Quienes somos de la estepa sabemos que el lugar donde desapareció Santiago Maldonado guarda características, que el escritor Osvaldo Soriano describió como de farwest en sus fábulas sobre el paso del hijo del legendario pistolero Buch Cassidy por la región patagónica. Un clima que por temporadas es frío, seco, duro, de mucho viento, con una vegetación que cuanto mucho alcanza a la altura del pecho en sus distintas variantes.
Con colores grises y horizontes interminables que terminan por dibujar un recoveco del mundo que dan la perfecta sensación de estar en un lugar alejado, perdido e inhóspito del mundo. La alegoría de la Patagonia como un desierto, en el que comunidades alejadas aún tienen como medio de comunicación el envío de mensajes por radio, es una media verdad, pero no alejada de la realidad. Sin embargo, el lugar donde desapareció Santiago es lo que termina de darle sustancia concreta a una región donde lo que abunda es silencio y distancia.
Cushamen, en cierto sentido, es un sinónimo de la historia de esa parte de la meseta de la provincia Chubut, por haber sido fundada después de que el presidente Julio Argentino Roca le diese a elegir al cacique mapuche Nahuelquir un lugar donde instalarse con su comunidad, después de que el fundador moderno de Argentina expandiera las fronteras agrícolas del país hacia el sur con una cruenta Campaña del Desierto, famosamente conocida por haber significado el exterminio de numerosos indígenas más allá de Buenos Aires.
El resto de las tierras "conquistadas" fueron cuidadosamente repartidas entre los terratenientes y la Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de Gran Bretaña, por lo que Cushamen quedó rodeada por una estancia de esta última, que se alimentaba de la mano de obra mapuche asentada en esta pequeña localidad, sutilmente ubicada a un costado de la ruta 40 que cruza de norte a sur toda la geografía argentina, desde la estepa patagónica hasta los cerros rojizos del norte argentino que desembocan en Bolivia.
Santiago Maldonado desapareció justamente en la "ocupación" mapuche llamada Puf Lof en Resistencia de Cushamen, asentada en un fracción de tierras fiscales cercanas a la estancia británica Leleque, que una vez comprada por el magnate textil Benetton fueron incluidas como parte de ella. Es decir, su último dato de vida son los de un joven de visita en uno de los últimos recovecos irresueltos de esta historia de fines de los 1800, que aún al día de hoy continúa desarrollándose.
El operativo y su desaparición
Bastante dice también que el operativo de desalojo de esta "ocupación", donde desapareció Santiago, haya sido coordinado por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad del gobierno de Macri, Pablo Nocetti, junto al encargado de la estancia de los Benetton, Ronald McDonald, y los terratenientes rurales Roberto Jimeno, Julio Crespo Campos y Néstor Becerra, representantes de las patronales agrarias de esta región. Tanto así que hasta los mismos gendarmes encargados del desalojo se quedaron en la estancia de los Benetton por la falta de capacidad de albergarlos en las sedes policiales de esta región.
Por sólidas investigaciones de los periodistas Juan Alonso y Ricardo Ragendorfer, además, se sabe que el jefe del gabinete Nocetti estuvo pegado al teléfono para coordinar este violento operativo, en el que las imágenes difundidas dan muestras de que por sus extralimitaciones se podría haber derivado en la muerte de una de las personas reprimidas. Hipótesis nada desdeñable si se entiende el código de silencio impuesto por el gobierno de Macri para bajarle el tono a la posibilidad de que esa persona haya sido Santiago, en un país cuyas últimas desapariciones se caracterizan por haber sido para encubrir los rastros de la violencia policial.
Sin embargo, el contexto del operativo es lo que lo define por enmarcarse en varias acciones policiales desde principio de año, destinadas a perseguir a la organización mapuche del Puf Lof de Cushamen, bajo la excusa de su pertenencia a un grupo radical extremista conocido como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Organización que es señalada por las comunidades mapuches de la región de haber sido una creación de los organismos de seguridad para justificar la persecución y criminalización en contra de ellas.
El sello de este argot discursivo, además, tiene un sentido en que la política de seguridad del gobierno de Macri se basa en la doctrina de "las nuevas amenazas" planteadas por el Comando Sur. Las cuales apuntan a una militarización de los territorios latinoamericanos como parte de la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y grupos extremistas, entre los que se colocan a los mapuches como parte de una amenaza a la integridad del Estado argentino. Una especie de menú a la carta para la demonización.
La construcción de una amenaza para su uso político
Durante los últimos 60 días, los medios argentinos y el gobierno de Macri han tenido dos estrategias para tratar el tema ante la opinión pública del país: una muy clara para encubrir las responsabilidades de altos personeros del Estado en el hecho, con la inestimable ayuda del primer juez de la causa que evitó seguir las pistas en esa dirección, y otra dirigida a fortalecer la construcción de la amenaza extremista mapuche, relacionada según esta matriz de opinión a grupos de "izquierdas y kirchneristas".
Puede sonar menor esta caricaturización, acorde a la base argumental fundada en la doctrina de las "nuevas amenazas", sin embargo el objetivo claro del gobierno macrista ha sido trazar una línea divisoria respecto a una identidad política y étnica definida. La que recobra el viejo espíritu del enemigo interno que la última dictadura militar argentina utilizó para realizar una cruenta persecución que dejó el saldo de 30 mil desaparecidos y un cambio de amplio calado en el imaginario de la sociedad argentina, a partir del posicionamiento de matrices de opinión muy similares a las usadas con el caso de Maldonado.
Si bien no se puede decir que el gobierno de Macri, representante de la pata civil de esa dictadura, vaya a revivir masivamente estas prácticas, lo cierto es que con el caso de Santiago Maldonado ha apuntado a consolidar el mismo sentido común que hizo que gran parte de la clase media argentina acompañara las políticas de conmoción y pavor de uno de los periodos más sangrientos de la historia argentina.
De esta forma, el uso político de la desaparición de Santiago Maldonado busca, junto a una serie de matrices argumentales en el mismo sentido, consolidar una base social del macrismo, mucho menor al 50%, que le permita avanzar con todas sus políticas arrolladoras de los derechos sociales a través de un esquema de gobernanza basado en el uso sofisticado de la fuerza, muy por fuera de los parámetros de democracia y respeto a las instituciones agitados en el discurso oficial.
Conclusiones de un caso global
La desaparición de Santiago Maldonado arroja luz sobre una situación que escapa, igual, a la búsqueda del macrismo de institucionalizar una realidad como la de Cushamen, en la que para desalentar las ocupaciones de parte de las 940 mil héctareas de Benetton, se utiliza la fuerza para sacar a un pequeño grupo de indígenas de una zona en reclamación, ubicada en un radio rico en recursos naturales.
Para efectos prácticos, en los últimos años el poder político local y nacional se ha subordinado a la realidad de que toda la franja cordillerana que rodea Cushamen sea parte de un mega negocio inmobiliario de alcance global. Entre los participantes de este negocio, se encuentran grandes personajes del mundo corporativo global como Joe Lewis, George Soros y el difunto Douglas Tompkins, propietarios de áreas enteras con bosques nativos, y grandes espejos de agua, como ríos y lagos, totalmente privatizados.
Tanto es así que es normal cruzarse por esta región con historias de vida de personas normales cuyos terrenos familiares, pasados de generación en generación, se ven amenazados por haber sido vendidos a un propietario extranjero, ante el vacío legal de que aún al día de hoy existan tierras sin título de propiedad. En ese sentido, el poder político de facto ha actuado a favor de esta lógica inmobiliaria, con una participación destacable en favorecerla y promoverla como un medio de enriquecimiento en un país signado por la tenencia del 35% del territorio nacional en manos de 1 mil 250 terratenientes, el 0,1% del total poblacional del país, según el periodista Ernesto Hadida.
Esta "normalidad" de la que fue víctima Santiago Maldonado, como miles de mapuches sin cámara ni espacio en los medios, expresa claramente el gobierno de los intereses de los propietarios por fuera del poder político de turno, en una región patagónica también marcada por un comportamiento similar de las mineras, las petroleras e industrias, que en algunos casos amparadas en tratados internacionales de inversión, ni siquiera pagan impuestos en mucho de los municipios que ocupan*.
En esa dirección, el gobierno de Macri lo que viene a fortalecer en esta ecuación es el marco social, cultural y legal de esta forma de apropiación del territorio argentino. Con el claro objetivo de darle la famosa seguridad jurídica que necesita el capital global, representado en los Benetton, para dar un fuerte envión al negocio de compra y venta de tierras en estas áreas. Maldonado, como los mapuches de Cushamen, son cuerpos violados contrarios a esta lógica global que hace del mundo una tierra conquistada y revendida.
*El caso específico señalado se refiere a la productora de aluminio Aluar, ubicada en el extremo opuesto de Cushamen sobre el Océano Atlántico. Otro dato importante de contexto es que esta empresa consume el grueso de la energía generada por una represa eléctrica de la provincia, sin que eso le genere mayores costos, por ser prácticamente subsidada por el Estado.
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