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Posted: 02 Aug 2017 05:03 PM PDT
Un conjunto de países europeos y americanos activaron esta semana una ofensiva política dirigida a asediar al Gobierno de Venezuela en el plano internacional. Estados Unidos, España y Reino Unido emitieron sendos comunicados "advirtiendo" a sus ciudadanos de no viajar a Venezuela bajo el alegato de una situación de "inseguridad" que no especifican. Estos tres países (que casualmente son los mismos tres que conformaron la alianza bélica que decidió invadir Irak en 2003 burlando las normativas y resoluciones de la ONU) constituyen una especie de vanguardia transnacional para enfilar un ataque coordinado a las instituciones venezolanas. Estados Unidos presiona a los países del continente americano a pronunciarse y ejercer presiones diplomáticas contra Venezuela, y España y Reino Unido hacen lo propio en el ámbito Europeo.
En primer lugar, declararon su condena a la realización de elecciones para la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, hecho que consideran que "socava la democracia". Paradójicamente, la instalación de un ente conformado por delegados electos de todos los municipios y sectores sociales del país y cuyas decisiones no podrán ser objetadas por el presidente de la República, es descrita en el discurso como una deriva dictatorial por parte del propio Presidente Nicolás Maduro.
La estrategia en este sentido consiste en minar la legitimidad de la elección con argumentos relacionados a una posible "manipulación" de los resultados de la elección del domingo 30 de julio, donde participaron más de ocho millones de venezolanos. El presidente de la empresa contratista de máquinas electorales Smartmatic, Antonio Mugica, declaró a los medios de comunicación que la cantidad de votos emitidos en el evento comicial fue inferior a la anunciada por el Consejo Nacional Electoral. Esta declaración sería la base para el despliegue de toda una campaña de descrédito que con la intención de justificar todas las acusaciones y medidas coercitivas tomadas por agentes internacionales contra el proceso venezolano.
Llama la atención esta declaración del CEO de la firma de equipos de votación electrónica, que ha sido la misma utilizada en todas las elecciones venezolanas al menos desde el año 2004, pues esa misma compañía se ha hecho publicidad al declarar que su sistema es el mejor y más seguro del mundo, ya que no existe forma de manipular los datos electorales. También es destacable que la firma no haya hecho ninguna advertencia previa al evento electoral, sino que haya sido tres días después del mismo que se hable de una supuesta "vulnerabilidad" del proceso.
Es posible suponer que se trata de una declaración con fines políticos planificada de forma posterior a los resultados de la votación, ya que se esperaba que el plan de boicot que ejecutaría la oposición venezolana el día de las elecciones, bloqueando calles y usando grupos paramilitares para atacar centros electorales y amedrentar a la población, provocara una escasa participación. A fin de cuentas, esta declaración no ha sido acompañada con la presentación de ningún tipo de datos, es decir, solo se cuenta con la palabra de Antonio Mugica, quien no ofreció a la prensa ningún material donde se pueda verificar lo que dice.
Hasta ahora sigue siendo la palabra de un individuo particular contra la palabra del Consejo Nacional Electoral, institución reconocida internacionalmente como garante de procesos electorales impolutos.
En segundo lugar, los ataques diplomáticos arreciaron el martes 1 de agosto ante la revocatoria del beneficio de casa por cárcel a los políticos Antonio Ledezma y Leopoldo López, medida tomada por el Tribunal Supremo de Justicia debido a que ambos infringieron las condiciones legales de su arresto domiciliario, que les prohibían emitir declaraciones políticas y hacer llamados a la insurrección contra la República. Esta situación provocó declaraciones mediáticas de varios gobiernos europeos y americanos, que se suman a las condenas relacionadas con la Constituyente.
Además, el Departamento del Tesoro norteamericano incluyó al presidente Nicolás Maduro en una lista de personalidades sujetas a sanciones económicas personales, donde ya había sido incluida una serie de funcionarios venezolanos acusados de promover las elecciones en su país. Estas medidas, que implican congelación de eventuales cuentas bancarias de estas personas en dichos países, serían replicadas por los gobiernos de Colombia y Panamá. Cabe destacar en este punto que hasta ahora no se ha demostrado que ninguno de los funcionarios sancionados posea bienes en ninguno de los países que emitieron tales medidas, por lo que se trataría de condenas más bien políticas que de otro orden.
Voceros del Gobierno de Donald Trump, así como el grupo de senadores republicanos dedicados a intervenir en los asuntos de Venezuela, liderados por Marco Rubio, han amenazado con unas eventuales sanciones de Washington dirigidas a la empresa petrolera venezolana Pdvsa. Estas medidas incluirían en cese de las compras de petróleo de Estados Unidos a Venezuela, que le suministra el 14% de sus compras internacionales. Asimismo, se habla de un posible bloqueo al país suramericano que impediría que empresas norteamericanas mantengan negocios con el Gobierno venezolano. Sin embargo, esta información se ha mantenido en el plano extraoficial.
A lo interno del país, luego de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, realizada el domingo 30 de julio con una masiva participación, la oposición política aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática muestra un serio debilitamiento en su capacidad de convocatoria pública y muy poca claridad en la estrategia política a seguir. Todo parece indicar que los opositores apostaban al fracaso de la convocatoria electoral para continuar su estrategia discursiva de deslegitimación del Gobierno Bolivariano y aumentar la presión social sobre el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, los resultados de la elección constituyente no hicieron sino fortalecer al Gobierno al demostrar una amplia movilización del pueblo en la calle el día de la votación.
La oposición convocó a una marcha "hacia el centro de Caracas" para el día miércoles 2 de agosto, pero un día antes cambiaron la seña de la convocatoria para anunciar que tal movilización se realizaría el día jueves 3. Así mismo, medios de comunicación filtraron reportes de las discusiones internas que han mantenido los dirigentes de los distintos partidos de la MUD en torno a cuál sería el camino a seguir a partir de ahora. Henry Ramos Allup, de Acción Democrática trata de imponer entre los opositores la necesidad de inscribirse y participar en las elecciones de gobernadores pautadas para el 10 de diciembre próximo. Mientras, Freddy Guevara, de Voluntad Popular, insiste en mantener una agenda de calle que cada vez cuenta con menos receptividad entre la población opositora.
Todo parece indicar que la avanzada política que busca derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro se concentrará en la conformación de un cerco internacional contra Venezuela, con la acumulación de medidas diplomáticas y de orden económico que generen conflicto y desestabilización interna. La fase de violencia callejera y sabotaje institucional protagonizada por los actores políticos opositores venezolanos se muestra completamente desgastada, luego de cuatro meses de caos que no lograron quebrar la sólida unidad de la Fuerza Armada y las instituciones estatales en torno al Gobierno Bolivariano.
Agosto de 2017.
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Posted: 02 Aug 2017 05:00 PM PDT
El domingo 30 de julio se realizó en Venezuela un proceso electoral para elegir 545 miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, que tendrá la tarea de renovar el marco jurídico del país y redactar una nueva Constitución. Este proceso fue convocado por el presidente Nicolás Maduro en el marco de una crisis política generada por la escalada de violencia que desató la oposición desde el 1 de abril de 2017, que le ha dejado al país un saldo de más de 130 personas fallecidas y más de un millar de heridos a causa de acciones terroristas y manifestaciones violentas.
En dicho proceso electoral participaron 8 millones 89 mil 320 votantes, lo que representa el 41,53% del registro electoral, que cuenta con 19 millones de personas habilitadas para votar. Cabe destacar que, aunque el proceso estuvo abierto para que se inscribieran como candidatos todas las personas que quisieran participar, por iniciativa propia o a través de grupos de electores, la dirigencia de la principal coalición de partidos de oposición decidió no inscribir ningún candidato, como medida de presión para intentar detener el proceso electoral. Sin embargo, participaron candidatos de todas las adscripciones políticas, ya que la convocatoria no fue hecha a partidos políticos sino a la ciudadanía en general.
No obstante, algunos gobiernos, impulsados por el llamado hecho por la Casa Blanca, han manifestado su intención de "no reconocer" los resultados del proceso electoral venezolano. Califican tal elección de "ilegítima", aun cuando se cumplieron todos los pasos establecidos en la legislación electoral interna de Venezuela. Llama la atención que, siendo público y notorio el hecho de que este proceso contó con un alto nivel de participación popular, voceros internacionales mantengan que la supuesta ilegitimidad de dicho evento electoral se basa en que una "mayoría" de la población no estaba de acuerdo con realizar el evento.
Pero, una vez consumado el hecho, es posible realizar algunas comparaciones en términos de participación electoral entre la votación por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y otros procesos eleccionarios de esos países que hoy se niegan a reconocer la expresión democrática del país suramericano.
· La participación de 8 millones 89 mil 320 electores venezolanos representa el 41,53% del registro electoral. Un dato bastante alto respecto a los niveles de participación que muestran otras democracias de la región.
· Por ejemplo, en la elección presidencial de Colombia de 2014, Juan Manuel Santos fue electo con 7 millones 816 mil 987 votos, lo que representa el 24% del registro electoral de su país. Vale destacar que Colombia cuenta con más de 30 millones de electores habilitados y más de 47 millones de habitantes, sin embargo la votación por la Constituyente de Venezuela duplica el porcentaje de votos obtenido por Santos e incluso supera la cantidad de votos en términos absolutos.
· En las elecciones presidenciales de México y Argentina, en 2012 y 2015 respectivamente, los candidatos electos obtuvieron solo el apoyo de 24% del electorado de sus países. Sin embargo, en ninguno de los casos hubo cuestionamiento alguno acerca de la legitimidad de sus investiduras.
· El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski , fue apoyado por el 38% del electorado.
· Horacio Cartes, de Paraguay, solo obtuvo el 31% de apoyo.
· Jimmy Morales, de Guatemala, fue electo con venia de 32% de los electores de su país
· En Panamá, Juan Carlos Varela logró la aprobación de 29% de los votantes inscritos.
· El Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández solo contó con el respaldo de 21% de los habilitados para sufragar.
· En el caso de Estados Unidos, en la elección de 2016 Donald Trump resultó electo con el apoyo de alrededor de 26% de los votantes habilitados. Y es importante destacar que, debido al sistema de votación de segundo grado que rige en ese país, el presidente actual ejerce sus funciones sin cuestionamiento alguno de la comunidad internacional aun cuando obtuvo menos cantidad de votos, que su rival; Hillary Clinton.
· En el referendo para aprobar el acuerdo de paz de Colombia, la participación del electorado fue de 37,43%, muy por debajo de la participación lograda por el proceso venezolano. Además, la opción del "No" obtuvo el apoyo de poco más de 6 millones 400 mil votantes, sobre una población electoral de casi 35 millones de electores. Sin embargo esa opción se impuso y ningún país del mundo cuestionó tales resultados.
Estos datos demuestran que quienes cuestionan la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela no tienen ni la autoridad ni la legitimidad para hacerlo, ya que es incuestionable que el proceso venezolano supera en participación popular a cualquier proceso electoral en muchas naciones.
Así mismo, es importante recordar que la elección constituyente no solo fue un fenómeno en términos de votación, sino que mostró cifras impresionantes en cuanto a la inscripción de candidaturas y también en la cantidad de personas que formalmente participaron como postulados.
El Consejo Nacional Electoral registró más de 52 mil postulaciones en primera instancia para participar como candidatos. Luego del proceso de formalización de candidaturas, donde los postulados debían completar los requisitos de ley, la lista definitiva de quienes compitieron por ocupar uno de las 545 sillas de la Asamblea Constituyente fue de 6 mil 120 candidatos. Estas cifras demuestran la enorme voluntad política que despertó en la población la convocatoria realizada por el presidente Nicolás Maduro.
De todo esto puede concluirse que las declaraciones de rechazo o cuestionamiento hacia la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela corresponden más a intereses netamente políticos, dirigidos a atacar el sistema democrático venezolano y tratar de debilitar al Gobierno Bolivariano, que a consideraciones sólidas sobre la legitimidad del proceso.
Las elecciones en Venezuela siguen dando el ejemplo al mundo de participación democrática.
Agosto de 2017.
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Posted: 02 Aug 2017 04:37 PM PDT
Frente a violentas amenazas y sobre las más duras presiones, el pueblo de Venezuela votó el domingo 30 de julio para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de cuatro meses de tensiones, en los que el terrorismo impulsado por los agentes políticos de la oposición y el asedio de gobiernos y organizaciones extranjeras pretendían ahorcar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, el lunes 31 de julio éste amaneció políticamente fortalecido, al haber logrado una votación de más de 8 millones de venezolanos que avalan la constitución de un foro político amplio, con la intención principal de lograr establecer un ambiente de paz en el país.
La oposición decidió el 1 de abril de 2017 iniciar una escalada de violencia que incluyó la muerte de más de 140 venezolanos y más de un millar de heridos, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Le aseguraron al país y al mundo que, mediante sus "acciones de calle", que incluyeron ataques a edificios estatales y residenciales, incendio de vehículos, hospitales y escuelas, asesinatos selectivos, atentados con bombas, persecuciones fascistas a ciudadanos por razones políticas, el sitio de urbanizaciones enteras donde se les prohibía por la fuerza a las personas salir de sus casas, y hasta la quema de más de 30 seres humanos, ellos lograrían derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro. Aseguraron que la mayoría del pueblo venezolano los acompañaba en su campaña de terror político y que todo lo descrito anteriormente significaba una "rebelión" de la ciudadanía contra lo que ellos consideran un gobierno dictatorial.
El gobierno de Estados Unidos emitió todo tipo de amenazas contra Venezuela. Emitió una serie de comunicados y mensajes mediáticos dirigidos a amedrentar a las autoridades venezolanas para que desistiera de la convocatoria a elecciones populares para conformar la asamblea constituyente. Estableció sanciones económicas personales contra funcionarios civiles y militares del Estado venezolano, incluyendo a la presidenta del Poder Electoral, lo que constituyó un hecho insólito, ya que se trata de la primera sanción basada en la convocatoria a unas elecciones. Otros gobiernos hemisféricos sucumbieron a la agresiva presión de Washington y replicaron la emisión de sanciones contra los mismos ciudadanos venezolanos, sanciones que se refieren al congelamiento de cuentas bancarias de estas personas en dicho países, en un intento de hacer ver que se trataría de dinero proveniente de prácticas de corrupción. Pero hasta el día de hoy tales sanciones no se han hecho efectivas ya que no se ha demostrado que ninguna de estas personas posea tales cuentas en esos lugares. Asimismo, en los días previos a la elección constituyente, aerolíneas internacionales comenzaron a suspender vuelos desde y hacia Venezuela, como parte de las medidas de presión contra el país.
Por último, la Casa Blanca le dio un ultimátum a Venezuela: o se suspendía la elección de la Asamblea Constituyente, o Washington iniciaría una serie de "fuertes y rápidas" medidas de castigo que incluirían el bloqueo económico y la suspensión de compras de petróleo a PDVSA, la petrolera propiedad del Estado venezolano, que le suministra el 14% del crudo que consume Estados Unidos.
Pues bien, la jornada del 30 de julio demostró que los venezolanos no están dispuestos a permitir que gobiernos extranjeros les digan qué es lo que deben o no hacer. También demostró que, aunque la crisis económica ha golpeado duramente a las familias, estas prefieren las soluciones democráticas y políticas y rechazan contundentemente la apelación a la violencia y la muerte.
El pueblo venezolano se rebeló. Y se rebeló contra una élite de agentes políticos, representantes de la oligarquía venezolana y de los intereses de las compañías trasnacionales que persiguen los recursos naturales de Venezuela. Los venezolanos se rebelaron contra la soberbia de una dirigencia opositora que demostró su disposición a destruir el país con la única intención de recuperar el poder político. Los venezolanos dijeron mediante el voto: ¡Basta de caos y muerte!
Durante la jornada electoral, se vivieron episodios de verdadero heroísmo democrático. Mientras la oposición convocó a sus seguidores a bloquear las calles en todo el país para impedir el voto, se pudo ver cómo las personas sortearon las barricadas y los incendios para llegar hasta los centros de votación. Incluso quedaron registradas escenas de grupos de ciudadanos cruzando a pie un río para poder votar, ya que las vías convencionales estaban bloqueadas por militantes opositores.
En Caracas se habilitó un centro electoral de contingencia, donde ejercieron su derecho miles de venezolanos residentes en las zonas de clase media de la capital, donde no se pudieron instalar los centros electorales habituales debido al boicot de la oposición, que controla las alcaldías de los municipios del este de la ciudad. Los testimonios de quienes allí votaron daban cuenta de la estrategia de terror a la que estuvieron sometidos. Hombres y mujeres manifestaron que acudieron a votar en este centro electoral de emergencia, ya que no podrían hacerlo en sus zonas residenciales por temor a posibles represalias de sus propios vecinos, que poseídos por el discurso del odio de los dirigentes opositores habían amenazado a todo aquél que tuviera intenciones de ejercer su voto.
Cuando los medios de comunicación interrogaban a los votantes acerca de las razones por las que habían decidido participar, la respuesta más repetida se refería al deseo de paz, de acabar con todo el ambiente de violencia y destrucción al que l sociedad venezolana ha estado sometida durante los últimos meses. Las personas afirmaron tener la confianza de que con su voto contribuían a detener la barbarie. Se trató en muchos casos de un voto castigo a los partidos y dirigentes de la oposición, un mensaje claro de hastío ante la pretensión de establecer la guerra como mecanismo para acceder al poder. Muchos afirmaron que su voto significaba la convicción de que no permitirían que quienes sembraron el terror en las calles del país llegaran a gobernar el destino de la nación.
La elección de la Asamblea Nacional Constituyente demostró dos cosas. Por un lado, que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, que aglutina las fuerzas políticas del chavismo, logró recuperar la confianza y la voluntad política del pueblo, aún luego de una muy fuerte crisis económica que consiguió deprimir el ambiente político y propició la llegada de las fuerzas opositoras al control del Parlamento en 2015. Y en segundo lugar, demostró también que dentro de los venezolanos vive un espíritu bravío y levantisco. Que ni la presión de ninguna fuerza imperial, ni las amenazas de ninguna oligarquía pueden arredrar al pueblo venezolano en su decisión de ser libre, de vivir en paz y de decidir por sí mismo la forma en que se resolverán los asuntos políticos y la vida de la nación.
Agosto de 2017.
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Posted: 02 Aug 2017 04:27 PM PDT
Los venezolanos, el pueblo chavista y el pueblo no chavista pero que estaba harto de tanto caos y tanta violencia desatada por la posición, salió el domingo 30 de julio a votar por la Asamblea nacional Constituyente. Esos más de ocho millones de votos, además de ser efectivos para elegir a los constituyentes que redactarán una nueva Carta Magna para el país, significaron ocho millones de manifestaciones firmes del deseo de paz que tenemos todos los venezolanos.
Fueron ocho millones de votos de confianza en que el Gobierno Bolivariano y la Asamblea Nacional Constituyente tomarán las acciones necesarias para detener la escalada de violencia, caos y terrorismo fascista que nos ha azotado a todos los venezolanos. Así deben ser leídos los resultados de la elección del domingo.
El Presidente llamó a todos quienes estuvieran comprometidos con la estabilidad, la paz y la continuidad del proceso revolucionario bolivariano, a participar y expresar su voluntad política en las urnas. Y el pueblo con creces respondió a ese llamado y depositó con su voto su confianza en el Gobierno y en la voluntad de avanzar y superar la crisis. Ahora, todos los que votamos y elegimos a nuestros constituyentes, todos quienes pasamos por encima a la campaña de descrédito y de terrorismo contra el proceso electoral y además superamos amenazas y asedios de quienes se proponían derrocar al Gobierno mediante el ultraje continuado a sus conciudadanos, esperamos la correspondencia e nuestro compromiso.
Durante la campaña electoral, y desde el mismo momento que el presidente Nicolás Maduro convocó al proceso constituyente, la oferta que se le hizo al pueblo fue que se acabaría la impunidad frente a los delitos de odio y los delitos contra la vida y la paz de la población. Fue una oferta de justicia que fue realizada bajo la forma de la constitución de una Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reparación de las Víctimas. Esa comisión deberá determinar las responsabilidades de todos quienes ordenaron y ejecutaron la escalda de violencia que cobró la vida de más de 130 venezolanos y dejó un millar de heridos Además, se debe dar con los culpables del asedio, secuestro y destrucción de vecindarios enteros. Los culpables de provocar que venezolanos hayan quemados vivos a otros venezolanos deben pagar por su delito. Justicia es el compromiso asumido por los dirigentes revolucionarios con el pueblo de Venezuela.
Así mismo, existe el compromiso de acabar con las mafias de la producción, importación y distribución de alimentos y productos básicos, así como con las mafias del bachaqueo y la especulación.
El pueblo le dio toda su confianza al Gobierno y a la Constituyente. Confianza que se transforma en el compromiso político de avanzar, de la manera más amplia, hacia la paz, la justicia y la estabilización económica. Ahora es el momento de demostrarle a Venezuela lo que es un verdadero liderazgo político y lo que es saber responder a la voluntad y la valentía de un pueblo.
Publicado en Ciudad CCS el 2/8/2017.
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