El pasado jueves la corte condenó a los responsables de los servicios secretos colombianos durante el gobierno de Uribe por el espionaje contra periodistas, activistas, jueces y políticos opositores.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe compareció hoy ante la Corte Suprema para esclarecer su presunto vínculo con el hacker Andrés Sepúlveda, responsable de actos de espionaje contra los representantes del Gobierno y las FARC-EP en los diálogos de paz.
El actual senador por el partido Centro Democrático (CD) fue incriminado por el experto en informática, quien aseguró que el político estuvo al tanto de esas operaciones de seguimiento ilícito, enfiladas hacia actores y facilitadores de las pláticas entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que tienen como sede a Cuba.
Contratado para colaborar con la campaña presidencial de Ôscar Iván Zuluaga (2014), entonces principal rival del jefe de Estado Juan Manuel Santos, Sepúlveda tenía la misión adicional de desplegar una estrategia de desprestigio contra el proceso pacificador a través de las redes sociales.
El hacker, condenado a 10 años de prisión por esos sucesos, afirmó que Uribe no sólo conocía de su trabajo sino que tuvo trato directo con él, por lo que la audiencia de este martes resulta crucial para determinar posteriores pasos.
Parte de la información obtenida ilegalmente llegó a manos del exmandatario, dijo.
Según sus confesiones recibió instrucciones de sectores del CD para afectar las gestiones a favor de la distensión, tareas realizadas desde la fachada Andrómeda, sitio camuflado para tales propósitos de espionaje.
Mientras el congresista manifestó ante la Corte Suprema de Justicia que supo del pirata informático sólo cuando estalló el escándalo, reseñó el portal digital de El Tiempo.
No lo identifico, estamos ante un joven con trastornos mentales, insistió Uribe en pronunciamientos previos.
Posterior a esta diligencia los juristas encargados del caso continuarán recaudando material documental y testimonial para verificar las posibles irregularidades en las que pudo incurrir el exgobernante y decidir si procede abrir una investigación formal por los hechos.
PRENSA LATINA
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