Cifras oficiales ponen en evidencia la tragedia producto del crimen organizado en la nación azteca
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, 2017
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En México, desde que el expresidente Felipe Calderón decretó en 2006 la llamada guerra contra el narcotráfico, hasta el pasado 30 de abril se han contabilizado oficialmente un total de 32 mil 218 personas desaparecidas, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, refieren medios locales.
Tan solo durante los primeros cuatro meses de 2017, se añadieron mil 276 nuevos casos de personas desaparecidas o no localizadas por sus familiares, una cifra que pone en evidencia la tragedia en materia de inseguridad producido por el accionar del crimen organizado que domina actualmente amplios territorios de la nación azteca y cuyas consecuencias cada día se agravan cada vez más.
Las entidades federativas de Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa concentran poco más de la mitad de los casos que han sido denunciados ante autoridades locales.
Mientras que los estados de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas agrupan la mayor parte de las carpetas de investigación por personas desaparecidas, que han sido iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Debido a que no existe claridad ni certeza sobre los motivos que causaron la desaparición de estas 32 mil 218 personas en México, se podrían estar considerando a migrantes extranjeros, individuos que han perdido la vida o hasta personas que han salido de su hogar de manera voluntaria.
Sin ley y sin gobierno
Al cuadro anterior se le suma que en ese país no se ha aprobado la ley de desaparición de personas para garantizar las búsquedas del Estado y que reposa en el Parlamento.
Los colectivos de familias que buscan a los suyos y organizaciones de la sociedad civil critican que la norma no haya sido aprobada en el Congreso, por no ser una prioridad para los legisladores ni para el Gobierno mexicano.
“Hemos ido a las mesas de trabajo en el Senado a exponer nuestra lucha, nos han escuchado, pero nos engañan porque no se contempla lo que nosotros pedimos y se va retardando todo”, dijo Mario Vergara, miembro de Los Otros Desaparecidos de Iguala.
La ley contempla la creación de un registro nacional de desaparecidos que depure el actual que sitúa en cerca de 31.000 las personas sin paradero conocido.
En febrero de 2015, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU mostró su preocupación por lo ocurrido en México en materia de derechos humanos al señalar que las desapariciones forzadas —donde intervienen servidores públicos— son generalizadas en el país.
En septiembre de ese año varios colectivos entregaron al Senado una propuesta de ley que buscaba prevenir esta violación, facilitar la localización de personas desaparecidas y garantizar la reparación integral a las víctimas.
La presión internacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014 y las observaciones de la ONU llevaron a que el actual presidente Enrique Peña Nieto también enviara una propuesta en materia de desaparición de personas a finales de 2015.
Desde entonces, cuatro comisiones del Senado han trabajado con estas iniciativas y con otras que se habían presentado previamente, a fin de elaborar un dictamen en la materia, el cual aún no ha sido dado a conocer a la opinión pública.
Ciudad CCS
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