PIA.- Un reciente informe de una ONG reconfirma los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de Birmania (Myanmar) contra el pueblo musulmán Rohingya. Las políticas de persecución, ocultadas durante años por las autoridades gubernamentales, están orientadas a forzar el desplazamiento de los rohingyas fuera de Birmania, que hasta la actualidad ya han causado el desplazamiento de más de 140 mil personas.
La ONG “Fortalecer los Derechos” (“Fortify Rights “) presentó este martes el informe “Políticas de Persecución“, basado en documentos filtrados del Gobierno de Birmania, análisis de registros públicos y entrevistas a rohingyas, que revelan graves violaciones a los derechos humanos del pueblo musulmán por parte del Gobierno birmano.
“El impacto de estas restricciones son graves y han sido bien documentados por décadas, pero las órdenes oficiales se han mantenido fuera del dominio público hasta ahora”, expresó Matthew Smith, director de la organización durante la presentación del informe en Bagkok (Tailandia) . “Esta arquitectura de maltrato contribuye a la inestabilidad política y la violencia , y debe levantarse de inmediato”, agregó.
Asimismo, mediante un comunicado el director destacó que “el Gobierno persigue sistemáticamente a los rohingyas por motivo de su etnia, religión y, en ocasiones, sexo. Las mujeres rohingyas se ven especialmente afectadas por estas políticas, sufriendo una discriminación severa por ser mujeres y musulmanas rohingyas”.
La mayor cantidad de población musulmana en Birmania se encuentra en el estado de Rakhine (oeste) donde más de 100 mil personas viven hacinadas en los campos de refugiados tras la ola de violencia que se desató en el país a partir de 2012 que se cobró la vida de más de 200 personas y el desplazamiento forzado de otras 140 mil.
De acuerdo al informe, una orden de Gobierno de 2005, sienta las bases para una política forzada de dos hijos en los municipios de Maungdaw y Buthidaung (Rakhine), que exige “permiso para casarse” para “limitar el número de niños” a fin de que haya “suficiente alimento y refugio”.
En este sentido, según los documentos gubernamentales filtrados, se autoriza a las fuerzas de seguridad a aplicar métodos abusivos para el “control de la población”, como el registro arbitrario de hogares en el cual obligan a las mujeres rohingya a amamantar a sus hijos en presencia de los funcionarios para comprobar que son las madres biológicas y contabilizar el número de integrantes por familia.
Asimismo, órdenes oficiales emitidas por las autoridades de Rakhine entre 1993 y 2008 revelan restricciones al matrimonio rohingya. Las parejas sólo pueden vivir juntas sí están casadas, además de que deben cumplir con diez requisitos administrativos además del pago de altos honorarios.
Por otro lado, la libertad de movimiento también se restringe, las leyes obligan a los rohingyas a solicitar permisos para viajar de una localidad a otra, y sólo se les permite viajar fuera del estado Rakhine en circunstancias excepcionales; la medida se aplica incluso en casos de emergencias médicas.
“Los impactos de estas restricciones son severas y han sido documentadas durante décadas, pero las órdenes oficiales han sido ocultadas al público hasta ahora”, indicó el director de la organización. Los castigos descriptos dentro del informe ante el incumplimiento de las restricciones incluyen prisión y multas, las cuales persiguen el desplazamiento forzado del pueblo rohingya, medidas que han sido negadas reiteradas veces por parte de las autoridades gubernamentales.
Dichas políticas representan “un nivel de planificación y conocimiento entre las autoridades de Myanmar que eleva los abusos hasta el umbral de los crímenes contra la humanidad”, remarcó el responsable de la organización y añadió que “estos abusos se han llevado a cabo durante años con total impunidad”.
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