El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) participó en el "I Seminario de Mercosur sobre el Delito de Trata de Personas", realizado en Caracas, en el marco de la primera ronda de encuentros técnicos preparatorios de la XXXIV reunión de Ministros de Interior y Seguridad pertenecientes al Mercado Común del Sur (Mercosur) y la XL Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur y Estados Asociados.
En representación del TSJ intervino su segunda vicepresidenta, la magistrada Deyanira Nieves Bastidas, quien expresó que desde el máximo Tribunal venezolano "se mantienen vigilantes y prestos a contribuir en la erradicación de este delito y de cualquier otro que menoscabe la seguridad de toda persona y sus derechos humanos."
Precisó la Magistrada, quien además es presidenta de la Sala de Casación Penal del alto Juzgado, que el Estado agotará incansablemente los recursos de su poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para erradicar este crimen en el que los victimarios obligan a las personas a realizar acciones en contra de su voluntad; conlleva a someter a las víctimas a la prostitución, al trabajo forzado, a matrimonios obligados, a servidumbre, a la explotación sexual y a prácticas esclavistas de distinta naturaleza.
Este delito que atenta contra los derechos humanos, entre ellos la libertad y la vida, hoy ocupa el tercer lugar en la lista de crímenes transnacionales, solo detrás del tráfico de drogas y el de armas; además manifestó la magistrada Deyanira Nieves Bastidas que los beneficios económicos producto de la proliferación de este crimen en todo el mundo se calcula que anualmente moviliza más de 77 mil 500 millones de dólares.
Poder Judicial y leyes venezolanas combaten el delito
Para combatir este flagelo, recordó que en Venezuela se sanciona de manera ejemplar la comisión del mismo, a través de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.912 del 30 de abril de 2012), cuyo artículo 41 prevé una pena de 20 a 25 años de prisión y como sanción pecuniaria la cancelación de indemnización por los gastos a la víctima para su recuperación y reinserción social; y si la víctima es un niño, niña o adolescente, la pena será de 25 a 30 años de prisión.
Asimismo destacó que el Estado venezolano suscribió el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, el cual fue adoptado en Palermo, Italia, en el año 2000, y que es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrito y ratificado por nuestro país según Gaceta Oficial Nº 37.304 del 16 de octubre de 2001.
Dicho marco legal, expresó la magistrada Deyanira Nieves Bastidas, permite al Poder Judicial, con las garantías procesales del caso, "aplicar el rigor de las sanciones frente a este voraz crimen, que flagela sin compasión la historia de la humanidad"
Estuvieron presentes en el evento, efectuado en un hotel capitalino, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, M/G (Ej.) Miguel Rodríguez Torres; representantes del Sistema de Justicia de Venezuela y del Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios; delegaciones de países que integran el Mercosur, entre otros participantes.
| Mag. Deyanira Nieves. |
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