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Posted: 19 Sep 2017 07:38 PM PDT
Ha pasado un mes y medio desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. La gente votó para la conformación de esta asamblea con la promesa de acabar con la violencia que azotaba al país, violencia que se vivió en las calles bajo la forma de vandalismo, caos y terrorismo durante más de tres meses; pero también se votó para acabar con la violencia económica que tortura a la población desde hace mucho más tiempo y que hiere más profundamente la estabilidad social del país. Si bien el Gobierno ha anunciado un conjunto de medidas que deben cristalizarse próximamente, la impaciencia puede dominar los ánimos de la gente al observar que, mientras se discuten y se afinan las medidas económicas, el acceso a los productos básicos para la alimentación, el aseo y el vestido se ve cada vez más limitado. Existe una completa anarquía en cuanto al establecimiento de precios al consumidor. Estos aumentan en cuestión de días y no parece haber poder humano que los haga detenerse. Más que anuncios, la gente espera acciones y efectos.
Ahora bien, se ha hablado del Plan 50, para establecer de manera acordada los precios finales de los 50 productos indispensables para el consumo de los venezolanos. Este anuncio ha sido aplaudido por la mayoría, más allá de los reproches de los mismos de siempre. El buen agrado con el que se recibe una medida de este tipo responde a que es común, es sentimiento compartido, la necesidad de hacerlo. Es evidente para todos que los precios que uno se encuentra en la calle no son los que deberían ser y que cada quien marca lo que le da la gana o lo que estima que es conveniente para sí mismo. Aquí se establece, pues, una sintonía entre el sentimiento público y la acción de gobierno. Sin embargo, hay otros elementos del sistema económico que, al igual que el marcaje de precios, todo el mundo sabe que presentan alteraciones que afectan el acceso de la población a los productos. Hablamos de las cadenas de distribución de mercancías. Es de conocimiento público, que la estación que más afecta el valor nominal de un producto nacional como, por ejemplo, el queso, es el arrime y transporte hasta el distribuidor final. Lo mismo pasa con las materias primas como el trigo, que es importado, y el maíz que lo es en parte. Aquí actúan factores privados, que solo buscan arrancar la mayor ganancia en cualquier oportunidad, y los factores internos del Estado, cuya corrupción hace posibles las distorsiones. El propio Gobierno ha hablado de que en la distribución está el mayor problema. Entonces, para que exista sintonía entre lo que todo el mundo sabe y la acción de gobierno lo lógico es que se ataque directamente esta etapa de la cadena económica.
La Constituyente tiene la facultad de ser plenipotenciaria, no existe barrera que impida que desde allí se reformulen los sistemas de distribución de mercancías para así normalizar el proceso de formación de precios. Se trata de los asuntos más urgentes que deben ser abordados en primera instancia. La postergación de la constituyente económica solo acrecienta la intranquilidad que sabotea el desenvolvimiento de los demás asuntos públicos del país.
Publicado en Ciudad CCS el 20/9/2017.
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