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El Ministerio Público apeló la decisión del Tribunal 2º de Control de Violencia contra la Mujer de Puerto Ordaz, el cual otorgó arresto domiciliario y prohibición de salida del país a la fiscal 8º auxiliar del segundo circuito del estado Bolívar, Yulima Fermín, quien fue detenida el martes 22 de octubre por su presunta vinculación con el forjamiento de una medida de protección cuando se desempeñaba como Consejera de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Caroní en el año 2010.
En la audiencia de presentación, las fiscales 8º nacional y 10º del segundo circuito de Bolívar, Mery Gómez y Vivian Rojas, respectivamente, imputaron a la funcionaria por presuntamente incurrir en los delitos de forjamiento de documento público, corrupción propia, trata de personas y asociación para delinquir, sin embargo, la citada instancia judicial desestimó los dos últimos delitos.
En ese sentido, el Tribunal 2º de Control de Violencia contra la Mujer de Puerto Ordaz dictó arresto domiciliario y prohibición de salida del país para Fermín.
Por tal motivo, las fiscales del Ministerio Público apelaron la decisión de la mencionada instancia judicial y pidieron la aplicación del efecto suspensivo, es decir, que Fermín permanezca detenida hasta que la Corte de Apelaciones se pronuncie acerca del recurso interpuesto.
Es importante mencionar que vinculados con este caso, que data del 30 de agosto, se encuentran acusados el chileno Ricardo Landeros (48) y los venezolanos Jazmín Maurera (40) y Leomar Barrero (26), por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y asociación para delinquir en el rapto de una niña de siete meses en una zona industrial ubicada en la parroquia Unare, Puerto Ordaz del estado Bolívar.
Asimismo, se encuentran acusados tres consejeros de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Caroní: Gustavo González, Humberto Guerra y Deisy Pérez por la presunta comisión de los delitos de trata de personas, corrupción propia, forjamiento de documento público y asociación para delinquir.
Pérez fue también acusada por retención de documento público.
Vale destacar que Maurera, quien dijo actuar en representación de una asociación sin fines de lucro, tenía dos meses en contacto con la madre de la bebé, pues le había prometido ayudarla con artículos de primera necesidad para la niña.
Luego de formulada la denuncia del rapto, efectivos del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana realizaron un allanamiento en la casa de Maurera en Puerto Ordaz, donde se incautaron 68 carpetas, entre las que se localizaron medidas de protección alteradas, una de ellas firmada por la fiscal Fermín, la cual avala el falso nacimiento de una niña en un asentamiento campesino del municipio Caroní. Esta solicitud la habría solicitado el chileno.
Por el rapto, Maurera, Barrero y Landeros fueron detenidos el 30 de agosto en la alcabala de La Viuda; mientras que los tres consejeros fueron aprehendidos en el mes de septiembre, en virtud de órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por tribunales de Control de Puerto Ordaz.
La investigación condujo a la aprehensión de la fiscal Fermín el pasado martes 22 de octubre en las adyacencias de la Clínica Puerto Ordaz, en atención a una orden solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 2º de Control de Puerto Ordaz.
25/10/2013
MC
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