propuesta es para incentivar la inversión en exploración de nuevos campos, lo que el país necesita urgentemente (…) quiero darle a mi vida, que ya ha sido exitosa en el campo económica, una dimensión de servicio social, y quiero llevar lo que aprendí en el mundo de los negocios a la administración del Estado, que necesita de este tipo de conocimiento” (http://www.eldeber.com.bo/
A diferencia de Tuto que mira el Litio como la gallina de los huevos de oro, Doria enfoca su mirada pudiente a los “nuevos campos”.
Y dice de modo tajante, como una confesión “quiero llevar lo que aprendí en el mundo de los negocios a la administración del Estado”.
Más pruebas de su neoliberalismo? Doria hace conocer a los medios internacionales el día 25 de septiembre que “aboga por la Alianza del Pacífico en lugar del ALBA” (http://www.la-razon.
A buen entendedor pocas palabras…
MSM: Trabalenguas neoliberal para ingenuos…
Juan del Granado, de forma disimulada y eufemística, y luego de un paseo horrible por un seudo análisis económico de la economía plural nos dice:
“Superando tanto la posición neoliberal privatista, de políticas orientadas a economías de mercado libre y auto-regulado, como la posición estatista burocrática, proponemos un modelo de desarrollo alternativo sostenido sobre la consideración equilibrada tanto de las ventajas como de las dificultades del mercado y del Estado y, consecuentemente, de la necesidad de complementariedad entre ambos. Es así que proponemos, que la iniciativa privada esté basada en un marco de acción pública que promueva: i) la reestructuración productiva a través de innovaciones y del fortalecimiento de los encadenamientos productivos y ii) la redistribución equitativa de la riqueza. En este sentido, planteamos que la actuación estatal no ocurra de forma unilateral como la única fuerza dirigente del desarrollo económico, sino en concertación y coordinación con los actores privados” (Pág 103)
Y más adelante aclaran:
“[s]e debe buscar complementariedad de la inversión privada y no su remplazo por parte de la inversión pública, con el objetivo de ampliar la base productiva de la economía boliviana así como su nivel de competitividad” (Pág. 120)
En una entrevista en El Deber el mismísimo Juan señala:
“Nosotros proponemos un fondo urgente público - privado de $us. 5.000 millones para lograr ejecutar un consistente programa de exploración que garantice las reservas de gas” (http://www.eldeber.com.bo/
Para el proceso de privatización en los noventa, el ardid narrativo decía que las empresas eran corruptas y deficientes por definición, para salvar a esas empresas había que privatizarlas y el capital privado iba a generar inversiones y fuentes de empleo (Casi como por arte de magia).
Esa hegemonía semántica neoliberal echaba loas a la iniciativa privada y volcaba lodo sobre la empresa estatal, la construcción mediática manejaba esa dicotomía al igual que un mago maneja las ilusiones ópticas confundidas con el poder de las palabras.
Hoy Doria Medina, Tuto Quiroga y Juan del Granado ofertan exactamente lo mismo que ofertaban en los noventa, nos están diciendo que las empresas estatales están condenadas al fracaso y que la única salvación es el capital transnacional, encubierto tras la nomenclatura “inversión privada-inversión pública”.
Podemos observar con toda nitidez, sus programas y declaraciones los venden en cuerpo y alma, dicen en un lado una cosa y dicen en otro lado otra. Quieren borrar con la lengua lo que escriben con la boca y quieren borrar con el codo lo que escribieron en los noventa con las manos teledirigidas desde el Consenso de Washington y los Chicago Boys
Hoy décimo cuarto año del siglo XXI, ya sabemos quiénes son los enemigos de la nacionalización… son ellos con nombre y apellido, se llaman vende-patrias.
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GUATEMALA
Detenidos cinco personas por masacre en San Juan Sacatepéquez
El gobierno militarizó toda la zona donde opera la cementera de la que salieron los asesinos de los indígenas
Siempre ha sido clara la connivencia entre gobierno y empresarios
Cinco hombres fueron detenidos ayer, durante los 20 allanamientos efectuados en Los Pajoques y San José Ocaña, Loma Alta, San Juan Sacatepéquez, luego de que se decretó estado de Prevención en ese municipio, tras los disturbios del 19 y 20 de septiembre, que dejaron ocho muertes. De estas, seis se les imputan a los detenidos.
26 de septiembre
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en esas comunidades acompañaron a fiscales del Ministerio Público que llevaban 18 órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Penal.
La Policía informó que los detenidos son Tomás Pajoj Xolix, de 25 años, así como Jesús, 31, y Rafael, 28, del mismo apellido; y Celestino Turuy Pajoj, 33. También José Dolores Pajoj Pirir, 51, padre de dos hombres que supuestamente participaron en el ataque a una familia; uno de ellos murió y el otro se encuentra hospitalizado.
Pajoj Pirir aseguró que la noche del viernes se encontraba en el hospital de Chimaltenango, con su hijo, quien resultó herido en los disturbios, y en horas de la madrugada se produjo la masacre contra una familia, donde murieron seis personas y uno de los supuestos agresores.
Turuy Pajoj refirió que es director de una escuela en la localidad y esa noche se encontraba en una actividad de la universidad privada donde cursa Derecho.
Los aprehendidos son sindicados de asesinato, asesinato en grado de tentativa, incendio agravado, reuniones y manifestaciones ilícitas. Fueron llevados al juzgado de Mixco.
Al momento de ser detenido Pajoj Pirir, familiares forcejearon con los agentes para impedirlo, al asegurar que no participó en los disturbios.
El detenido residía a pocos metros de donde fue quemada una casa.
Agentes policiales y soldados fueron movilizados a Los Pajoques y San José Ocaña para evitar incidentes por las capturas.
Durante el tercer día del estado de Prevención en Los Pajoques, muchos vecinos aún temen opinar sobre la presencia de las autoridades, y los pocos que lo hacen consideran que se debe a represalias de líderes locales.
Un poblador de San José Ocaña manifestó que uno de los buscados es su vecino, y cuando llegaron las autoridades se dio a la fuga.
El entrevistado expuso que se trata de una persona que ha amenazado a su familia desde hace años porque él trabaja en la cementera.
Los investigadores afirmaron que continuarán con los operativos en busca de líderes y encapuchados involucrados en la muerte de seis personas.
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó que 36 órdenes de captura están vigentes en San Juan Sacatepéquez.
Desde la incursión de las autoridades, el lunes último, en Los Pajoques, se retiraron dos talanqueras en la calle principal de esa comunidad que obstruían el ingreso.
Cinco hombres fueron detenidos ayer, durante los 20 allanamientos efectuados en Los Pajoques y San José Ocaña, Loma Alta, San Juan Sacatepéquez, luego de que se decretó estado de Prevención en ese municipio, tras los disturbios del 19 y 20 de septiembre, que dejaron ocho muertes. De estas, seis se les imputan a los detenidos.
26 de septiembre
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en esas comunidades acompañaron a fiscales del Ministerio Público que llevaban 18 órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Penal.
La Policía informó que los detenidos son Tomás Pajoj Xolix, de 25 años, así como Jesús, 31, y Rafael, 28, del mismo apellido; y Celestino Turuy Pajoj, 33. También José Dolores Pajoj Pirir, 51, padre de dos hombres que supuestamente participaron en el ataque a una familia; uno de ellos murió y el otro se encuentra hospitalizado.
Pajoj Pirir aseguró que la noche del viernes se encontraba en el hospital de Chimaltenango, con su hijo, quien resultó herido en los disturbios, y en horas de la madrugada se produjo la masacre contra una familia, donde murieron seis personas y uno de los supuestos agresores.
Turuy Pajoj refirió que es director de una escuela en la localidad y esa noche se encontraba en una actividad de la universidad privada donde cursa Derecho.
Los aprehendidos son sindicados de asesinato, asesinato en grado de tentativa, incendio agravado, reuniones y manifestaciones ilícitas. Fueron llevados al juzgado de Mixco.
Al momento de ser detenido Pajoj Pirir, familiares forcejearon con los agentes para impedirlo, al asegurar que no participó en los disturbios.
El detenido residía a pocos metros de donde fue quemada una casa.
Agentes policiales y soldados fueron movilizados a Los Pajoques y San José Ocaña para evitar incidentes por las capturas.
Durante el tercer día del estado de Prevención en Los Pajoques, muchos vecinos aún temen opinar sobre la presencia de las autoridades, y los pocos que lo hacen consideran que se debe a represalias de líderes locales.
Un poblador de San José Ocaña manifestó que uno de los buscados es su vecino, y cuando llegaron las autoridades se dio a la fuga.
El entrevistado expuso que se trata de una persona que ha amenazado a su familia desde hace años porque él trabaja en la cementera.
Los investigadores afirmaron que continuarán con los operativos en busca de líderes y encapuchados involucrados en la muerte de seis personas.
El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó que 36 órdenes de captura están vigentes en San Juan Sacatepéquez.
Desde la incursión de las autoridades, el lunes último, en Los Pajoques, se retiraron dos talanqueras en la calle principal de esa comunidad que obstruían el ingreso.
El pasado martes, una multitud de casi 2,000 personas le dio el último adiós a seis de las 11 víctimas del enfrentamiento entre pobladores registrado el fin de semana pasado.
Tensión en San Juan Sacatepéquez por masacre que dejó once muertos
Los asesinatos fueron cometidos por personal armado de una cementera
Guatemala declaró el estado de prevención en el municipio indígena de San Juan Sacatepéquez, al oeste de la capital, para evitar nuevos actos de violencia tras un ataque armado por parte de custodios de una cementera, que dejó once muertos el fin de semana.
Dos de los muertos fueron sepultados en un camposanto al que se llega por un camino de tierra rodeado de maizales. Ataviados con tradicionales vestimentas multicolores, decenas de indígenas rompieron en llanto al despedir a los dos hombres que perdieron la vida en los incidentes que se iniciaron la medianoche del viernes y se extendieron hasta la mañana del sábado.
"Yo estaba en la capital cuando me avisaron de la muerte de mi hijo", dijo a periodistas José Dolores, padre de Juan Pajoc, una de las víctimas del choque. Según Dolores, una persona vinculada a la cementera sería la responsable de haber disparado contra su hijo.
Para evitar nuevos brotes de violencia, el gobierno guatemalteco declaró este lunes un estado de prevención por 15 días y desplegó 1,200 policías y mil soldados, según un boletín oficial, que coparon varios sectores del municipio, cuyos habitantes repudian la habilitación de una carretera y la construcción de una planta de cemento.
Por las calles de las aldeas de San Juan Sacatepéquez, ubicado a unos 30 km al oeste de la capital guatemalteca, circulaban en grupos los efectivos de las fuerzas de seguridad ante la mirada atemorizada de los pobladores . Medios locales falsearon la información de lo ocurrido, señalando que "una discusión entre pobladores a favor y en contra de ambos proyectos detonó los enfrentamientos”, cuando en realidad lo que pasó tiene más que ver con una masacre deliberada por parte de los grupos armados al servicio de la cementera. El saldo es más que doloroso: once personas muertas, entre ellas seis miembros de una familia, varios heridos, así como viviendas y vehículos incendiados.
En San Juan Sacatepéquez "se han manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado", indicó el decreto del gobierno sobre el estado de prevención divulgado por el presidente, el militar derechista Otto Pérez. El comunicado no dice ni una palabra de que los culpables son empresarios de la cementera que habitualmente cuentan con la protección oficial.
"No hay que descartar que el presidente (Pérez) tiene una estrategia militar para poder criminalizar a las comunidades" que se oponen a proyectos que atentan contra el medio ambiente, afirmó el dirigente indígena.
Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (Ciidh), explicó que medidas similares implementadas por el actual gobierno en otras comunidades opuestas a la construcción de megaproyectos no han logrado resolver los conflictos sociales.
El estado de prevención "le da legitimidad a las acciones represivas que hoy el Estado guatemalteco está impulsando en contra de las comunidades de San Juan Sacatepéquez", aseguró el activista.
El viernes pasado Amnistía Internacional advirtió en un comunicado sobre un posible "derramamiento de sangre" en Guatemala por la conflictividad social que, según la organización, fomenta el gobierno de Otto Pérez al permitir la extracción minera en poblaciones que se oponen.
Desde antes de la fase de construcción el proyecto ha dividido a los pobladores entre una minoría que apoyan a la empresa y la gran mayoría que aseguran que afectará las fuentes acuíferas y causará otros daños ambientales.
José González, directivo de la empresa, declaró a medios locales tras los hechos del fin de semana que trabajadores de la empresa "han sido frecuentemente hostigados" por opositores al proyecto.
Esta zona ha estado durante varios años en conflicto y uno de los momentos más críticos fue en 2008, cuando se registró una muerte, la detención ilegal de policías por parte de la población y el intento de volar con explosivos un puente que une al pueblo con la capital. Para controlar la situación, el entonces presidente Álvaro Colom decretó el estado de excepción y envió medio millar de policías y soldados al lugar.
Dos de los muertos fueron sepultados en un camposanto al que se llega por un camino de tierra rodeado de maizales. Ataviados con tradicionales vestimentas multicolores, decenas de indígenas rompieron en llanto al despedir a los dos hombres que perdieron la vida en los incidentes que se iniciaron la medianoche del viernes y se extendieron hasta la mañana del sábado.
"Yo estaba en la capital cuando me avisaron de la muerte de mi hijo", dijo a periodistas José Dolores, padre de Juan Pajoc, una de las víctimas del choque. Según Dolores, una persona vinculada a la cementera sería la responsable de haber disparado contra su hijo.
Para evitar nuevos brotes de violencia, el gobierno guatemalteco declaró este lunes un estado de prevención por 15 días y desplegó 1,200 policías y mil soldados, según un boletín oficial, que coparon varios sectores del municipio, cuyos habitantes repudian la habilitación de una carretera y la construcción de una planta de cemento.
Por las calles de las aldeas de San Juan Sacatepéquez, ubicado a unos 30 km al oeste de la capital guatemalteca, circulaban en grupos los efectivos de las fuerzas de seguridad ante la mirada atemorizada de los pobladores . Medios locales falsearon la información de lo ocurrido, señalando que "una discusión entre pobladores a favor y en contra de ambos proyectos detonó los enfrentamientos”, cuando en realidad lo que pasó tiene más que ver con una masacre deliberada por parte de los grupos armados al servicio de la cementera. El saldo es más que doloroso: once personas muertas, entre ellas seis miembros de una familia, varios heridos, así como viviendas y vehículos incendiados.
En San Juan Sacatepéquez "se han manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado", indicó el decreto del gobierno sobre el estado de prevención divulgado por el presidente, el militar derechista Otto Pérez. El comunicado no dice ni una palabra de que los culpables son empresarios de la cementera que habitualmente cuentan con la protección oficial.
Rechazan despliegue "represivo"
Mario Itzep, activista de la organización Observatorio Indígena, dijo a la prensa que la medida decretada por el gobierno solo lleva la intención de militarizar la zona y proteger los intereses empresariales y no a la población."No hay que descartar que el presidente (Pérez) tiene una estrategia militar para poder criminalizar a las comunidades" que se oponen a proyectos que atentan contra el medio ambiente, afirmó el dirigente indígena.
Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (Ciidh), explicó que medidas similares implementadas por el actual gobierno en otras comunidades opuestas a la construcción de megaproyectos no han logrado resolver los conflictos sociales.
El estado de prevención "le da legitimidad a las acciones represivas que hoy el Estado guatemalteco está impulsando en contra de las comunidades de San Juan Sacatepéquez", aseguró el activista.
El viernes pasado Amnistía Internacional advirtió en un comunicado sobre un posible "derramamiento de sangre" en Guatemala por la conflictividad social que, según la organización, fomenta el gobierno de Otto Pérez al permitir la extracción minera en poblaciones que se oponen.
La cementera de la discordia
La firma guatemalteca Cementos Progreso inició en julio de 2013 las obras para construir una moderna planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares y cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2017.Desde antes de la fase de construcción el proyecto ha dividido a los pobladores entre una minoría que apoyan a la empresa y la gran mayoría que aseguran que afectará las fuentes acuíferas y causará otros daños ambientales.
José González, directivo de la empresa, declaró a medios locales tras los hechos del fin de semana que trabajadores de la empresa "han sido frecuentemente hostigados" por opositores al proyecto.
Esta zona ha estado durante varios años en conflicto y uno de los momentos más críticos fue en 2008, cuando se registró una muerte, la detención ilegal de policías por parte de la población y el intento de volar con explosivos un puente que une al pueblo con la capital. Para controlar la situación, el entonces presidente Álvaro Colom decretó el estado de excepción y envió medio millar de policías y soldados al lugar.
Observatorio indígena rechaza despliegue "represivo"
Estado de prevención en San Juan Sacatepéquez incluye casi 300 militares y 200 policías.
Guatemala declaró el estado de prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez, para evitar nuevos actos de violencia tras un choque armado que dejó 11 muertos el fin de semana por la construcción de una cementera.
"Se declara estado de prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez", anunció el presidente Otto Pérez en su cuenta de Twitter, acompañado del acuerdo que ratifica la medida por 15 días y que suspende algunos derechos constitucionales como las manifestaciones y la portación de armas.
Según un boletín oficial, fueron desplegados 200 policías y casi 300 soldados para mantener el orden. Además, los tribunales emitieron al menos 36 órdenes de captura por los hechos.
El mismo boletín refirió que 11 personas murieron, entre ellas seis miembros de una familia, tras los incidentes que se iniciaron la medianoche del viernes y se extendieron a la mañana del sábado en una aldea de la población indígena, enfrentada por la habilitación de una carretera y la construcción de una planta de cemento.
Medios locales informaron que una discusión entre pobladores a favor y en contra de ambos proyectos detonó los enfrentamientos, que también dejaron varios heridos, así como viviendas y vehículos incendiados en la población.
En San Juan Sacatepéquez "se han manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado", indicó el decreto del gobierno sobre el estado de prevención.
Criminalizar a pobladores
Mario Itzep, activista de la organización Observatorio Indígena, dijo que la medida decretada por el gobierno solo lleva la intención de militarizar la zona, proteger los intereses empresariales y no a la población.
"No hay que descartar que el presidente (Pérez) tiene una estrategia militar para poder criminalizar a las comunidades" que se oponen a proyectos que atentan contra el medio ambiente, afirmó el dirigente indígena.
De su lado, Jorge Santos, director del Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (Ciidh), explicó que medidas similares implementadas por el actual gobierno en otras comunidades opuestas a la construcción de megaproyectos no han logrado resolver los conflictos sociales.
El estado de prevención "le da legitimidad a las acciones represivas que hoy el Estado guatemalteco está impulsando en contra de las comunidades de San Juan Sacatepéquez", aseguró el activista.
El viernes pasado Amnistía Internacional advirtió en un comunicado sobre un posible "derramamiento de sangre" en Guatemala por la conflictividad social que, según la organización, fomenta el gobierno de Otto Pérez al permitir la extracción minera en poblaciones que se oponen.
La discordia
Una firma guatemalteca inició en julio de 2013 las obras para construir una moderna planta en la finca San Gabriel, con una inversión de 720 millones de dólares y cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2017.
Sin embargo, desde antes de la fase de construcción el proyecto ha dividido a los pobladores entre quienes apoyan a la empresa y los que aseguran que afectará las fuentes acuíferas y causará otros daños ambientales.
José González, directivo de la empresa, declaró a medios locales tras los hechos del fin de semana que trabajadores de esta "han sido frecuentemente hostigados" por opositores al proyecto.
Esta zona ha estado durante varios años en conflicto y uno de los momentos más críticos fue en 2008, cuando se registró una muerte, la detención ilegal de policías por parte de la población y el intento de volar con explosivos un puente que une al pueblo con la capital.
Para controlar la situación, el entonces presidente Álvaro Colom decretó el estado de excepción y envió medio millar de policías y soldados al lugar. / AFP
IMÁGENES DE LA MASACRE
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PARAGUAY
Operaciones militares en siete asentamientos campesinos
Publicado el 9/23/14 • en Contrainjerencia
Destacamentos militares y policiales paraguayos iniciaron hoy operaciones en siete asentamientos campesinos del distrito de Horqueta, departamento de Concepción, en busca de supuestos miembros de un grupo armado. Voceros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) dijeron que el objetivo de esa movilización en zonas de poblados de labriegos es desarrollar toda una estrategia para localizar allí a supuestos miembros de la llamada Agrupación Campesina Armada (ACA) supuestamente ocultos en esos lugares.
Se trata, agregaron, de siete núcleos del área cercana a la localidad de Arroyito considerados como principales zonas de influencia del grupo que, de acuerdo a versiones oficiales, perdió a cuatro de sus integrantes desde el pasado viernes en enfrentamientos con los elementos de la FTC.
Siempre de acuerdo con las declaraciones de oficiales castrenses, los jefes de la ACA y otros de sus miembros, algunos de ellos heridos, están refugiados en esos asentamientos y se refirieron, especialmente a los hermanos Albino y Alfredo Jara señalados como cabezas del grupo.
Para el gobierno paraguayo, la ACA es un desprendimiento del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) considerado como principal foco de los supuestos irregulares con actividades en el norte del país desde hace años.
Las operaciones incluyen allanamientos de viviendas donde residen familias consideradas como eventuales colaboradores de la Agrupación o del EPP y los voceros mencionaron las casas de Andrés Romero y Elvio Benegas, sin encontrar indicios de los considerados fugitivos.
También ocurrió lo mismo con las estancias Santa Adelia y Guaraní a la vez que se efectuaron registros en zonas del cerro Guaraní, pero con resultado negativo.
El diario Ultima Hora dijo hoy que la FTC entiende que el grupo armado tiene ramificaciones en casi todos los puntos del departamento de Concepción, uno de los tres militarizados por decisión del Poder Ejecutivo en el norte del país.
Por su parte, el diario ABC afirmó que tras los combates del fin de semana pasado los restos de la ACA decidieron regresar al seno del EPP, de acuerdo con datos suministrados por el servicio de inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta. - PL
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VENEZUELA
Publicado el 9/23/14 • en Contrainjerencia
Destacamentos militares y policiales paraguayos iniciaron hoy operaciones en siete asentamientos campesinos del distrito de Horqueta, departamento de Concepción, en busca de supuestos miembros de un grupo armado. Voceros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) dijeron que el objetivo de esa movilización en zonas de poblados de labriegos es desarrollar toda una estrategia para localizar allí a supuestos miembros de la llamada Agrupación Campesina Armada (ACA) supuestamente ocultos en esos lugares.
Se trata, agregaron, de siete núcleos del área cercana a la localidad de Arroyito considerados como principales zonas de influencia del grupo que, de acuerdo a versiones oficiales, perdió a cuatro de sus integrantes desde el pasado viernes en enfrentamientos con los elementos de la FTC.
Siempre de acuerdo con las declaraciones de oficiales castrenses, los jefes de la ACA y otros de sus miembros, algunos de ellos heridos, están refugiados en esos asentamientos y se refirieron, especialmente a los hermanos Albino y Alfredo Jara señalados como cabezas del grupo.
Para el gobierno paraguayo, la ACA es un desprendimiento del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) considerado como principal foco de los supuestos irregulares con actividades en el norte del país desde hace años.
Las operaciones incluyen allanamientos de viviendas donde residen familias consideradas como eventuales colaboradores de la Agrupación o del EPP y los voceros mencionaron las casas de Andrés Romero y Elvio Benegas, sin encontrar indicios de los considerados fugitivos.
También ocurrió lo mismo con las estancias Santa Adelia y Guaraní a la vez que se efectuaron registros en zonas del cerro Guaraní, pero con resultado negativo.
El diario Ultima Hora dijo hoy que la FTC entiende que el grupo armado tiene ramificaciones en casi todos los puntos del departamento de Concepción, uno de los tres militarizados por decisión del Poder Ejecutivo en el norte del país.
Por su parte, el diario ABC afirmó que tras los combates del fin de semana pasado los restos de la ACA decidieron regresar al seno del EPP, de acuerdo con datos suministrados por el servicio de inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta. - PL
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VENEZUELA
Venezuela rechaza declaraciones injerencistas de Insulza
26/09/2014
Caracas, septiembre 26 - El canciller venezolano, Rafael Ramírez, rechazó que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, cuestionara el sistema democrático del Gobierno venezolano y aseguró que ese organismo necesita otro titular. El canciller le salió al paso a las declaraciones de Insulza.
"Son unas declaraciones infelices, infelices es lo menos que podemos decir de este tema del señor Insulza, secretario general que está de salida en la OEA, que apenas le quedan cuatro meses, y entonces ahora en este momento se pone a hacer unas declaraciones muy graves, inaceptables sobre nosotros, donde hace unos juicios de valores a nuestro proceso democrático en Venezuela, en nuestro país, está plagado de mentiras y falsas verdades y pretende alentar, como están haciendo sectores de extrema derecha norteamericanos, una matriz contra nuestro país, una matriz para impulsar internamente actos de violencia que ningún gobierno aceptaría", expresó en una breve entrevista que concedió a Telesur.
"Nosotros somos profundamente celosos de nuestra soberanía y profundamente celosos de resguardar el derecho y los intereses de todo el pueblo de Venezuela, tal y como lo establece la Constitución, y no podemos aceptar estas declaraciones de Insulza, unas declaraciones fuera de tono, fuera de lugar, y le vamos a responder en todas las instancias porque no vamos a permitir que contra nuestro país se levanten tantas mentiras", aseguró.
Destacó que "Insulza vivió en carne propia lo que son los efectos del fascismo, cuando él mismo sufrió el exilio en la dictadura de Pinochet y lamentablemente, ahora no se da cuenta que sobre nuestro país intentan una situación que genere violencia y no lo podrán hacer".
"Nadie tiene moral para ir hablando de nuestro país, un país profundamente democrático, los que conocen a Venezuela saben que se respeta en exceso todos los derechos democráticos".
José Miguel Insulza, declaró en entrevista al derechista diario El País, de España que el diálogo es el camino indispensable para resolver la crisis que vive Venezuela desde las protestas de febrero. Pero éste debe ser “serio”, porque hasta ahora “no ha existido una voluntad de diálogo real”, sostiene el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Además dijo que no podía haber diálogo con dirigentes opositores presos, una verdadera declaración de tono injerencista y además desconocedor de la realidad venezolana.
A Insulza, que participó esta semana por última vez en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York como jefe de la OEA.
No son casuales estas declaraciones, que se unen a las de la Casa Blanca de EEUU exigiendo la libertad del golpista Leopoldo López.
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Venezuela, vanguardia de dignidad para los pueblos del mundo
por Gissel Molina
Nueva York, 25 Sep. AVN.- "Venezuela va a seguir su camino, su rumbo de democracia, de revolución, de independencia, de dignidad, con voz propia frente al mundo", manifestó este miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en un discurso sólido en la 69° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El mensaje que envió Venezuela a los pueblos en el evento de Alto Nivel, en el que estuvieron 140 jefes de Estado y de Gobierno, levantó los aplausos de los dignatarios presentes. Mientras que frente a la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, a escasos metros de la sede de la ONU, un grupo de ciudadanos de diferentes naciones se apostaron para expresar su respaldo al Mandatario venezolano.
Durante la intervención del Jefe de Estado, que duró aproximadamente 30 minutos, manifestó su compromiso de continuar el rumbo de solidaridad, de la paz, de respeto mutuo y de equidad que trazó el comandante de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a quien destacó como "un extraordinario ser humano".
Labor que es celebrada por quienes ven en la Revolución de Chávez una alternativa única de superar la opresión. "Venezuela con Maduro representa una esperanza muy grande para los pueblos latinoamericanos y para los pueblos del mundo, porque es la representación viva de Chávez y cuando se tienen las ideas de un hombre como Chávez se es grande entre los pueblos", manifestó sin titubear Rocío Dolores Castillo, un ciudadano dominicano y que reside desde hace unos años en Nueva York.
Refundación de la ONU es la mejor opción
Asimismo, el Mandatario venezolano insistió en la necesidad de la refundación de la ONU, con el objetivo de maximizar el poder de decisión de la organización, con democracia, tal y como en diversas oportunidad lo manifestó Chávez. "Recordarlo y evocarlo, en su espíritu de libertad antiimperialista y de justicia, y de la necesidad de refundar la Organización de las Naciones Unidas". Planteamiento a la que se sumaron varias naciones, entre ellas Argentina.
Maduro dijo que la importancia de esa refundación, debe comprender ajustes y reajustes de todo el sistema de Naciones Unidas, que radica también en el rescate del propósito inicial de la organización, hace 70 años.
"La carta de Naciones Unidas realmente es uno de los poderes más hermosos", pero, pese a ello, "se ha convertido realmente en un instrumento echado de lado, olvidado y que además es violado de manera permanente en sus objetivos fundamentales".
"Nosotros reivindicamos la vigencia de Naciones Unidas, por encima de cualquier crítica que se pueda hacer, y sobre esa reivindicación, la importancia humana, de que esta organización exista, es que nosotros insistimos en la necesidad de una transformación profunda", subrayó.
Esa refundación, explicó, deberá abarcar también la reforma en su Consejo de Seguridad, considerando la importancia de ampliar los escenarios de democratización y de participación protagónica de los pueblos.
"Hoy, las Naciones Unidas tienen que adaptarse a un mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, con nuevos actores en el mundo con países y regiones emergentes, que tienen aspiraciones de ser respetadas en el mundo. Naciones Unidas tiene que adaptar sus organismos y someterse a la soberanía de los pueblos del mundo que reclaman porque su voz tenga peso", recalcó con solidez el Jefe de Estado venezolano.
En ese sentido, dijo que también se hace necesaria el fortalecimiento de la Secretaría General, para que "busque fórmulas de paz y de resoluciones de conflicto en el mundo". "Es una urgencia para el mundo", subrayó, y luego recalcó: "Tenemos ya otro mundo, donde queremos hablar, pensar y decidir el destino, en paz".
Solidaridad venezolana
Nicolás Maduro ratificó el mensaje solidario de Venezuela con los más desfavorecidos y con los que han sufrido el yugo de las potencias. Es así como ese mensaje fue extendido a la República de Cuba y a su pueblo, y alzó su voz contra el bloqueo que mantiene EEUU de manera arbitraria contra Cuba desde hace más de cinco décadas.
"Presidente Barack Obama: ¿Cuándo va a llegar el momento, la oportunidad, de que usted pase a la historia y levante de una vez y por todas el bloqueo criminal, económico y la persecución que hay contra nuestra hermana Cuba?", cuestionó el Mandatario venezolano.
También se celebró la resolución aprobada hace unas semanas en la ONU para frenar el sistema represor de los Fondos Buitre, que pretendieron soslayar a Argentina; pidió por la descolonización de Puerto Rico, y por la liberación de Óscar López Rivera, quien se encuentra en una cárcel norteamericana, desde hace 33 años, por luchar por la independencia de su patria.
En ese sentido, Rocio Dolores Castillo, quien se apostó en las afuera de la Misión Permanente de Venezuela, valoró este mensaje y recordó que esta postura de Venezuela ha sido una constante en Revolución. "(Chávez) siempre estuvo al lado de los más necesitados".
"Chávez fue un hombre que estuvo al lado de la causas de los pueblos. Chávez era un hombre grande, no solo de Venezuela, sino de Latinoamerica y del mundo, así lo es también el presidente Nicolás Maduro, porque continúa con el chavismo", expresó el señor Castillo.
Maduro anunció además un aporte de Venezuela por 5 millones de dólares al fondo creado para investigaciones sobre el ébola, enfermedad que ha causado la muerte de hombres y mujeres de África.
"Que Dios bendiga el mundo y nos de fuerza para seguir llevando paz a nuestros pueblos", manifestó Maduro al concluir su primera intervención en la Asamblea General de la ONU como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
AVN 25/09/2014
Venezuela, vanguardia de dignidad para los pueblos del mundo
por Gissel Molina
Nueva York, 25 Sep. AVN.- "Venezuela va a seguir su camino, su rumbo de democracia, de revolución, de independencia, de dignidad, con voz propia frente al mundo", manifestó este miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en un discurso sólido en la 69° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El mensaje que envió Venezuela a los pueblos en el evento de Alto Nivel, en el que estuvieron 140 jefes de Estado y de Gobierno, levantó los aplausos de los dignatarios presentes. Mientras que frente a la Misión Permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, a escasos metros de la sede de la ONU, un grupo de ciudadanos de diferentes naciones se apostaron para expresar su respaldo al Mandatario venezolano.
Durante la intervención del Jefe de Estado, que duró aproximadamente 30 minutos, manifestó su compromiso de continuar el rumbo de solidaridad, de la paz, de respeto mutuo y de equidad que trazó el comandante de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a quien destacó como "un extraordinario ser humano".
Labor que es celebrada por quienes ven en la Revolución de Chávez una alternativa única de superar la opresión. "Venezuela con Maduro representa una esperanza muy grande para los pueblos latinoamericanos y para los pueblos del mundo, porque es la representación viva de Chávez y cuando se tienen las ideas de un hombre como Chávez se es grande entre los pueblos", manifestó sin titubear Rocío Dolores Castillo, un ciudadano dominicano y que reside desde hace unos años en Nueva York.
Refundación de la ONU es la mejor opción
Asimismo, el Mandatario venezolano insistió en la necesidad de la refundación de la ONU, con el objetivo de maximizar el poder de decisión de la organización, con democracia, tal y como en diversas oportunidad lo manifestó Chávez. "Recordarlo y evocarlo, en su espíritu de libertad antiimperialista y de justicia, y de la necesidad de refundar la Organización de las Naciones Unidas". Planteamiento a la que se sumaron varias naciones, entre ellas Argentina.
Maduro dijo que la importancia de esa refundación, debe comprender ajustes y reajustes de todo el sistema de Naciones Unidas, que radica también en el rescate del propósito inicial de la organización, hace 70 años.
"La carta de Naciones Unidas realmente es uno de los poderes más hermosos", pero, pese a ello, "se ha convertido realmente en un instrumento echado de lado, olvidado y que además es violado de manera permanente en sus objetivos fundamentales".
"Nosotros reivindicamos la vigencia de Naciones Unidas, por encima de cualquier crítica que se pueda hacer, y sobre esa reivindicación, la importancia humana, de que esta organización exista, es que nosotros insistimos en la necesidad de una transformación profunda", subrayó.
Esa refundación, explicó, deberá abarcar también la reforma en su Consejo de Seguridad, considerando la importancia de ampliar los escenarios de democratización y de participación protagónica de los pueblos.
"Hoy, las Naciones Unidas tienen que adaptarse a un mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, con nuevos actores en el mundo con países y regiones emergentes, que tienen aspiraciones de ser respetadas en el mundo. Naciones Unidas tiene que adaptar sus organismos y someterse a la soberanía de los pueblos del mundo que reclaman porque su voz tenga peso", recalcó con solidez el Jefe de Estado venezolano.
En ese sentido, dijo que también se hace necesaria el fortalecimiento de la Secretaría General, para que "busque fórmulas de paz y de resoluciones de conflicto en el mundo". "Es una urgencia para el mundo", subrayó, y luego recalcó: "Tenemos ya otro mundo, donde queremos hablar, pensar y decidir el destino, en paz".
Solidaridad venezolana
Nicolás Maduro ratificó el mensaje solidario de Venezuela con los más desfavorecidos y con los que han sufrido el yugo de las potencias. Es así como ese mensaje fue extendido a la República de Cuba y a su pueblo, y alzó su voz contra el bloqueo que mantiene EEUU de manera arbitraria contra Cuba desde hace más de cinco décadas.
"Presidente Barack Obama: ¿Cuándo va a llegar el momento, la oportunidad, de que usted pase a la historia y levante de una vez y por todas el bloqueo criminal, económico y la persecución que hay contra nuestra hermana Cuba?", cuestionó el Mandatario venezolano.
También se celebró la resolución aprobada hace unas semanas en la ONU para frenar el sistema represor de los Fondos Buitre, que pretendieron soslayar a Argentina; pidió por la descolonización de Puerto Rico, y por la liberación de Óscar López Rivera, quien se encuentra en una cárcel norteamericana, desde hace 33 años, por luchar por la independencia de su patria.
En ese sentido, Rocio Dolores Castillo, quien se apostó en las afuera de la Misión Permanente de Venezuela, valoró este mensaje y recordó que esta postura de Venezuela ha sido una constante en Revolución. "(Chávez) siempre estuvo al lado de los más necesitados".
"Chávez fue un hombre que estuvo al lado de la causas de los pueblos. Chávez era un hombre grande, no solo de Venezuela, sino de Latinoamerica y del mundo, así lo es también el presidente Nicolás Maduro, porque continúa con el chavismo", expresó el señor Castillo.
Maduro anunció además un aporte de Venezuela por 5 millones de dólares al fondo creado para investigaciones sobre el ébola, enfermedad que ha causado la muerte de hombres y mujeres de África.
"Que Dios bendiga el mundo y nos de fuerza para seguir llevando paz a nuestros pueblos", manifestó Maduro al concluir su primera intervención en la Asamblea General de la ONU como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
AVN 25/09/2014
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COLOMBIA
Colombia registra en un mes el récord de amenazados durante el proceso de paz
COLOMBIA
Colombia registra en un mes el récord de amenazados durante el proceso de paz
El flujo de amenazas comenzó el 8 de septiembre, con una lista de 91 personas a las que la banda paramilitar "Águilas Negras" daba quince días para salir del país .
Más de 150 defensores de derechos humanos, periodistas y políticos han sido amenazados en Colombia en menos de treinta días, lo que convierte a este mes en un "septiembre negro" al acumular el mayor número de intimidaciones realizadas desde que comenzó el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.
El flujo de amenazas comenzó el 8 de septiembre, con una lista de 91 personas a las que la banda paramilitar "Águilas Negras" daba quince días para salir del país por "andar mariqueando con la paz".
Fue el inicio de una lista que fue completada por la banda criminal de origen paramilitar "Los Rastrojos", que en los siguientes días aumentó la nómina con periodistas, políticos y más activistas.
En total, suman más de 150 y el mes aún no ha acabado.
"Es un septiembre negro porque desde 2009 no registrábamos una amenaza masivade esta envergadura", apuntó a Efe el coordinador de la ONG Somos Defensores, Carlos Guevara, que vela por la seguridad de los activistas de derechos humanos en Colombia.
Guevara es tajante al afirmar que este mes es un "punto muy álgido" en cuanto a amenazas, y absolutamente desconocido en el marco del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, que se inició en La Habana en noviembre de 2012.
"La pregunta que tratamos de responder es a quién le sirve que haya un clima de pánico, porque creemos que se están usando los membretes de las Águilas Negras y Los Rastrojos pero que hay otras personas detrás de las amenazas", sostuvo.
Ésa es una de las claves que los activistas esgrimen para denunciar que esta vez las amenazas son especiales: "¿Por qué llegan ahora las advertencias masivas y no cuando se iniciaron los diálogos de paz?", se preguntó Guevara.
El analista de Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila, destacó como incongruencia que "Los Rastrojos" funcionan con alianzas locales, y los pactos que obtienen con otros grupos armados al norte de Colombia no tienen porqué respetarse en el sur.
Así las cosas, no les cuadra que esta banda amenace ahora en el norte del país.
"Lo que decimos es que son aliados locales de esta banda los que están presionando las amenazas, es decir, ganaderos y grandes propietarios de tierras que se sienten en riesgo por el proceso de paz, porque se van a destapar muchas verdades y tendrán que reparar a víctimas a las que han despojado de sus tierras", declaró.
De los más de 150 amenazados, no se ha registrado aún ningún muerto, aunque sí un ataque, el que sufrió Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos en la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que integra a 240 ONGs.
"Fuimos objeto de un robo de información importante para los temas depostconflicto y víctimas, especialmente relacionados con los casos de falsos positivos y desaparición forzada", relató Yepes a Efe.
Días después de ser incluido en una lista de amenazados, desconocidos armados le abordaron en la calle, donde le requisaron su ordenador y dos teléfonos móviles que contenían una investigación de un año sobre la participación de militares en masacres.
Ahora, cuenta con medidas adicionales de protección por parte del Gobierno.
"Hay un desconcierto total. La solución en Colombia es darle escoltas a todo el mundo, pero las investigaciones no avanzan, entonces la gente amenaza y asesina y nadie sabe quién fue", se lamentó Ávila.
Mientras las amenazas se disparan y los amenazados buscan a los que consideran los verdaderos autores de las advertencias, el país hace frente a los dos últimos sucesos que han sacudido la situación de los amenazados.
El primero de ellos es la crisis presupuestaria de la entidad del Estado encargada de brindar seguridad a los amenazados, la Unidad Nacional de Protección (UNP), que mantiene el 76,7 % de los servicios que ofrece en manos privadas y que arrastra un déficit de 100.000 millones de pesos colombianos (unos 49,5 millones de dólares) para acabar este año.
El segundo es el debate que realizó el Senado sobre la relación del expresidente Álvaro Uribe con narcotraficantes y paramilitares, que conmocionó al país y volvió a enfrentar de forma radical a la izquierda y a la derecha, un reflejo de la lucha que vive Colombia desde hace más de medio siglo.
"Se dice que en los próximos días van a amenazar a mucha más gente para que el Estado no tenga capacidad de proteger a todos, y entonces los amenazados que se descuiden o cometan riesgos van a terminar asesinadas", advirtió Ávila.
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COLOMBIA
Habrían abatido en Colombia a un dirigente guerrillero de las FARC
Según informaciones no confirmadas por las FARC, "Tomate", cuyo verdadero nombre era Aníbal Guarín Herrera, de 37 años, fue abatido en la zona rural del municipio de Buga, departamento de Valle del Cauca, a 255 kilómetros de Bogotá.
27 septiembre 2014
Pocas horas después de conocerse la muerte de "Tomate", 11 vehículos fueron incendiados en Colombia, causando heridas a una mujer. Autoridades del departamento de Antioquía atribuyeron el ataque a miembros del frente 18 de las Farc que atacaron tres colectivos y siete camiones que transitaban por una carretera que comunica a Medellín con la costa caribeña.
Habrían abatido en Colombia a un dirigente guerrillero de las FARC
Según informaciones no confirmadas por las FARC, "Tomate", cuyo verdadero nombre era Aníbal Guarín Herrera, de 37 años, fue abatido en la zona rural del municipio de Buga, departamento de Valle del Cauca, a 255 kilómetros de Bogotá.
27 septiembre 2014
• Las autoridades colombianas informaron ayer de la muerte en combate de un importante rebelde de las Farc que habría participado en al menos 15 tomas de poblaciones del suroeste del país y que fue jefe de seguridad de un alto dirigente del grupo guerrillero. "Muerto en operaciones alias «Tomate»", escribió en Twitter el comandante del ejército colombiano Jaime Lasprilla. "Tomate", cuyo verdadero nombre era Aníbal Guarín Herrera, de 37 años, fue abatido en la zona rural del municipio de Buga, departamento de Valle del Cauca, a 255 kilómetros de Bogotá.
Pocas horas después de conocerse la muerte de "Tomate", 11 vehículos fueron incendiados en Colombia, causando heridas a una mujer. Autoridades del departamento de Antioquía atribuyeron el ataque a miembros del frente 18 de las Farc que atacaron tres colectivos y siete camiones que transitaban por una carretera que comunica a Medellín con la costa caribeña.
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COLOMBIA
COLOMBIA
FARC-EP Comunicado:
El gobierno debe ir más allá de la retórica
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 25 de 2014
Por decisión de las partes ha caído el inútil secretismo que rodeaba los acuerdos parciales logrados en la Mesa de Conversaciones de La Habana. El fuego de los enemigos de la paz ya no tendrá el combustible de la ignorancia que lo avivaba, y por otra parte, los colombianos podrán ahora interactuar con la mesa sobre el contenido y los alcances de lo acordado. Queríamos, y lo hemos logrado, que este diálogo se desarrollara de cara al país, y no podría ser de otra manera porque en La Habana se está forjando el futuro de dignidad de todos los colombianos. Ahora se trata de garantizar la transparencia del proceso, retomando el sentido genuino de las reglas de funcionamiento que trazó la Mesa y que están ligadas a la participación plena de la ciudadanía. La Mesa no solamente debe elaborar informes periódicos, sino que, además, debe implementar una estrategia de difusión eficaz. Al respecto, debemos decir que existe aún mucha deficiencia.
El alma del ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA es su preámbulo, que para desencanto de quienes lo minimizan para tornar inane el compromiso del Estado, es absolutamente vinculante. Tiene entonces el preámbulo fuerza de mandato, y si éste estima que “la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”, quiere decir que el proceso de paz es un propósito colectivo y que todos los colombianos podemos aportar ideas para cimentar la reconciliación como pacto social.
Pero también ordena que se deben respetar los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, y entre estos están los derechos sociales, económicos y culturales, el respeto a la vida y a la integridad física, casi siempre desconocidos y olvidados por la amnesia deliberada de las élites. Exige el preámbulo, desarrollo económico con justicia social y armonía con el medio ambiente, desarrollo social con equidad y bienestar, razones suficientes para dejar de trazar líneas rojas aquí y allá en el escenario de los diálogos, que niegan los derechos de las mayorías a las transformaciones estructurales que exigen democracia verdadera, vida digna y soberanía patria.
Esas líneas rojas trazadas como murallas, son interpeladas por el mismo Acuerdo General que en numeral 5 del punto 3 Fin del conflicto, consigna que “el Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. Necesitamos entonces la vinculación activa de todos los colombianos y colombianas para que a través de estos ajustes institucionales, podamos construir una paz que se prolongue a perpetuidad.
El Doctor Humberto de la Calle, en el día de ayer se ha referido ampliamente al conjunto de los Acuerdos parciales, a veces dándole su propia interpretación. Diríamos al respecto, que lo fundamental es lo que el conjunto de la sociedad y sus organizaciones logren interpretar de los textos. Esa es la esencia: que la gente tenga acceso directo a los contenidos y pueda luego ayudar a construir o a corregir.
Refiriéndonos a los puntos de la Agenda sobre los que hay acuerdos parciales, por metodología hemos separado la discusión de cada tema, pero todos están interrelacionados; no se puede hablar de reforma agraria, por ejemplo, sin hablar del punto Participación Ciudadana, porque en gran medida es en el territorio donde se ejerce la acción de la democracia; pero al mismo tiempo habrá que tenerse muy presente que una reforma rural integral no es posible si no se resuelven los conflictos que nos han traído los Tratados de Libre Comercio, o sin aludir a problemas como el de la extranjerización de la tierra.
Tenemos formidables avances, no queremos ponerlo en duda, y el acuerdo parcial sobre asuntos agrarios es una constancia de ello; pero insistimos en observar las salvedades y en la necesidad de meditar en torno a las conclusiones de los Foros que se realizaron para consultar a la gente sobre el asunto, porque la construcción debe continuar y el soberano debe ser escuchado en la cualificación de lo que se está acordando; sobre todo en esta parte, deberemos tomar muy en cuenta lo que han expresado los representantes de organizaciones y movimientos campesinos, indígenas, afro-descendientes, que son los que trabajan el campo, y que ya han dejado muy en claro sus puntos de vista en conclusiones como las de la Cumbre Agraria y otros eventos nacionales y locales.
Pensamos que del documento “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, lo más importante debe ser el inicio sin más demora de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria, sobre bases de equidad y democracia, reconociendo que son las injusticias derivadas de la desigualdad y la miseria las que han engendrado la confrontación, y que por eso se requiere eliminar esas causas para que cese el conflicto.
Esta idea de Reforma Rural Integral, en teoría se centra en el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afro descendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios inter-étnicos e interculturales, con la pretensión de integrar las regiones, de erradicar la pobreza, promocionar la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.
Entonces, se ha logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad de la tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los títulos de propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de hecho, lo cual guarda suma trascendencia, si se considera que más del 48 por ciento de nuestros campesinos poseen la tierra en situación de informalidad. Se agrega a esto el compromiso del gobierno de entregar la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a quienes la tengan de manera insuficiente. También se suscribieron acuerdos referidos a estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.
Nosotros estamos por una visión que beneficie al pueblo, y por ello, es que creemos que lo anterior no es suficiente, y que se hace imprescindible que pronto retomemos el debate pendiente sobre la necesidad de acabar con el latifundio, sobre la urgencia de colocarle límites a la extranjerización de la tierra. Y que asumamos con patriotismo que existen problemas muy complejos, como el de los conflictos de uso, los cuales hay que resolver.
Si bien lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria para el desarrollo del campo, hay necesidad de garantizar que a las poblaciones rurales no se les siga arrebatando la tierra mediante mecanismos de bancarización u otros trucos que se despliegan dentro de una dañina concepción de asociación capitalista.
No hay que perder de vista, para la definición del Fondo de Tierras, que en los solos procesos de construcción de las Zonas de Reserva Campesina, sus protagonistas calculan un involucramiento de 9.5 millones de hectáreas, y que en contraste, los latifundistas ganaderos concentran en muy pocas manos, no menos de 40 millones de hectáreas subutilizadas.
Cuando hablamos de salvedades, en cualquiera de los puntos, no se trata de colocar sobre la Mesa problemas imposibles de resolver, en tanto hay asuntos mínimos insalvables para alcanzar la democratización y modernización del país dentro de parámetros que nadie podría decir que son los del socialismo, sino sencillamente los de un moderno Estado Social de Derecho, de lo cual aún dista mucho Colombia.
Hemos dicho, que hasta el momento tenemos acuerdos muy importantes, pero modestos; la mayoría de los cuales no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales. Un Estado con verdadera voluntad de paz no tendría que hacer mucho esfuerzo para hacer realidad este tipo de reivindicaciones.
Esto lo reiteramos porque sin duda en este momento, una de las mayores reflexiones que hay que hacer, es la de que el gobierno debe ir más allá de la retórica y concretar sus compromisos con las comunidades; preocuparse por reflejar en la realidad lo que promete para el futuro, lo cual no ocurre en los actos de gobierno y mucho menos dentro de la actividad legislativa neoliberal que contradice lo que se está aprobando en La Habana.
Pero bien, ya sobre el tema en sí de la participación política y ciudadana es muy conocido lo acordado en torno al estatuto para la oposición, la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia, la creación de circunscripciones especiales electorales para las zonas rurales o más marginadas del país, la mayor participación de las comunidades en medios de comunicación de orden local y regional, la mayor presencia en los organismos de control, etc.
Concretamos acuerdos importantes, como el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las organizaciones sociales para que tracen los lineamientos que permitan elaborar por fin un estatuto para la oposición política, y también una normatización que dé un verdadero reconocimiento, con garantías, a la existencia y a los derechos del movimiento social. Es decir, que lo que se ha acordado está en el camino de expandir la democracia, pero, naturalmente, esta democracia primero hay que fundarla.
Un primer paso en este mismo sentido sería lograr para ya el compromiso de la revisión, y de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta social. Al mismo tiempo es una necesidad vital para la democracia redefinir la tenencia de los medios. Son estos, aspectos nodales de la participación ciudadana, pero resaltando que, como trasfondo una de los temas principales que hay que abordar es el de la superación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, respecto a la que exigimos su desmonte en el marco de la necesaria desmilitarización de la sociedad y del Estado que requiere la paz.
Lo acordado en este campo no se puede confundir con el camino simplemente que puede ayudar a la creación de nuevos partidos políticos o a la preservación del anquilosado sistema de partidos que existe en nuestro país.
Sobre el tercer acuerdo parcial, habría que resaltar que en él ha quedado muy claro que el conflicto en Colombia no deriva del narcotráfico, ni éste es su razón de ser, porque existen causas de orden social muy anteriores a la aparición del fenómeno de producción y comercialización de las drogas ilícitas. Incluso el fenómeno de los cultivos de hoja de coca y la vinculación de campesinos y otros sectores rurales a las etapas primarias de producción, está ligado a la situación de miseria que padecen. Entonces, el conflicto político, social y armado de Colombia no comienza ni termina con el narcotráfico, sino que tiene profundas raíces de miseria y desigualdad.
En todo caso hemos llegado a un acuerdo entre el gobierno y una organización política-militar, y ese acuerdo se hace porque se logra definir que el problema es asunto de todos y su solución también; es decir que estamos hablando de una responsabilidad colectiva en su solución, y en ello, el primer compromiso que logramos es que el Gobierno Nacional, entendiendo que en la instituciones hay corrupción causada por el problema de las drogas ilícitas, pondrá en marcha las políticas y programas que acordamos, incluyendo liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública. A partir de ahí es que las FARC-EP, hemos hecho el compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.
Para lograr estos propósitos habrá que trazar una nueva política criminal, propender por la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y por la reparación integral de sus víctimas; acabar en definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, el cual ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes.
Aparte de la Conferencia Internacional que aborde tan compleja problemática, una de las tareas principales debe ser la de convocar una conferencia nacional para analizar y elaborar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas como fenómeno ligado al paramilitarismo. La Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.
Al mismo tiempo, con los debates y conclusiones logradas a lo largo de 28 ciclos, están sobre La Mesa, y en el escenario nacional de discusión otros temas de suma importancia y complejidad, necesarios eso sí para preparar de la mejor manera el terreno sobre el que iremos a construir la paz.
Sobre el armisticio. Para dinamizar el avance del proceso de paz es urgente concretar ya el cese bilateral de fuegos y hostilidades, que de manera creciente está exigiendo la ciudadanía. El gobierno no puede seguir confundiendo el cese bilateral de fuegos con la paz o la firma del acuerdo final. No hay que esperar la firma de la paz para pactar el armisticio. Este paso se debe dar para amainar los dolores de quienes se encuentran victimizados por el fuego cruzado. Urge desescalar la guerra, porque la construcción del acuerdo necesita un medio ambiente favorable para ascender a nuevos niveles.
Sobre la dejación de armas: Afirma el jefe de la delegación del gobierno que “el fin del conflicto requiere por supuesto, que las guerrillas dejen las armas y se reintegren a la vida civil. Esa es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para construir la paz”. Y estamos de acuerdo. Esa es una condición insuficiente, porque la dejación de las armas debe entenderse como el acto de renuncia de ambos lados a la utilización de las armas como forma de hacer política. Lo que queremos decir es que si la solución es la paz con democracia y con justicia social, ya no se tendrán que utilizar las armas para hacer política. Pero esto es válido para todas las partes del conflicto. Si la paz se forja dentro de estas condiciones, las FARC ya no usarán las armas para hacer política; y el Estado no puede continuar usando las armas para hacer política, pues la utilización de las armas por parte del Estado es, en efecto, una expresión política, dado que el conflicto armado colombiano es político-social. La dejación de las armas para el Estado implica la renuncia del uso de las armas de guerra al interior de las fronteras para enfrentar a sus ciudadanos; es decir, no cabe más el uso de armas en la política interna, y mucho menos con la forma asimétrica y anti-ciudadana como la ejecuta. Eso es dejación de armas. La fuerza pública regresa a su rol natural, constitucional, que no es precisamente el de inmiscuir sus armas en la política interna, sino el de atender la defensa de las fronteras y la soberanía patria.
Sobre Justicia transicional: Rechazamos una vez más la maleza jurídica que se ha venido sembrando en el campo de la paz con el ánimo de enredar los diálogos de La Habana, y en consecuencia, desconocemos los instrumentos de justicia transicional, que establece el Acto Legislativo 01 de 2012, porque no obedecen a ningún consenso entre las partes. Lo reiteramos: estos para nosotros no existen, porque los temas que se pretenden definir y reglar, nunca han sido objeto de estudio en La Mesa de diálogo. No estamos en un proceso de sometimiento. No nos vamos a poner a discreción frente a una administración de justicia parcializada, corrupta, politizada y especializada en perseguir al movimiento político y social inconforme. El Estado no puede ser juez y parte. Por eso el proceso está llamado a crear nuevo derecho en el que se transmute la tradicional justicia para el castigo en justicia para la paz. Por eso, en las actuales circunstancias, el único marco jurídico válido para las FARC-EP, es el Acuerdo General de La Habana del 2012.
Sobre la Comisión Histórica del conflicto y otras subcomisiones de trabajo: Registramos que el proceso de paz protagonizó un salto cualitativo en el camino de la reconciliación, al poner en marcha la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” como escenario clave para el esclarecimiento de la verdad, a partir de la auscultación de los orígenes, causas, efectos y responsabilidades que enmarcan el desenvolvimiento de la confrontación política, económica, social y armada.
Estamos profundamente comprometidos en que se esclarezcan los hechos que han marcado el desarrollo de la confrontación, y por ello hemos propuesto en la Mesa también, la conformación de una “Comisión de la Verdad”. El trabajo de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de la verdad”, lo comprendemos como parte de un todo. El Informe de la Comisión Histórica, cuyos alcances consideramos vinculantes, será marco de referencia ineludible, no sustitutivo, en el cual se deberá apoyar la Comisión de la Verdad. La marcha de la comisión histórica, de la comisión de la verdad, de la subcomisión de género y de subcomisión técnica para el fin del conflicto, son también ya un acuerdo en la mesa de conversaciones de La Habana.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
El gobierno debe ir más allá de la retórica
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 25 de 2014
Por decisión de las partes ha caído el inútil secretismo que rodeaba los acuerdos parciales logrados en la Mesa de Conversaciones de La Habana. El fuego de los enemigos de la paz ya no tendrá el combustible de la ignorancia que lo avivaba, y por otra parte, los colombianos podrán ahora interactuar con la mesa sobre el contenido y los alcances de lo acordado. Queríamos, y lo hemos logrado, que este diálogo se desarrollara de cara al país, y no podría ser de otra manera porque en La Habana se está forjando el futuro de dignidad de todos los colombianos. Ahora se trata de garantizar la transparencia del proceso, retomando el sentido genuino de las reglas de funcionamiento que trazó la Mesa y que están ligadas a la participación plena de la ciudadanía. La Mesa no solamente debe elaborar informes periódicos, sino que, además, debe implementar una estrategia de difusión eficaz. Al respecto, debemos decir que existe aún mucha deficiencia.
El alma del ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA es su preámbulo, que para desencanto de quienes lo minimizan para tornar inane el compromiso del Estado, es absolutamente vinculante. Tiene entonces el preámbulo fuerza de mandato, y si éste estima que “la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción”, quiere decir que el proceso de paz es un propósito colectivo y que todos los colombianos podemos aportar ideas para cimentar la reconciliación como pacto social.
Pero también ordena que se deben respetar los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional, y entre estos están los derechos sociales, económicos y culturales, el respeto a la vida y a la integridad física, casi siempre desconocidos y olvidados por la amnesia deliberada de las élites. Exige el preámbulo, desarrollo económico con justicia social y armonía con el medio ambiente, desarrollo social con equidad y bienestar, razones suficientes para dejar de trazar líneas rojas aquí y allá en el escenario de los diálogos, que niegan los derechos de las mayorías a las transformaciones estructurales que exigen democracia verdadera, vida digna y soberanía patria.
Esas líneas rojas trazadas como murallas, son interpeladas por el mismo Acuerdo General que en numeral 5 del punto 3 Fin del conflicto, consigna que “el Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. Necesitamos entonces la vinculación activa de todos los colombianos y colombianas para que a través de estos ajustes institucionales, podamos construir una paz que se prolongue a perpetuidad.
El Doctor Humberto de la Calle, en el día de ayer se ha referido ampliamente al conjunto de los Acuerdos parciales, a veces dándole su propia interpretación. Diríamos al respecto, que lo fundamental es lo que el conjunto de la sociedad y sus organizaciones logren interpretar de los textos. Esa es la esencia: que la gente tenga acceso directo a los contenidos y pueda luego ayudar a construir o a corregir.
Refiriéndonos a los puntos de la Agenda sobre los que hay acuerdos parciales, por metodología hemos separado la discusión de cada tema, pero todos están interrelacionados; no se puede hablar de reforma agraria, por ejemplo, sin hablar del punto Participación Ciudadana, porque en gran medida es en el territorio donde se ejerce la acción de la democracia; pero al mismo tiempo habrá que tenerse muy presente que una reforma rural integral no es posible si no se resuelven los conflictos que nos han traído los Tratados de Libre Comercio, o sin aludir a problemas como el de la extranjerización de la tierra.
Tenemos formidables avances, no queremos ponerlo en duda, y el acuerdo parcial sobre asuntos agrarios es una constancia de ello; pero insistimos en observar las salvedades y en la necesidad de meditar en torno a las conclusiones de los Foros que se realizaron para consultar a la gente sobre el asunto, porque la construcción debe continuar y el soberano debe ser escuchado en la cualificación de lo que se está acordando; sobre todo en esta parte, deberemos tomar muy en cuenta lo que han expresado los representantes de organizaciones y movimientos campesinos, indígenas, afro-descendientes, que son los que trabajan el campo, y que ya han dejado muy en claro sus puntos de vista en conclusiones como las de la Cumbre Agraria y otros eventos nacionales y locales.
Pensamos que del documento “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, lo más importante debe ser el inicio sin más demora de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria, sobre bases de equidad y democracia, reconociendo que son las injusticias derivadas de la desigualdad y la miseria las que han engendrado la confrontación, y que por eso se requiere eliminar esas causas para que cese el conflicto.
Esta idea de Reforma Rural Integral, en teoría se centra en el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades campesinas, indígenas, negras, afro descendientes, palenqueras y raizales, y de la gente que habita en los espacios inter-étnicos e interculturales, con la pretensión de integrar las regiones, de erradicar la pobreza, promocionar la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía campesina, familiar y comunitaria.
Entonces, se ha logrado hacer un pacto de formalización de la propiedad de la tierra, con el compromiso gubernamental de que serán adjudicados los títulos de propiedad a todos los campesinos que poseen tierras de hecho, lo cual guarda suma trascendencia, si se considera que más del 48 por ciento de nuestros campesinos poseen la tierra en situación de informalidad. Se agrega a esto el compromiso del gobierno de entregar la tierra al que no la tenga o el de ampliarle la propiedad a quienes la tengan de manera insuficiente. También se suscribieron acuerdos referidos a estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, mercadeo y formalización laboral.
Nosotros estamos por una visión que beneficie al pueblo, y por ello, es que creemos que lo anterior no es suficiente, y que se hace imprescindible que pronto retomemos el debate pendiente sobre la necesidad de acabar con el latifundio, sobre la urgencia de colocarle límites a la extranjerización de la tierra. Y que asumamos con patriotismo que existen problemas muy complejos, como el de los conflictos de uso, los cuales hay que resolver.
Si bien lo acordado reconoce y se centra en el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria para el desarrollo del campo, hay necesidad de garantizar que a las poblaciones rurales no se les siga arrebatando la tierra mediante mecanismos de bancarización u otros trucos que se despliegan dentro de una dañina concepción de asociación capitalista.
No hay que perder de vista, para la definición del Fondo de Tierras, que en los solos procesos de construcción de las Zonas de Reserva Campesina, sus protagonistas calculan un involucramiento de 9.5 millones de hectáreas, y que en contraste, los latifundistas ganaderos concentran en muy pocas manos, no menos de 40 millones de hectáreas subutilizadas.
Cuando hablamos de salvedades, en cualquiera de los puntos, no se trata de colocar sobre la Mesa problemas imposibles de resolver, en tanto hay asuntos mínimos insalvables para alcanzar la democratización y modernización del país dentro de parámetros que nadie podría decir que son los del socialismo, sino sencillamente los de un moderno Estado Social de Derecho, de lo cual aún dista mucho Colombia.
Hemos dicho, que hasta el momento tenemos acuerdos muy importantes, pero modestos; la mayoría de los cuales no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales. Un Estado con verdadera voluntad de paz no tendría que hacer mucho esfuerzo para hacer realidad este tipo de reivindicaciones.
Esto lo reiteramos porque sin duda en este momento, una de las mayores reflexiones que hay que hacer, es la de que el gobierno debe ir más allá de la retórica y concretar sus compromisos con las comunidades; preocuparse por reflejar en la realidad lo que promete para el futuro, lo cual no ocurre en los actos de gobierno y mucho menos dentro de la actividad legislativa neoliberal que contradice lo que se está aprobando en La Habana.
Pero bien, ya sobre el tema en sí de la participación política y ciudadana es muy conocido lo acordado en torno al estatuto para la oposición, la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de la democracia, la creación de circunscripciones especiales electorales para las zonas rurales o más marginadas del país, la mayor participación de las comunidades en medios de comunicación de orden local y regional, la mayor presencia en los organismos de control, etc.
Concretamos acuerdos importantes, como el compromiso de convocar sin más demoras a los partidos y voceros de las organizaciones sociales para que tracen los lineamientos que permitan elaborar por fin un estatuto para la oposición política, y también una normatización que dé un verdadero reconocimiento, con garantías, a la existencia y a los derechos del movimiento social. Es decir, que lo que se ha acordado está en el camino de expandir la democracia, pero, naturalmente, esta democracia primero hay que fundarla.
Un primer paso en este mismo sentido sería lograr para ya el compromiso de la revisión, y de ser necesaria, la modificación de todas las normas que se aplican a la movilización y la protesta social. Al mismo tiempo es una necesidad vital para la democracia redefinir la tenencia de los medios. Son estos, aspectos nodales de la participación ciudadana, pero resaltando que, como trasfondo una de los temas principales que hay que abordar es el de la superación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, respecto a la que exigimos su desmonte en el marco de la necesaria desmilitarización de la sociedad y del Estado que requiere la paz.
Lo acordado en este campo no se puede confundir con el camino simplemente que puede ayudar a la creación de nuevos partidos políticos o a la preservación del anquilosado sistema de partidos que existe en nuestro país.
Sobre el tercer acuerdo parcial, habría que resaltar que en él ha quedado muy claro que el conflicto en Colombia no deriva del narcotráfico, ni éste es su razón de ser, porque existen causas de orden social muy anteriores a la aparición del fenómeno de producción y comercialización de las drogas ilícitas. Incluso el fenómeno de los cultivos de hoja de coca y la vinculación de campesinos y otros sectores rurales a las etapas primarias de producción, está ligado a la situación de miseria que padecen. Entonces, el conflicto político, social y armado de Colombia no comienza ni termina con el narcotráfico, sino que tiene profundas raíces de miseria y desigualdad.
En todo caso hemos llegado a un acuerdo entre el gobierno y una organización política-militar, y ese acuerdo se hace porque se logra definir que el problema es asunto de todos y su solución también; es decir que estamos hablando de una responsabilidad colectiva en su solución, y en ello, el primer compromiso que logramos es que el Gobierno Nacional, entendiendo que en la instituciones hay corrupción causada por el problema de las drogas ilícitas, pondrá en marcha las políticas y programas que acordamos, incluyendo liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública. A partir de ahí es que las FARC-EP, hemos hecho el compromiso de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.
Para lograr estos propósitos habrá que trazar una nueva política criminal, propender por la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y por la reparación integral de sus víctimas; acabar en definitiva, el viejo esquema de erradicaciones forzadas-fumigaciones, el cual ha fracasado generando enormes daños al tejido ambiental y social, lo cual implica que deben buscarse alternativas urgentes.
Aparte de la Conferencia Internacional que aborde tan compleja problemática, una de las tareas principales debe ser la de convocar una conferencia nacional para analizar y elaborar conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas como fenómeno ligado al paramilitarismo. La Conferencia también deberá abordar el asunto concerniente a la relación entre conflicto, narcotráfico e impacto en la institucionalidad.
Al mismo tiempo, con los debates y conclusiones logradas a lo largo de 28 ciclos, están sobre La Mesa, y en el escenario nacional de discusión otros temas de suma importancia y complejidad, necesarios eso sí para preparar de la mejor manera el terreno sobre el que iremos a construir la paz.
Sobre el armisticio. Para dinamizar el avance del proceso de paz es urgente concretar ya el cese bilateral de fuegos y hostilidades, que de manera creciente está exigiendo la ciudadanía. El gobierno no puede seguir confundiendo el cese bilateral de fuegos con la paz o la firma del acuerdo final. No hay que esperar la firma de la paz para pactar el armisticio. Este paso se debe dar para amainar los dolores de quienes se encuentran victimizados por el fuego cruzado. Urge desescalar la guerra, porque la construcción del acuerdo necesita un medio ambiente favorable para ascender a nuevos niveles.
Sobre la dejación de armas: Afirma el jefe de la delegación del gobierno que “el fin del conflicto requiere por supuesto, que las guerrillas dejen las armas y se reintegren a la vida civil. Esa es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para construir la paz”. Y estamos de acuerdo. Esa es una condición insuficiente, porque la dejación de las armas debe entenderse como el acto de renuncia de ambos lados a la utilización de las armas como forma de hacer política. Lo que queremos decir es que si la solución es la paz con democracia y con justicia social, ya no se tendrán que utilizar las armas para hacer política. Pero esto es válido para todas las partes del conflicto. Si la paz se forja dentro de estas condiciones, las FARC ya no usarán las armas para hacer política; y el Estado no puede continuar usando las armas para hacer política, pues la utilización de las armas por parte del Estado es, en efecto, una expresión política, dado que el conflicto armado colombiano es político-social. La dejación de las armas para el Estado implica la renuncia del uso de las armas de guerra al interior de las fronteras para enfrentar a sus ciudadanos; es decir, no cabe más el uso de armas en la política interna, y mucho menos con la forma asimétrica y anti-ciudadana como la ejecuta. Eso es dejación de armas. La fuerza pública regresa a su rol natural, constitucional, que no es precisamente el de inmiscuir sus armas en la política interna, sino el de atender la defensa de las fronteras y la soberanía patria.
Sobre Justicia transicional: Rechazamos una vez más la maleza jurídica que se ha venido sembrando en el campo de la paz con el ánimo de enredar los diálogos de La Habana, y en consecuencia, desconocemos los instrumentos de justicia transicional, que establece el Acto Legislativo 01 de 2012, porque no obedecen a ningún consenso entre las partes. Lo reiteramos: estos para nosotros no existen, porque los temas que se pretenden definir y reglar, nunca han sido objeto de estudio en La Mesa de diálogo. No estamos en un proceso de sometimiento. No nos vamos a poner a discreción frente a una administración de justicia parcializada, corrupta, politizada y especializada en perseguir al movimiento político y social inconforme. El Estado no puede ser juez y parte. Por eso el proceso está llamado a crear nuevo derecho en el que se transmute la tradicional justicia para el castigo en justicia para la paz. Por eso, en las actuales circunstancias, el único marco jurídico válido para las FARC-EP, es el Acuerdo General de La Habana del 2012.
Sobre la Comisión Histórica del conflicto y otras subcomisiones de trabajo: Registramos que el proceso de paz protagonizó un salto cualitativo en el camino de la reconciliación, al poner en marcha la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” como escenario clave para el esclarecimiento de la verdad, a partir de la auscultación de los orígenes, causas, efectos y responsabilidades que enmarcan el desenvolvimiento de la confrontación política, económica, social y armada.
Estamos profundamente comprometidos en que se esclarezcan los hechos que han marcado el desarrollo de la confrontación, y por ello hemos propuesto en la Mesa también, la conformación de una “Comisión de la Verdad”. El trabajo de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” y de la “Comisión de la verdad”, lo comprendemos como parte de un todo. El Informe de la Comisión Histórica, cuyos alcances consideramos vinculantes, será marco de referencia ineludible, no sustitutivo, en el cual se deberá apoyar la Comisión de la Verdad. La marcha de la comisión histórica, de la comisión de la verdad, de la subcomisión de género y de subcomisión técnica para el fin del conflicto, son también ya un acuerdo en la mesa de conversaciones de La Habana.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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| MEXICO Sigue la represión contra los pueblos originarios Detienen en Sonora a otro integrante de la etnia yaqui |
| 25 de September de 2014 | |
| Elementos de la Policía Estatal Investigadora (PEI) detuvieron en la población de Vícam, en el municipio de Guaymas, Sonora, al integrante de la etnia yaqui Fernando Jiménez Gutiérrez, a quien se acusa de haber participado en el secuestro de otro integrante de la tribu, en una acción judicial que sus compañeros califican de persecución política. Jiménez Gutiérrez fue detenido la mañana del martes y se le acusa de haber participado junto con Mario Luna Romero (uno de los voceros de la etnia, procesado por el mismo delito) en el secuestro de Francisco Antonio Delgado Romo, quien meses después de presentar la denuncia por secuestro fue reportado como desaparecido por sus familiares y a la fecha se desconoce su paradero. Sin embargo, otros integrantes de la tribu yaqui señalan que las detenciones de Mario Luna Romero y Fernando Jiménez son motivadas porque ambos se oponen a la operación del acueducto Independencia, el cual lleva agua de la presa El Novillo hasta la capital sonorense, en una acción que es calificada de despojo en prejuicio de la etnia. El titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), Carlos Navarro Sugich, informó en entrevista que Jiménez Gutiérrez fue aprehendido por los delitos de robo y privación ilegal de la libertad. Aparte, la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC censuraron la detención de Jiménez Gutiérrez y demandaron que se le garantice el derecho al debido proceso como integrante de la etnia indígena yaqui. De acuerdo con información que proporcionaron los pobladores de Vícam, la aprehensión fue realizada por personas vestidas de gris que viajaban en dos camionetas blancas no oficiales, y agregaron que a Jiménez Gutiérrez se le imputan los mismos cargos que a Luna Romero. Fuente: Ulises Gutiérrez y Emir Olivares - La Jornada |
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MÉXICO
Estudiantes realizan mitin frente a la dirección general del IPN por cambios en reglamento
Por Arturo Sánchez Jiménez
jue, 25 sep 2014
La manifestación es en contra de las modificaciones a los planes de estudios y por la abrogación de la reforma al reglamento interno que fue aprobada esta semana. Foto Pablo Ramos
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2014. Miles de estudiantes se movilizaron para exigir la abrogación de la reforma al reglamento interno del IPN, aprobada esta semana. También exigen revertir modificaciones a planes de estudio.
Imagen de la protesta sobre avenida Montevideo. Foto Pablo Ramos
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