Carlos E. Lippo
Carlos E. Lippo
El vecino país de Colombia otrora gran productor y exportador de esmeraldas y de café, ambas especies producidas con una calidad tal que le permitía ostentar el primer lugar a escala mundial, ha venido perdiendo aceleradamente estos sitiales de privilegio desde hace algunos años.
En efecto, desde el año 2009 Colombia fue desplazada por Zambia del primer lugar en la producción mundial de esmeraldas; pero no es sólo eso, sino que la explotación de tan valioso recurso no se traduce en los esperados beneficios para el estado y el pueblo colombiano por estar en manos de organizaciones criminales, según puede deducirse de un informe de la Contraloría General de la Nación que data de 2014 y señala textualmente, entre otras cosas, lo siguiente: “… en los municipios productores de esmeraldas confluyen violencia y degradación social con poderosos empresarios y grupos armados, vinculados algunos con bandas de narcotraficantes y paramilitares, que el estado ha tolerado durante décadas” (1).
El caso del café es aún más patético ya que Colombia, según datos del año 2015, fue desplazada al tercer lugar mundial de productores/exportadores, muy por debajo de Brasil y Vietnam, que ocuparon los lugares cimeros; pero no es sólo eso, sino que existen fundados indicios de que una parte importante de esa menguada exportación está constituida por café venezolano introducido en ese país de contrabando (2) y que es vendido violando su “denominación de origen”. Aunque nuestro café es de una calidad igual o superior a la del colombiano, se estaría consumando una estafa a los consumidores que obviamente constituye un delito.
De forma lamentable, Colombia que era conocido internacionalmente a partir de logros como éstos, ha pasado a serlo a través de una serie de hechos altamente negativos, una suerte de “anti logros”, como lo son: su primer lugar mundial en la producción/exportación de cocaína; su gran cantidad de desplazados internos y de migrantes; su elevada exportación de mercenarios; y su alcahuete marco legal, promotor de los delitos de contrabando y ataque a nuestra moneda. En los párrafos siguientes habremos de presentar en detalle cada uno de estos aspectos, haciendo énfasis en los que mayor daño nos causan, ya que por el solo hecho de compartir con ella una frontera de más de 2.200 km., es imposible que alguno de ellos deje de impactarnos adversamente de cualquier manera.
Colombia primer productor/exportador mundial de cocaína
Así lo indica el informe “antidrogas” del Departamento de Estado de Estados Unidos divulgado en marzo de este mismo año, según el cual en el 2016 los cultivos ilícitos de coca en Colombia alcanzaron la cifra récord de 188.000 hectáreas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas; siendo necesario apuntar que el mismo informe señala que el 90 % de la cocaína incautada en Estados Unidos tiene su origen en Colombia (3). Como desde tiempo inmemorial una parte importante de la producción colombiana necesita pasar por Venezuela para ser transportada a Estados Unidos y Europa, esto nos convierte ipso facto en un país de tránsito para el tráfico de drogas, obligándonos a hacer grandes esfuerzos para combatirlo, actividad en la que hemos tenido resaltantes éxitos sobre todo después de que el Comandante Chávez expulsase del país en el año 2005 a la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA), ya que la inefable agencia gringa estaba usando como máscara la lucha contra las drogas, tanto para apoyar al mismo narcotráfico como para hacer inteligencia en contra el gobierno.
Colombia ocupa el primer lugar en el mundo en cantidad de personas desplazadas
Con una cifra histórica de 7,2 millones, Colombia es primer país del mundo con el mayor número de personas desplazadas, según el más reciente informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del “Consejo Noruego para los Refugiados” y del “Observatorio de Desplazamiento Interno” (IDMC) (4). Curiosamente, de esa cantidad, 171.000 desplazamientos ocurrieron durante el 2016, año en el que se firmaron los convenios de paz con las FARC, principal ejército popular de liberación del país. En esta lamentable estadística Colombia es seguida por Siria (país que sufre una feroz invasión exterior), Sudán, Iraq y República Democrática del Congo. Es evidente que una parte importante de esta gran cantidad de desplazados ha atravesado la frontera en busca de mejores condiciones de vida, pasando a aumentar la abultada cifra de ciudadanos colombianos que viven entre nosotros. No podríamos terminar este tema sin antes decir que para el año 2016, el Presidente Maduro señaló que habíamos recibido alrededor de 100 mil refugiados, señalamiento que fue confirmado Christian Krüger, director de “Migración Colombia”, quien afirmó que para ese año ese flujo había sido más de 109 mil personas, agregando además un dato más que contundente: “esta cifra ha bajado un 70% frente a años anteriores”, ya que el 2015 “ingresaron a Venezuela 371.521 colombianos” (5).
Colombia es el país con mayor cantidad de emigrantes en la región
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Colombia es el país con mayor cantidad de emigrantes en Suramérica, seguido por Perú y Brasil, y es también uno de los países de la región que recibe menos inmigrantes (6). El Ministerio de Relaciones Exteriores estima que 4,7 millones de colombianos reside actualmente en el exterior, un 10% de su población total, pero si tomamos en cuenta que sólo en Venezuela vivían alrededor de 5 millones de ciudadanos colombianos, según señalase el presidente Maduro en febrero de 2005 (7), resulta evidente que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia miente descaradamente sobre este tema. En relación al tema de la migración colombiana en Venezuela, dice Juan Carlos Tanus, presidente la asociación “Colombianos y Colombianas en Venezuela”: “Quienes somos migrantes salimos de Colombia porque no habían buenas condiciones en ese ámbito para sostener los puestos de trabajo, en Venezuela sí lo encontramos; nos garantizan el derecho al trabajo” (8). Y tenemos que añadir nosotros, no sólo se les garantiza el derecho al trabajo, sino el acceso, como a todos los venezolanos, a todos los beneficios en materia de salud, educación y vivienda, que la revolución bolivariana garantiza a los nacionales.
Mercenarios colombianos, producto de exportación
Con la frase anterior titula BBC Mundo una nota fechada en mayo de 2011 (9), basada en un artículo del diario The New York Time, que da cuenta de que Irak, Afganistán y Emiratos Árabes Unidos eran algunos de los destinos de individuos paramilitares formados y reclutados en Colombia vía Internet, desde inicios de la década pasada. Posteriormente se ha sabido de la existencia de mercenarios colombianos entre los monstruos que asesinaron vilmente al Coronel Gadafi (10), así como también en Siria y hasta en Yemen, vistiendo el uniforme de la vesánica monarquía saudita. La formación de estos mercenarios en Colombia, negada en forma recurrente por el gobierno y el ejército de colombiano, no constituiría delito, ya que ese país no ha suscrito la convención de Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. En Venezuela son innumerables las acciones terroristas de la contrarrevolución ejecutadas por mercenarios de origen colombiano. En relación a esto, es emblemático el caso de los viles asesinatos del joven diputado revolucionario Robert Serra y su asistente María Herrera, en octubre de 2014, perpetrados por una banda paramilitar colombiana dirigida por (a) “El Colombia” (11), un despreciable sujeto que por cierto habitaba en una de las casi 1,8 millones de viviendas construidas por la revolución en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Un marco legal que legitima y promueve el contrabando de extracción desde Venezuela
La Ley 1762 de 2015, eufemísticamente llamada “Ley Anticontrabando” (12), prescribe en su Artículo 6°, “Favorecimiento y facilitación del contrabando”: Modifíquese el artículo 320 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: “Artículo 320. Favorecimiento y facilitación del contrabando. El que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene mercancías que hayan sido introducidas al país ilegalmente, o que se hayan ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y control aduanero o que se hayan ingresado a zona primaria sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación aduanera, cuyo valor supere los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes… incurrirá en pena de prisión de tres (3) a seis (6) años…”. Entonces, según este artículo, un cargamento con un valor inferior a los USD 12.250 (monto equivalente a esos 50 salarios mínimos calculados en dólares a la tasa del día de ayer),introducido ilegalmente en Colombia desde Venezuela, no se consideraría como contrabando, ni quienes lo introduzcan podrían ser objeto de sanción penal alguna.
Así mismo, el Artículo 7° de la precitada ley señala: Artículo 7°. Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. Modifíquese el artículo 320-1 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 320-1. Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados. El que posea, tenga, transporte, embarque, desembarque, almacene, oculte, distribuya, enajene hidrocarburos o sus derivados que hayan ingresado al país ilegalmente, o que se hayan descargado en lugar de arribo sin cumplimiento de la normativa aduanera vigente, o que se hayan ocultado, disimulado o sustraído de la intervención y control aduanero cuya cantidad sea superior a veinte (20) galones… se impondrá una pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años…”. Ocurre sin embargo, que como los contenedores (pimpinas) a través de los cuales se extraen los combustibles de Venezuela a través de las trochas fronterizas, tienen una capacidad de apenas 5 galones, cualquiera puede pasar hasta 4 pimpinas sin incurrir en contrabando; ocurre también que vaciando estas “pimpinas legales” logran llenar grandes contenedores desde los cuales expenden la gasolina o el diésel en el territorio colombiano o en el exterior, con la anuencia de ECOPETROL, que es la petrolera estatal colombiana.
El connotado economista venezolano Juan Carlos Valdez, con base en datos suministrados por el Presidente Maduro y el Vicepresidente Arreaza a mediados de 2015, ha estimado que las pérdidas en las cuales incurre el estado venezolano por concepto del contrabando de extracción de derivados de hidrocarburos, alimentos, artículos de higiene y aseo personal, medicinas, repuestos, etc., ascienden como mínimo a USD 10.000,00 millones anuales (13). Es evidente que un negocio de tales magnitudes, sólo puede ser manejado por las mafias del narcotráfico, las cuales al demandar ingentes cantidades de dinero venezolano en efectivo para pagar las mercancías en Venezuela, generan además un intenso contrabando de billetes venezolanos de alta denominación que prácticamente nos dejó sin billetes de 100 bolívares durante el pasado mes de diciembre y que continúa llevándose los billetes de mayor denominación de nuestro nuevo cono monetario.
Un marco legal que promueve la devaluación del bolívar frente al peso en las zonas fronterizas
La tasa oficial Peso Colombiano/Bolívar establecida el día de ayer por el Banco de la República de Colombia, que es equivalente a su Banco Central, fue: 1 Peso Colombiano = 0,003414 Bolívares, o lo que es lo mismo: 1 Bolívar = 292,91 Pesos Colombianos. Sin embargo, tal tasa de cambio no se aplica en la frontera ya que con arreglo al artículo 70 de la Resolución Externa 8 del 2000 (15), emitida por el mismo Banco de la República, “las tasas de cambio de compra y venta de divisas que apliquen los intermediarios del mercado cambiario (IMC), son aquellas que libremente acuerdan las partes en la operación”. Como podemos ver, se trata de que el estado colombiano ha declinado sus atribuciones en materia de política cambiaria en las 8 casas de cambio de Cúcuta, controladas por las fuerzas del narcotráfico y el “lavado” del dinero proveniente de todo tipo de actividades delictivas, las que de manera coercitiva determinan esa tasa cambiaria y la divulgan a través de la página www.bolívarcucuta.com. Con arreglo a dicha página, al día de ayer, un Peso Colombiano se cotizaba en 0,14 Bolívares, esto es, a un valor 41 veces mayor que el valor oficial determinado por el Banco de la República. Con base en una manipulación de este último valor, quienes editan la misma página determinan que la cotización del dólar frente al bolívar es de: 1 Dólar = 45.901,64 Bolívares, que pasa a ser un criminal marcador de los precios en nuestra economía actual.
Lo señalado en todos los párrafos anteriores es una clara demostración de cuanto nos afecta el ser vecinos de un país que ha caído en tan severa crisis de valores. Los dos últimos demuestran además, de manera indubitable, que el gobierno burgués colombiano ha pasado a ser el más importante ejecutor de la guerra económica que nos viene aplicando implacablemente el imperio desde finales del año 2012.
Por todo lo anteriormente expuesto, si no remato proponiendo el levantamiento de un muro fronterizo similar al que se vio precisado a levantar la República Democrática Alemana al inicio de la “Guerra Fría”, con muchas menos presiones de parte del imperio y sus aliados occidentales, no es por razones derivadas del Ideal Bolivariano, sino por los enormes costos que la ejecución de tal proyecto acarrearía en las actuales circunstancias. En todo caso, como se trata de la pervivencia de la patria, si voy a ser reiterativo en el planteamiento del cierre de todos los pasos de nuestra frontera terrestre con Colombia, con la ejecución de todas las operaciones militares asociadas.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!
(7) http://misionverdad.com/la-
Caracas, octubre 31 de 2017
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