
Foto: Nota de Prensa
(Valencia, 07 de septiembre. Noticias24 Carabobo) Mediante un comunicado, el Movimiento Ecológico de Venezuela, se pronunció sobre lo que calificaron como “elintento de eliminar el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente“, afirmando que el Gobierno nacional trabaja en un “proyecto de desarrollo eminentemente anárquico e improvisado, economicista/ antropocéntrico”.
A continuación el comunicado:
Como una herejía o de disparate institucional se puede calificar la supresión del órgano rector de gestión ambiental, con una data que parte de la Ley Orgánica de la Administración Central(28/12/1976) denominado en ese entonces Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables y luego según Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional (G.O. Nº 39.163 22 de abril, 2009) se denominó Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales.
Dada la importancia en su género, sirvió como un modelo a seguir, modernizante de la Administración Pública y en muchos países del mundo, al plantear la incorporación dentro de la estructura y organización institucional del estado moderno el tema ambiental, con un órgano rector responsable y de gestión, capaz de introducir cambios sustanciales dentro una creciente toma de conciencia, sobre la necesidad de desarrollar una acción efectiva de conservación del patrimonio ecológico y el desarrollo sustentable.
Sorpresivamente de un plumazo este Ministerio hace días fue fusionado y se creó el Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, pasando a ser un Vice Ministerio.
Esta fractura puede tener dos macro lecturas: a) El delirante frenesí de construccióna raja tabla de un inédito modelo político/ideológico, cuyas coordenadas no tienen parangón, ya que si tomamos como ejemplo el modelo cubano encontramos el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, encargado de la gestión ambiental.
b) La desidia de régimen en su relación incestuosas de aprovechamiento de los recursos naturales y su economía mercantilista, rentística/extractiva, afianzado en un modelo de expansión petrolera incontrolable, que afecta frágiles ecosistemas y la biodiversidad, interviene los hábitats indígenas, con entregas a empresas extranjeras en perjuicio de nuestra soberanía.
Estos indicadores se contradicen con el denominado ecosocialismo, entendida como una corriente de pensamiento encaminada a un nuevo sistema socioeconómico, basado en la sustitución del modelo capitalista de producción, por uno alternativo de racional utilización de los recursos naturales y su equitativa distribución y tiene como eje central la transición o conversión energética fósil (petróleo, gas y carbón) hacia fuentes alternas (hídrica, biomasa eólica, solar y geotérmica).
Existe actualmente un debate en cuanto a la implantación de modelos de desarrollo en relaciones armónicas con la naturaleza, como fuente proveedora de recursos para la producción de bienes y servicios y tiene como punto medular el cambio de la plataforma energética fósil por alternas, crítico con los modelos capitalistas y comunista (y sus variables) en las relaciones de producción y distribución del capital natural.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) define a la economía verde como “aquella que resulta en la mejora del bienestar humano y la equidad social, al mismo tiempo que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas.”
Y se apoya en tres estrategias principales: 1) la reducción de las emisiones de carbono; 2) una mayor eficiencia energética y en el uso de recursos; 3) la prevención de la pérdida de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.
Y particularmente dentro de la corriente del ecosocialismo su frase bandera es: “para ser socialista hay que ser primero ecologista”, contrarios a una visión mercantilista del patrimonio natural, característico del modelo económico del régimen, que no tiene ni el más mínimo asomo de enmienda: en el 2010 Venezuela sólo por el consumo de combustibles fósiles, emitió 180 millones de toneladas de CO2, equivalente a 6,3 toneladas por persona, casi cinco veces el promedio de Colombia, el triple de Brasil y 50% superior al de Argentina.
Duplicamos la emisión permitida, en casi un 43% el promedio mundial y se está 130% por encima del promedio para América Latina y el Caribe.
Pareciera que la palabra ambiente le es demasiado incómoda al actual gobierno que está centrado en un proyecto de desarrollo eminentemente anárquico e improvisado, economicista/ antropocéntrico, reñido con las más elementales relaciones de respeto al ambiente, queriendo hasta borrar el término de nuestro léxico como especie de sacrilegio o “sacudón “ institucional.
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