viernes, 10 de noviembre de 2017

INFORME DE OPINADORES – 09.11.2017




Fuente: A.E.

 BALANCE GENERAL
Editorial: “…A estas horas nadie sabe si hubo sepelio, ni otro episodio digno de atención, en suma, pero un tufo de cementerio se ha apoderado del lugar….”

Ovidio Pérez Morales: “…La actual escalada represiva oficial y su agilización de elecciones tramposas urge forzar una consulta (…) La Fuerza Armada no tiene otro deber y futuro que ceñirse a la Constitución y, más allá, a la voluntad de su soberano…)

José Toro Hardy: “… los inmensos riesgos que para un país petrolero como Venezuela implica la pretensión de “decretar” una reestructuración. Nuestro país cuenta con importantes activos petroleros en el exterior, incluyendo refinerías y tanqueros que navegan en varios océanos y que atracan en muchos puertos, los cuales podrían estar sujetos a acciones de embargo si no cumplimos con nuestras obligaciones…”

Hildegard Rondón de Sansó: “…La señora del piso de arriba, la que tiene dos adolescentes que se la pasan jugando béisbol en la entrada  el edificio, me dijo alarmada que ahora las solicitudes, las quejas y las reclamaciones hay que hacerlos  por “Internet”, lo cual, está muy lejos de sus disponibilidades (…) Pareciera que todo lo dicho es un  sarcasmo, pero es real y es así como tenemos un país que se va a paralizar por falta de repuestos; que ha  perdido el 90% de sus industrias propias, pero que tiene una ley modelo para el mundo sobre Gobierno Informático!...”

Earle Herrera“…Ocurre que la justicia española dice  que los dirigentes catalanes detenidos o perseguidos no son “presos políticos” sino “políticos presos”.  Mira tú, la “madre patria” escupiendo para arriba…”

EXTRACTOS DE LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN
Editorial: ¿Murió la MUD? (El Nacional)
Cuando una persona se encierra en su casa durante una larga temporada y no se deja ver, los vecinos comienzan a murmurar. La ausencia de quien antes era callejero y dicharachero provoca comentarios, preguntas sensatas, inquisiciones cargadas de preocupación. Se siente un vacío en el barrio, una notoria falta en la urbanización, una ausencia que aumenta debido a la desaparición de quien fuera antes animador de la rutina y el más generoso anfitrión.
¿Dónde está el amigo de los días llenos de vida? ¿Cuál es ahora el destino de quien fuera repartidor de copas y licores, voz de las tertulias de la esquina? Los vecindarios que se congregan para buscar las razones de una despedida tan inesperada de quien fuera factor fundamental de la rutina cumplen un deber relacionado con las cosas que más importan, los asuntos de la vida cotidiana, los negocios de los cuales dependen temas caros para la gente común.
Más todavía cuando se sienten ruidos en la residencia del ausente. Si el domicilio del amigo extraviado se caracterizó antes por el sosiego, las bullas que sienten de pronto en las estancias del domicilio multiplican las hablillas y los temores. No está muerto, porque levanta la voz entre los suyos. Hay gente que grita en el apartamento, lo que era paz parece es ahora guerra doméstica. De pronto salen del interior unos íntimos mal encarados, unos tipos apurados y desmañados cuya conducta contrasta con la afabilidad que mostraban antes y que hacía las delicias del contorno. Ciertamente no está muerto, porque no deja de gritar entre los suyos, pero ya no forma parte de la comunidad que tanto lo quería, se puede pensar con fundamento. De allí el aumento de un clima de desasosiego y asombro.
Un día llegó la agencia de mudanzas, pero no se llevó nada. Los muebles no salieron de la casa. Ni un pelo se movió. Todo se mantuvo intacto. De pronto aparecieron unos obreros con unas latas de pintura, pero no  se ocuparon de retocar el frente, ni tampoco las piezas del interior. No se vio movimiento, con seguridad. Nada importante sucedió. Los pintores estuvieron allí de paso y de balde, porque al final se quedaron esperando en la acera sin ganas de trabajar, o debido a que el dueño no tenía plata para pagarles.
Todo esto aumentó la curiosidad de los ociosos de la cuadra, y aun de los que regresaban afanados de sus trabajos, para que se mantuviera una atmósfera de inquietud que trascendió hacia otros vecindarios que se habían enterado de la curiosa vicisitud y que se interesaban por saber cómo marchaba el asunto.
Un día se estacionó el carro de la funeraria en el frente de la casa del vecino. Los señores de uniforme negro entraron con premura y permanecieron un par de horas en lo que se asumió como una reunión de gran importancia, eso que llamamos cuestión de vida o muerte, pero salieron con las manos vacías. No volvieron con el féretro que se esperaba, pero sembraron la idea de que el vecino había muerto y había sido enterrado en el patio trasero de su hogar, para no molestar más de la cuenta.
A estas horas nadie sabe si hubo sepelio, ni otro episodio digno de atención, en suma, pero un tufo de cementerio se ha apoderado del lugar.

Aurora democrática. Ovidio Pérez Morales (El Nacional)
Aurora es prenuncio. Sombra que da paso a la luz. Motivo de esperanza para el vigía y de júbilo para el caminante. Abre horizontes e invita a la acción.
1. Hablar de sombras en Venezuela no requiere esfuerzo. Son el sufrimiento cotidiano generalizado: hambre y desnutrición masivas; asesinatos, presos políticos, víctimas de la violencia; tribulaciones de quienes buscan desesperadamente remedios y centros de adecuada atención sanitaria; millones de venezolanos botados de su país por quienes lo han convertido en casa inhabitable; ciudadanos incomunicados por una descarada hegemonía comunicacional; disidentes cruelmente reprimidos; indígenas maltratados y excluidos en sus propias tierras por mafias depredadoras y un voraz arco minero; inflación que evapora ingresos e iguala en empobrecimiento; jóvenes que ven tronchado su futuro; productores frustrados y quebrados por un centralismo estatizante históricamente fracasado; país agobiado por narcorrupción. Raíz y causa fundamental de estos y otros males es el proyecto político-ideológico social-comunista, calificado desde hace años por la Conferencia Episcopal Venezolana de ilegítimo e inconstitucional.
2. La luz es retomar y agilizar la reconstrucción del país en el sentido simple pero exigente de nuestra carta magna. Esta, no obstante limitaciones y fallas, constituye un marco apto para el funcionamiento del país en preeminencia de los derechos humanos y la democracia, “promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo” y Estado de Derecho, entre otros. Se reclama, y con razón, a los políticos y los partidos de oposición que formulen programas de acción. Creo, sin embargo, que el divulgar concisamente los puntos clave del Preámbulo y los Principios Fundamentales de nuestra Constitución ofrecería una caracterización suficiente de la Venezuela deseable-obligante (¡nuestra historia es abundosa en constituciones, proclamas y programas, pero también en incoherencia fáctica!).
3. La aurora se insinúa como signo persistente y exige que sepamos interpretarlo. La gran mayoría de los venezolanos quiere un cambio hacia la Venezuela deseable. Lo demostraron el 6-D, el 16-J, las víctimas de la represión policial, militar y paramilitar este mismo año en calles y avenidas del país, así como los exiliados y presos políticos víctimas de la tiranía. Los errores, incoherencias y corruptelas en la oposición, al igual que el comprensible aunque injustificado derrotismo de muchos de la sociedad civil, no han apagado el mayoritario fervor de compatriotas que anhelan un cambio y lo apoyan, ya de modo abierto, ya desde un silencio forzado por las amenazas y el chantaje de la política dictatorial totalitaria del régimen (el incremento de la represión va parejo a la debilidad creciente del mismo). Justifica también una visión esperanzada la manifiesta solidaridad de la comunidad internacional. La fe activa de cristianos y creyentes, así como la convicción humanista de no creyentes, es promesa y primicia de luz.
4. Cómo apresurar la luz. La actual escalada represiva oficial y su agilización de elecciones tramposas urge forzar una consulta sobre qué hacer con el país a quien es la fuente del poder con carácter originario, constituyente, y al cual se refiere el art. 5 de nuestra Constitución. Es el poder ciudadano completo e inapelable (no absoluto, ciertamente, porque absoluto es solo Dios), que está por encima de gobierno y oposición, de grupos y organizaciones sectoriales. Apelación urgente –pues el hambre y la muerte no esperan– al soberano para que decida mediante voto universal, libre, transparente, respaldado interna e internacionalmente (ONU, OEA…) en cuanto a ejercicio y aceptación. Proceso organizado por un Consejo Nacional Electoral realmente plural e independiente. Esa elección puede encaminarse a una genuina asamblea constituyente o a un gobierno de transición seguido de elecciones generales. La Fuerza Armada no tiene otro deber y futuro que ceñirse a la Constitución y, más allá, a la voluntad de su soberano.
Ante el tsunami de hambre y devastación no cabe seguir con maniobras distractoras, elecciones fraudulentas y paños calientes. ¡Que el soberano decida su camino a seguir! La aurora dará paso a la claridad del día.

“Decreto” de reestructuración y refinanciamiento. José Toro Hardy (El Nacional)
Maduro “decretó” una reestructuración y un refinanciamiento de la deuda. “Vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para lograr el equilibrio. Vamos a romper los esquemas internacionales”, agregó.
Ciertamente, tal anuncio rompe los esquemas internacionales. Las reestructuraciones y refinanciamientos no se decretan, se negocian.
Por “reestructuración” se entiende un consenso entre las partes para modificar las condiciones de la deuda, ya sea alargando los plazos, estableciendo períodos de gracia e incluso una rebaja o “quita” de una parte de la deuda.
Es el resultado de una negociación compleja, porque por lo general involucra a varios acreedores que no siempre están de acuerdo y resulta prácticamente imposible negociar términos separados con cada uno de ellos. Se requiere consenso, por una parte, entre los acreedores mismos y, por otra parte, entre ellos y el gobierno deudor.
No resulta fácil que todos los acreedores se pongan de acuerdo. Ejemplo de ello lo vimos en el caso de la reestructuración de la deuda argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner. Después de arduas negociaciones, un bloque de acreedores aceptó una reestructuración de la deuda de ese país, otorgando incluso una “quita” o rebaja sustancial. Sin embargo, no todos aceptaron y muchos de ellos insistieron en cobrar sus acreencias conforme a las condiciones originales.
A quienes así actuaron Cristina Kirchner los tildó de “fondos buitres”. Pero, independientemente de tal calificativo, tenían derechos reconocidos por la legislación internacional. Incluso procedieron al embargo de la fragata Libertad, buque escuela de la Armada argentina en el puerto de Tema, al este de Acra, ordenado por un tribunal de Ghana a solicitud de uno de aquellos acreedores con sede en las Islas Caimán.
Vemos, pues, los inmensos riesgos que para un país petrolero como Venezuela implica la pretensión de “decretar” una reestructuración. Nuestro país cuenta con importantes activos petroleros en el exterior, incluyendo refinerías y tanqueros que navegan en varios océanos y que atracan en muchos puertos, los cuales podrían estar sujetos a acciones de embargo si no cumplimos con nuestras obligaciones. Todo ello vendría a sumarse a las resultas de numerosos arbitrajes internacionales por incumplimiento de contratos del gobierno venezolano. Se trata de una suerte de colapso general de la credibilidad del país, sumado al de su economía.
Ahora bien, hasta el momento nos venimos refiriendo al caso de una “reestructuración” de la deuda. Distinto es si se trata de un “refinanciamiento” de la misma, que implica la emisión de nueva deuda para cambiarla por la vieja. Típicamente es el “swap” (intercambio) de bonos viejos por bonos nuevos.
En ambos casos, ya sea reestructuración o refinanciamiento, conforme al artículo 100 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, no se requeriría autorización de la Asamblea Nacional, siempre y cuando la República se beneficie, ya sea por reducción del capital (“quita”) o de intereses. En otras palabras, que la negociación redunde en “beneficio de la República, con respecto a la deuda que se está refinanciando o reestructurando”. Sin embargo, tal excepción está condicionada a que el monto renegociado no exceda el límite máximo del endeudamiento originalmente aprobado. De lo contrario, tendría que ser aprobado por la AN.
En los mercados financieros se ha interpretado que lo que Maduro ha decretado es un default. Esa es la conclusión a la que se llega al constatar el aumento en el costo de los CDS (Credit Default Swaps), suerte de seguro para cubrir el riesgo de incumplimiento en el pago. El costo de los CDS para la deuda venezolana se corresponde al de 75% de posibilidad de default en los próximos 12 meses y 99% en 5 años. Por lo demás, el “decreto” de Maduro provocó un caída de entre 25% y 40% en bonos de Pdvsa y de la República.
Según The Economist, el temido default de la deuda soberana venezolana sería el segundo mayor de la historia después del caso de Grecia.

Gobierno informático Hildegard Rondón de Sansó (Correo del Orinoco pág. 21)
La señora del piso de arriba, la que tiene dos adolescentes que se la pasan jugando béisbol en la entrada  el edificio, me dijo alarmada que ahora las solicitudes, las quejas y las reclamaciones hay que hacerlos  por “Internet”, lo cual, está muy lejos de sus disponibilidades. Es el momento en que levanto la voz para  que todos mis vecinos me oigan y digo: “...Señora, lo que pasa es que está en vigencia la Ley de  nfogobierno”1 y tenemos que regular nuestro régimen comunicacional por ella”. Mis palabras dejaron a  todos perplejos porque nadie conoce la condenada ley, ni tiene idea de para qué sirve.
Es por eso que me pongo a explicarles que el objeto de la ley es establecer los principios y bases que  rigen a las tecnologías de información del Poder Público, a fin de mejorar su gestión y los servicios que  resta, la participación y el desarrollo de las tecnologías en el Estado y “la apropiación social del  conocimiento”. Es decir, es una ley destinada a imponer el uso de las tecnologías de información en todas las actividades. Es por eso que su ámbito de aplicación comprende a todos los órganos y entes de  os poderes públicos y también al resto de las personas naturales o jurídicas.
La ley obliga a su aplicación en las siguientes actividades: en las peticiones que se dirijan al Poder  público; en la realización de pagos y liquidación de impuestos; en el cumplimiento de todo tipo de  obligaciones, bien pecuniarias o de otra naturaleza; en las notificaciones que se realizan por medios  electrónicos; en el acceso a las informaciones públicas; en el manejo de los expedientes; en la  presentación de documentos; en la obtención de copias de documentos electrónicos; en la utilización de m ecanismos para el ejercicio de la contraloría social y otros más.
La ley insiste en fomentar el conocimiento de las tecnologías de información y es por ello que establece  que el Poder Público tiene que garantizar a todas las personas, a través del sistema educativo, los medios  ara la formación en materia de tecnologías de información libre. Por lo que atañe a la estructura  organizativa para aplicarla, la ley creó varios organismos, entre ellos el Consejo Nacional para el Uso de  tecnologías de Información y la Comisión Nacional que elabora el Plan Nacional de Tecnología de  información. El primer organismo aludido es el máximo ente para la planificación y asesoramiento del  poder Público. Está presidido por el Vicepresidente Ejecutivo e integrado por importantes entidades tanto legislativas como jurisdiccionales y por el Banco Central. Además han sido previstas “unidades  e  poyo,” en las que opera la Superintendencia de Servicios en Seguridad Electrónica. Con lo  anteriormente expuesto recalcamos las características específicas de la venezolanidad, capaz de sostener un sistema que es tan complejo como el que rige en la Comunidad Económica Europea para regular la  materia informática. Es decir que, no debemos temer por la carencia de normas en este campo, ya que podrá faltar en los hogares que lo utilizan como sistema para preparar los alimentos una bombona de gas, pero el desarrollo de un sistema informático súper desarrollado está presente para recordarnos  nuestros deberes con el Estado en tal materia, con especial señalamiento de los tributos que deberíamos  pagar y del severo régimen sancionatorio al cual estamos sometidos. Pareciera que todo lo dicho es un  sarcasmo, pero es real y es así como tenemos un país que se va a paralizar por falta de repuestos; que ha  perdido el 90% de sus industrias propias, pero que tiene una ley modelo para el mundo sobre Gobierno Informático!

¿Políticos presos? Earle Herrera (Correo del Orinoco pág. 21)
¿Dónde oíste esa frase y el debate que provocó? Pudo ser en Venezuela, pero por tal expresión acusaron  de “cínico” al gobierno del presidente Maduro y, antes, al de Chávez. Ocurre que la justicia española dice  que los dirigentes catalanes detenidos o perseguidos no son “presos políticos” sino “políticos presos”.  mira tú, la “madre patria” escupiendo para arriba. La academia española sentencia que un preso político  es el detenido por un ideal. ¿Hay mayor ideal que la independencia?
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